Arabia Saudita debe implementar reformas del sistema laboral, la inmigración y la justicia penal para proteger a las trabajadoras domésticas de los graves abusos contra los derechos humanos que en algunos casos constituyen situaciones de esclavitud, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Con frecuencia, los empleadores no reciben ningún castigo por cometer […]
Arabia Saudita debe implementar reformas del sistema laboral, la inmigración y la justicia penal para proteger a las trabajadoras domésticas de los graves abusos contra los derechos humanos que en algunos casos constituyen situaciones de esclavitud, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Con frecuencia, los empleadores no reciben ningún castigo por cometer abusos que incluyen meses o años de no pagar salarios, confinamiento forzado y violencia física y sexual, mientras que algunas trabajadoras domésticas se enfrentan al encarcelamiento o azotes por acusaciones espurias de robo, adulterio o «brujería».
El informe de 133 páginas, «‘Como si no fuera un ser humano’: Abusos contra trabajadoras domésticas asiáticas en Arabia Saudita» (As If I Am Not Human: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia) culmina dos años de investigación y está basado en 142 entrevistas con trabajadoras domésticas, funcionarios superiores de gobierno y reclutadores de trabajadoras en Arabia Saudita y en los países de origen de la mano de obra.
«En el mejor de los casos, las mujeres migrantes en Arabia Saudita disfrutan de buenas condiciones de trabajo y empleadores benevolentes, y en el peor de los casos las tratan prácticamente como esclavas. La mayoría se encuentran en medio de estos dos extremos», señaló Nisha Varia, investigadora superior de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. «El gobierno saudí debe extender las protecciones del derecho laboral a las trabajadoras domésticas y reformar el sistema de patrocinio de visas, para que las mujeres desesperadas por ganar dinero para sus familias no tenga que jugarse la vida», agregó.
Se estima que los hogares saudíes emplean 1.5 millones de trabajadoras domésticas, principalmente de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal. Una cantidad menor procede de otros países de África y Asia. Aunque no existen estadísticas fiables sobre el número exacto de casos de maltrato, cada año, el Ministerio de Asuntos Sociales saudí y las embajadas de los países de origen de la mano de obra acogen a miles de trabajadoras domésticas con quejas contra sus empleadores o las agencias de contratación.
El exceso de trabajo y salarios no pagados, durante períodos que van desde unos cuantos meses a diez años, son algunas de las quejas más habituales. La Ley de Trabajo del Reino excluye a las trabajadoras domésticas, negándoles derechos garantizados para otros trabajadores, como un día de descanso semanal y el pago de las horas extraordinarias. Muchas trabajadoras domésticas tienen que trabajar 18 horas al día y siete días a la semana.
El restrictivo sistema de kafala (patrocinio) vincula las visas de las trabajadores migrantes con sus empleadores, lo que significa que los empleadores pueden negarles la posibilidad de cambiar de empleo o salir del país. Human Rights Watch entrevistó a docenas de mujeres que dijeron que sus empleadores las obligaron a trabajar contra su voluntad durante meses o años. Los empleadores retienen con frecuencia los pasaportes y encierran a las trabajadoras en la casa, lo que aumenta la situación de aislamiento y el riesgo de abuso psicológico, físico y sexual. Después de entrevistar a 86 trabajadoras domésticas, Human Rights Watch concluyó que 36 de ellas habían sufrido abusos que constituían trabajo forzoso, tráfico o condiciones similares a la esclavitud.
«El gobierno saudí tiene algunas buenas propuestas de reforma, pero lleva años considerándolas sin adoptar ninguna medida», señaló Varia. «Ha llegado el momento de adoptar dichos cambios, lo que incluye que las trabajadoras domésticas disfruten de las garantías de la Ley del Trabajo de 2005 y cambiar el sistema de kafala para que las visas de las trabajadoras dejen de estar vinculadas a sus empleadores», agregó .
El Ministerio de Asuntos Sociales saudí administra, en cooperación con la policía, un centro de acogida en Riad para ayudar a las trabajadoras domésticas a reclamar sus salarios y regresar a casa. Sin embargo, en muchos casos, el personal del centro negoció acuerdos salariales injustos entre empleadores y empleadas que, con frecuencia, dejaron a las trabajadoras con las manos vacías al tener que renunciar a los salarios atrasados para que sus empleadores les permitieran salir del país.
Las investigaciones y los procesos penales deficientes, que suelen prolongarse durante años, conllevan que el sistema de justicia penal raramente sancione a los empleadores abusivos. Por ejemplo, después de tres años de procesos, un tribunal de Riad retiró los cargos contra el empleador de Nour Miyati, a pesar de la confesión de éste, las amplias pruebas médicas y el intenso escrutinio público. A Nour Miyati, trabajadora doméstica indonesia, tuvieron que amputarle los dedos de las manos y de los pies como consecuencia de la privación de alimento y las palizas diarias propiciadas por sus empleadores.
