El jueves, 29 de noviembre, Bradley Manning prestó declaración por primera vez desde su arresto, hace dos años y medio en Bagdad. Hoy se cumplen también dos años de la aparición de las primeras portadas mundiales con informaciones sobre Cablegate, un archivo de 251.287 cables diplomáticos del Departamento de Estado norteamericano: mensajes enviados entre el […]
El jueves, 29 de noviembre, Bradley Manning prestó declaración por primera vez desde su arresto, hace dos años y medio en Bagdad. Hoy se cumplen también dos años de la aparición de las primeras portadas mundiales con informaciones sobre Cablegate, un archivo de 251.287 cables diplomáticos del Departamento de Estado norteamericano: mensajes enviados entre el Departamento y sus embajadas, consulados y misiones diplomáticas en otros países. Gracias a ellos, en colaboración con una red de más de 100 medios de comunicación impresos, revelamos toda la gama de técnicas empleadas por Estados Unidos para actuar en todo el mundo. El joven analista de inteligencia Bradley Manning fue detenido como presunta fuente de la información.
WikiLeaks recibió todo tipo de ataques, en Estados Unidos políticos y comentaristas de extrema derecha exigieron que nos declararan a todos terroristas, algunos incluso pidieron que me asesinaran y secuestraran a todo nuestro equipo. Durante una intervención en el programa Meet The Press, el vicepresidente Joe Biden me calificó de «terrorista high-tech«, y el senador Joe Lieberman pidió que nos procesaran con arreglo a la Ley de Espionaje de Estados Unidos. Todavía en julio de este año, el portavoz del Departamento de Justicia, Dean Boyd, reconoció que su Ministerio continúa sus investigaciones sobre WikiLeaks, y el 28 de septiembre el Pentágono renovó sus amenazas contra nosotros y calificó nuestra labor de «delito permanente». Como consecuencia, Ecuador me concedió asilo político y hoy vivo en su embajada en Londres, rodeado de policía armada, mientras que la parte correspondiente al FBI de la investigación realizada por «todo el Gobierno», según los testimonios judiciales, llegaba ya a las 42.135 páginas en diciembre del año pasado.
Esta semana, WikiLeaks hizo públicos unos documentos de la Comisión Europea que demuestran que el senador Lieberman y el congresista Peter T. King presionaron directamente a PayPal, Visa y MasterCard para que bloquearan las donaciones a WikiLeaks, lo cual ha supuesto la obstrucción del 95% de nuestras donaciones desde diciembre de 2010. La semana pasada, el Parlamento Europeo expresó su voluntad de que la Comisión haga lo posible para evitar el bloqueo arbitrario de WikiLeaks.
Bradley Manning, a quien se acusa de ser una fuente de los cables, empezó a testificar el jueves sobre el trato recibido antes del juicio, que el ponente especial de la ONU Juan Méndez llamó «como mínimo un trato cruel, inhumano y degradante que infringe el Artículo 16 de la Convención contra la Tortura». El capitán William Hoctor, el psiquiatra con 24 años de experiencia que fue designado por el Gobierno para evaluar a Manning en la base de Quantico, Virginia, declaró que los responsables de la cárcel habían ignorado sus recomendaciones relativas al encierro de Manning, una actitud que no había visto ni siquiera en su labor en la prisión de la bahía de Guantánamo.
Bradley Manning ha permanecido detenido a la espera de juicio 921 días. Es la detención sin juicio de un soldado del ejército estadounidense más larga desde, por lo menos, la guerra de Vietnam. La ley militar estadounidense dice que el máximo son 120 días.
El material que se acusa a Bradley Manning de haber filtrado puso de relieve ejemplos asombrosos de la subversión del proceso democrático que comete Estados Unidos en todo el mundo, la evasión sistemática de sus responsabilidades por asesinatos y atrocidades y muchas otras violaciones de la legalidad. Nuestro archivo de los cables del Departamento de Estado ha aparecido en decenas de miles de artículos, libros y ensayos, y ha dejado claros el carácter de la política exterior norteamericana y los instrumentos del poder nacional que ejerce Estados Unidos. Al cumplirse dos años del inicio de Cablegate, me gustaría destacar varias historias de las que se han conocido. Una guerra de terror
La guerra de Estados Unidos contra el terrorismo ha costado cientos de miles de vidas, ha encendido la violencia sectaria y se ha burlado del derecho internacional. Las víctimas y sus familias luchan para que se tengan en cuenta sus historias, y el hecho de que Estados Unidos evite de forma sistemática asumir la responsabilidad de los crímenes de guerra significa implícitamente que les está negando su derecho a ser considerados seres humanos. Además, a medida que recurre cada vez más a operaciones militares clandestinas, llevadas a cabo lejos de la supervisión oficial, la ejecución de esa guerra contra el terrorismo en expansión constante se aparta cada vez más del proceso democrático. El presidente Obama prometió a los estadounidenses en 2008 que pondría fin a la guerra de Irak, pero no retiró sus tropas hasta que la información procedente de un cable reavivó el interés internacional sobre los abusos cometidos en aquel país, que tuvieron como consecuencia la negativa a seguir concediendo inmunidad a los soldados estadounidenses a partir de 2012.
