En 2010, recordaba Enric Llopis [1], el Estado Plurinacional de Bolivia presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de que se reconocieran como derechos humanos los servicios básicos de agua potable y saneamiento. La propuesta del gobierno boliviano se aprobó. Pero no fue ni es suficiente. Como en tantas otras situaciones, hay […]
En 2010, recordaba Enric Llopis [1], el Estado Plurinacional de Bolivia presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de que se reconocieran como derechos humanos los servicios básicos de agua potable y saneamiento. La propuesta del gobierno boliviano se aprobó.
Pero no fue ni es suficiente. Como en tantas otras situaciones, hay que seguir batallando para que las nuevas conquistas humanas y civilizatorias tengan su plasmación concreta y efectiva en leyes y normativas, en prohibiciones de mercantilización insaciable, en defensas ciudadanas ante peligros que acechan la existencia de esos derechos y decretos que los desnaturalizan. Hay que plasmar en la realidad lo que es justo y razonable, hay que seguir combatiendo por lo que es evidente y necesario para la gran mayoría de seres humanos. No es éste, por supuesto, el único caso de acoso e intento de derribo al que nos enfrentamos.
El preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos [2] contiene un conjunto de reflexiones que conviene recordar: «considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana […] considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad». Por estas y otras consideraciones, la Asamblea General de la ONU proclamó hace 64 años, en un día histórico, la Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones «promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción».
Como es sabido, como está hoy en la mente y en el corazón de muchos ciudadanos y pueblos, en la Declaración se recogen artículos como los siguientes: «todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona» y «nadie será sometido a torturas» ni tampoco a «penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes». En el artículo 22, por ejemplo, se afirma que toda persona «tiene derecho a la seguridad social y a… la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad».
No sólo eso. En el 23, se afirma que «toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo». En el apartados 2 y 3 de este mismo artículo se señala que «toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual» y, además, que todos los trabajadores y trabajadoras tienen «derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social».
Por supuesto, se sostiene en el 24, toda persona «tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas». En el siguiente, el 25, se añade que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad». La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales y todos los niños y niñas, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
En el 26 se habla de educación: «Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos». La educación tendrá como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
El artículo 30 remata la declaración. Se afirma en él algo esencial: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración» [la cursiva es nuestra]
Pues bien, sin exageración, ya hoy en muchos países del mundo, también aquí y en la Unión Europea, desde luego, este último artículo es vulnerado sistemáticamente por gobiernos serviles que incumplen la función para la que fueron elegidos de gestionar y defender los bienes públicos, los bienes de todos. Son gobiernos que obran al servicio de grandes grupos empresariales -y también de personas individuales- que los dirigen en la sombra. Son una ínfima minoría de ciudadanos, ese privilegiado 1% del que a veces hablamos, que realizan sistemáticamente actos y ejercen presiones, muchas veces ilegales y casi siempre inmorales, tendentes a la supresión de los derechos y libertades proclamados en la Declaración. Combaten contra todos nosotros, contra nuestros derechos, contra la Humanidad.
En el preámbulo de la declaración también se inscribe algo que nos parece muy pertinente y de extraordinaria vigencia: se considera esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de que los seres humanos no nos veamos compelidos «al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».
Pues bien: nosotros pensamos que hemos llegado ya a esta situación. Es tiempo de rebeldía, de lucha cívica, de lucha contra la tiranía y la opresión. Es tiempo de acuerdos amplios, de organización ciudadana de los que Somos Mayoría, de olvidar diferencias no esenciales, de poner el acento en nuestros numerosos puntos de unión, de combatir tenazmente por estos derechos de todas y todos que tan imprescindibles resultan para avanzar en la conquista de un mundo más justo, más humano, más libre y más sostenible.
En eso estamos, en eso debemos proseguir. Hoy es un buen día para recordarlo. No olvidarlo, y obrar en consecuencia, es un excelente plan de trabajo y de vida para todos los días de la semana, del mes y del año. Puede ser el programa humanista de nuestra hora.
Notas:
[1] Enric Llopis, «Sindicatos y colectivos sociales se movilizan en Europa por el derecho al agua» http://www.rebelion.org/noticia.php?id=160389
[2] http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml
Salvador López Arnal y Víctor Ríos son miembros del Frente Cívico Somos Mayoría
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