Human Rights Watch señaló que las trabajadoras domésticas, en lugar de ver a sus maltratadores ser llevados ante la justicia, lo más probable es que se enfrenten a contra-acusaciones por cargos de brujería, robo o adulterio. Y en dichos casos, las trabajadoras domésticas suelen sufrir graves retrasos en el acceso a intérpretes, asistencia legal o consular, o se les niega la ayuda.
Las sanciones son duras. En una muestra de casos examinados por Human Rights Watch, las penas por «brujería» o delitos «morales» como el adulterio o estar en presencia de hombres no pertenecientes a la familia incluyeron hasta 10 años de prisión y entre 60 y 490 latigazos. Las trabajadoras domésticas que resultan embarazadas como consecuencia de una violación también se enfrentan al enjuiciamiento si no pueden cumplir con las estrictas normas probatorias para demostrar el abuso.
«Muchas de las mujeres con las que hablé no presentaron denuncias por miedo a recibir contra-acusaciones», señaló Varia. «En otros casos, retiraron los cargos contra sus maltratadores, incluso cuando su caso estaba bien fundamentado, porque de otra manera tendrían que permanecer hacinadas en un centro de acogida durante años, lejos de sus familias y sin poder trabajar, y con muy pocas posibilidades de obtener finalmente justicia», agregó.
En ausencia de eficaces mecanismos locales de resarcimiento, las misiones diplomáticas de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal desempeñan con frecuencia un papel esencial en ofrecer refugio, ayuda legal y asistencia a las trabajadoras que tienen reclamaciones salariales o causas judiciales. La demanda de servicios a las embajadas supera con creces sus recursos, y muchas trabajadoras domésticas se quejan de los largos períodos de espera con muy poca información sobre sus procesos y, en el caso de Indonesia y Sri Lanka, del hacinamiento en centros insalubres.
Human Rights Watch instó al gobierno de Arabia Saudita a que investigue y sancione a los empleadores abusivos y proteja a las trabajadoras domésticas de las acusaciones espurias en represalia. También instó a Arabia Saudita a que coopere más eficazmente con los países de origen de la mano de obra para monitorear las condiciones de empleo de las trabajadoras domésticas, facilitar los rescates, garantizar la recuperación de los salarios no pagados, crear centros de acogida para supervivientes del abuso con servicios integrales de asistencia y organizar la repatriación puntual. Tanto el gobierno de Arabia Saudita como los gobiernos de los países de origen de la mano de obra deben también establecer mecanismos para el control riguroso y periódico de las agencias de empleo y las prácticas de contratación.
Más de ocho millones de inmigrantes trabajan en Arabia Saudita, lo que constituye aproximadamente un tercio de su población. Cubren vacíos fundamentales en los sectores de la salud, la construcción y el servicio doméstico, y apoyan las economías de sus países de origen, a los que enviaron 15,600 millones de dólares en 2006, alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto de Arabia Saudita.
Declaraciones seleccionadas del informe:
«Mi empleadora no me dejó volver a Indonesia durante seis años y ocho meses…. Nunca recibí mi salario, ni siquiera un rial… Mi empleadora nunca se enfadó conmigo, nunca me pegó. Pero me prohibió que regresara a Indonesia».
– Siti Mujiati W., trabajadora doméstica indonesia, Jedda, 11 de diciembre de 2006
«Después de un tiempo, el empleador empezó a mostrarme cierto afecto. Me llamó a su habitación. Me dijo: ‘Quiero contarte cómo te traje de la agencia’. Me dijo: ‘Te compré por 10,000 riales’…El empleador me violó muchas veces… Le conté todo a la señora… Toda la familia, la señora, el empleador, no querían que me fuera. Cerraron las puertas y las verjas. [Después de escapar y esperar durante nueve meses en la embajada para la conclusión del juicio,] No quiero volver a casa sintiéndome vacía como otras… Un día me dijeron que el caso no había prosperado [y me deportarán de vuelta a casa]».
– Haima G., trabajadora doméstica filipina, Riad, 7 de diciembre de 2006
«Durante un año y cinco meses, [no me pagaron] salario alguno. Cuando pedía dinero me pegaban, o me cortaban con un cuchillo o me quemaban. Tengo marcas en la espalda. Me dolía todo el cuerpo. Me agarraban la cabeza y me la azotaban contra la pared. Siempre que reclamaba mi salario había una pelea».
– Ponnamma S., trabajadora doméstica cingalesa, Riad, 14 de diciembre de 2006