Daniel Ortega se acerca a sus primeros cien días de gobierno en Nicaragua, con más luces que sombras en cuanto a gestión social, algo que reconocen hasta sus más feroces opositores, cuyas críticas se enfocan hacia la forma de gobernar. El restablecimiento del principio constitucional que otorga a todos los nicaragüenses acceso gratuito a la […]
Daniel Ortega se acerca a sus primeros cien días de gobierno en Nicaragua, con más luces que sombras en cuanto a gestión social, algo que reconocen hasta sus más feroces opositores, cuyas críticas se enfocan hacia la forma de gobernar.
El restablecimiento del principio constitucional que otorga a todos los nicaragüenses acceso gratuito a la enseñanza y
la salud públicas fue una de las primeras medidas tomadas por el líder sandinista, tras su vuelta al poder el 10 de enero
pasado.
Esa decisión trajo un beneficio casi inmediato al 70 por ciento de la población nicaragüense que según estimados de
organismos internacionales, vive en condiciones de pobreza, y no podía pagar las cuotas exigidas en escuelas y hospitales
estatales.
La adhesión de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el proyecto integracionista que impulsan
Venezuela, Cuba y Bolivia, fue otra de las decisiones tomadas por Ortega de manera casi inmediata.
Al margen de la connotación política que pudiera tener ese viraje hacia la izquierda de Nicaragua luego de 16 años de
neoliberalismo, los dividendos económicos y sociales que acarrea el ALBA son tan evidentes, que la oposición se vio
obligada a darle su visto bueno.
Sometidos a votación en la Asamblea Nacional, donde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene 38 de
los 92 escaños, los acuerdos del ALBA fueron ratificados por el Parlamento unicameral con tan sólo un voto en contra y 10
abstenciones.
Hasta la fragmentada oposición nicaragüense reconoce que la entrada de petróleo venezolano en condiciones ventajosas de
pago permite mantener el precio del transporte público a niveles asequibles para la mayoría de la población.
La entrega de plantas eléctricas por parte de Cuba y Venezuela dio un respiro a un país que estuvo a punto del colapsar
como resultado de la crisis energética.
A mediano y largo plazo, se anuncian otras medidas de fuerte impacto social como el programa Hambre Cero, que pretende
beneficiar a 75 mil familias campesinas en cinco años, o la aspiración de declarar a Nicaragua libre de analfabetismo en
2009.
Ante tales argumentos, y conscientes de que 100 días es un periodo demasiado corto para evaluar a cualquier gobierno,
los críticos de Ortega y del FSLN concentran sus ataques en aspectos colaterales de su gestión.
La decisión del líder sandinista de despachar desde la sede de la secretaría del FSLN es criticada por la oposición, la
cual alega que esa posición conlleva a crear una confusión estado-partido.
Los consejos de participación ciudadana, a los cuales dio vida Ortega como una forma de institucionalizar lo que el
mandatario define como «democracia directa», también son fustigados por la derecha.
Ni siquiera los medios de comunicación, en su mayoría en manos privadas, vivieron con el gobierno sandinista la clásica
luna de miel de los primeros 100 días.
Resentidos por la decisión de las nuevas autoridades de congelar la publicad estatal por razones de austeridad, la
prensa local no ha dado tregua a Ortega, concentrándose, argumentan los sandinistas, en resaltar más las sombras que las
luces.
Yo estoy convencido de que los pasos que estamos dando hoy están dirigidos a beneficiar a todos los nicaragüenses,
aseveró este lunes el director de la estatal Petróleos de Nicaragua, Francisco López, al salir en defensa de la gestión
del gobierno.