Mientras están paralizados los juicios contra la policía por la brutalidad desplegada durante la represión de las manifestaciones contra la cumbre del G-8 en Génova en 2001 los procesos contra los manifestantes siguen. 13 personas acusadas de «subvertir violentamente el ordenamiento económico» pueden ser condenadas, en breve, hasta a 15 años de prisión. A finales […]
Mientras están paralizados los juicios contra la policía por la brutalidad desplegada durante la represión de las manifestaciones contra la cumbre del G-8 en Génova en 2001 los procesos contra los manifestantes siguen. 13 personas acusadas de «subvertir violentamente el ordenamiento económico» pueden ser condenadas, en breve, hasta a 15 años de prisión.
A finales de enero se prevé que quede visto para sentencia el macrojuicio que se está desarrollando en Italia contra la Red del Sur Rebelde, en el que 13 personas son acusadas de formar una»asociación subversiva». Esta red formada por distintos grupos y centros sociales del sur de Italia nació para organizar las protestas contra la cumbre de la OCDE celebrada en Nápoles entre el 15 y el 17 marzo de 2001. Además coordinó, junto con ‘le Tute Bianche’, sectores de Giovani Comunisti y otros grupos, la célebre marcha de la desobediencia civil por la vía Tolemaide, durante los bloqueos contra la cumbre del G-8 de Génova en julio del mismo año. De la unión posterior entre estos espacios, nació el Movimiento de los y las Desobedientes italianas.
Sin embargo, para la fiscalía italiana, la Red del Sur Rebelde es una «asociación ilícita adherida en torno al objetivo de perturbar el ejercicio de las funciones del Gobierno italiano, subvertir violentamente el ordenamiento económico constituido en nuestro Estado, suprimir la globalización de los mercados económicos y alterar el ordenamiento del mercado de trabajo».
Este tipo penal -asociación subversiva- forma parte de las leyes especiales antiterroristas italianas dictadas, en su mayoría, a finales de los ’70 para responder a las protestas sociales y más concretamente al llamado ‘movimiento del ’77’, y que fue una de las principales herramientas represivas durante los llamados ‘años de plomo’. Los acusados se enfrentan, por tanto, a condenas que pueden oscilar entre los 12 y los 15 años de prisión. Para sostener su particular reconstrucción de los hechos, la fiscalía no ha podido presentar ningún testimonio directo, pero ha contado con multitud de horas de grabaciones, tanto de ‘pinchazos’ telefónicos como ambientales, e interceptaciones de correos electrónicos. La investigación policial incluyó también seguimientos, y aportó fotos y filmaciones de los activistas de la Red del Sur Rebelde.
El material recopilado por los servicios de información de la policía y los carabinieri responde a la supuesta investigación de pequeños sabotajes ocurridos a principios del año 2000, reivindicados por unos enigmáticos ‘Núcleos de Iniciativa Proletaria y Revolucionaria’, con discurso y simbología de los ’70 y, según los activistas, sin ninguna relación con la Red del Sur Rebelde. Como resultado de la investigación, el 15 de noviembre de 2002, fueron arrestados y encarcelados preventivamente18 activistas por orden de la fiscalía de Cosenza. Cinco más fueron sometidos a arresto domiciliario. En esa fase de la instrucción hasta 41 personas fueron investigadas.
Al día siguiente de las detenciones se convocaron actividades de solidaridad en toda Italia, y el 23 de noviembre cerca de 100.000 personas salieron en manifestación por las calles de Cosenza. A consecuencia de la presión pública, el 2 de diciembre de 2002 todos los detenidos quedaron en libertad, en base a una sentencia que echó por tierra buena parte de las tesis de la fiscalía. Ésta, sin embargo, no se rindió. En el verano del año siguiente, inició nuevos procedimientos intentando, además, extender las acusaciones al conjunto del Movimiento de los y las Desobedientes, aunque sin éxito. Finalmente, en abril de 2004, la fiscalía concluyó la fase de instrucción con la decisión de llevar a juicio a 13 personas y archivar las acusaciones contra el resto. Un mes más tarde comenzó la vista oral, cuyas sesiones se han ido sucediendo hasta este invierno.
La sentencia, si no hay sorpresas, se hará pública el 31 de enero. Ya ha sido convocada una jornada estatal de movilización en Italia para el 2 de febrero. Están también previstas acciones de apoyo en otros lugares de Europa y del mundo.