En 2007, la embajada de Estados Unidos en Bagdad obtuvo una copia del informe definitivo de una investigación del gobierno iraquí sobre la matanza de 17 civiles el 16 de septiembre de 2007 en la Plaza de Nisour. El informe llegaba a la conclusión de que había sido un ataque no provocado contra civiles desarmados, pedía una indemnización de 8 millones de dólares por cada muerte y 4 millones de dólares por cada herida, y exigía que se sustituyera a la empresa privada de seguridad Blackwater en el plazo de seis meses. Blackwater siguió actuando en Irak dos años más, y la embajada norteamericana indemnizó a las víctimas con 10.000 dólares por cada muerte y 5.000 dólares por cada herida. Cinco años después, los mercenarios culpables de Blackwater han conseguido eludir sus responsabilidades en Irak y los intentos de llevarles ante la justicia en Estados Unidos han desembocado en una larga cadena de casos desestimados y un acuerdo no revelado. Cuando WikiLeaks hizo públicos los Registros de la guerra de Irak, 391.832 informes de campo del ejército estadounidense, salieron a la luz otros 14 casos en los que Blackwater había disparado contra civiles, además de otros muchos incidentes de malos tratos. Los Registros demostraron también que Estados Unidos había entregado presos para que los torturasen con unos detalles espeluznantes: historias de electrocución, mutilación y agresiones con taladros.
El hecho de que, cinco años después, las víctimas de la matanza de la Plaza de Nisoou no hayan visto depuradas responsabilidades es una atrocidad. Pero por desgracia no es ninguna sorpresa que Estados Unidos reclame inmunidad para sus fuerzas en otros países y luego no les administre justicia en su territorio.
Estos hechos, y en particular un cable que detallaba la ejecución sumaria de 10 civiles iraquíes, entre ellos cuatro mujeres y cinco niños, cometida por soldados estadounidenses, con un ataque aéreo posterior para ocultar las pruebas, forzaron la retirada de las tropas en 2011. La historia de la ejecución de personas esposadas y el encubrimiento desataron la indignación en todo el mundo en plenas negociaciones para prolongar la presencia del ejército norteamericano hasta 2012 y, ante la cobertura internacional, el Gobierno iraquí reanudó su investigación sobre el incidente. Al final, Irak se negó a conceder inmunidad a las tropas estadounidenses en 2012, con lo que estas se vieron obligadas a retirarse en diciembre de 2011.
La violencia y los encubrimientos sistemáticos se extienden también a la guerra de Afganistán. Cuando surgieron informaciones de que el bombardeo nocturno de la aldea afgana de Granai en 2009 había podido causar la muerte de hasta 100 civiles, las autoridades estadounidenses aseguraron que casi todos los muertos habían sido combatientes talibanes. Un cable del Departamento de Estado redactado poco después del suceso resume una reunión entre el jefe de la Cruz Roja en Afganistán, Reto Stocker, y el embajador estadounidense, Carl Eikenberry, en la que hablan de lo que ha descubierto una investigación sobre el bombardeo. En el cable, se dice que Stocker es «una de las fuentes más fiables de información imparcial y objetiva sobre Afganistán». El informe de la Cruz Roja llegó a la conclusión de que 89 de los muertos y 13 heridos eran efectivamente civiles. Ni el Gobierno de Estados Unidos ni la Cruz Roja dieron a conocer públicamente estas cifras.
WikiLeaks y la Primavera Árabe
Los cables procedentes de Túnez describen la corrupción extrema y la falta de transparencia del régimen de Ben Alí. Dicen que los familiares del presidente son los peores delincuentes, con una vida llena de lujos y acompañada de «una amplia variedad de planes corruptos», como «la expropiación de terrenos y la extorsión para obtener sobornos». También nos enteramos de que entre los bienes de la familia Ben Alí había un avión, varios hoteles y una emisora de radio. Un cable menciona la censura estatal de la única emisora privada de televisión por satélite de Túnez, y un sorprendente fallo judicial sobre impuestos que obligó a la cadena a pagar casi 1,5 millones de dólares.
En su Informe Anual de 2011, Amnistía Internacional elogió a WikiLeaks y sus socios en los medios de comunicación por haber servido de catalizadores de la revolución en Túnez:
«Aunque la «Revolución del jazmín» en Túnez no se habría producido sin la larga lucha de los valientes defensores de los derechos humanos durante los dos últimos decenios, el apoyo otorgado a los activistas desde fuera del país se reforzó quizá cuando la gente examinó los documentos de WikiLeaks sobre Túnez y comprendió las raíces de su indignación. En concreto, varios documentos dejaban claro que algunos países de todo el mundo estaban al tanto de la represión y de la falta de oportunidades económicas pero, en general, no habían hecho nada para impulsar el cambio».
Cuando el presidente tunecino Moncef Marzouki habló conmigo en el programa El mundo del mañana, dio las gracias a WikiLeaks por su labor y dijo: «Estoy muy agradecido por todo lo que han hecho ustedes para promover los derechos humanos y la verdad, y admiro y apoyo sus esfuerzos».
Poco después de la revolución de Túnez, estallaron las protestas en Libia, y una nueva hornada de cables reveló los cálculos estratégicos en los que se había basado Estados Unidos para dar apoyo al régimen de Gadafi. En Egipto, los cables revelaron que Mubarak prefería morir en el poder que dimitir y que lo más probable era que le sucediera su hijo. Luego, cuando parecía que quien iba a sucederle era el vicepresidente Suleiman, se hicieron públicos cables que explicaban su antigua labor como jefe de los servicios de inteligencia y sus estrechos lazos con Israel. Estos elementos se convirtieron en factores fundamentales de la revolución egipcia.
¿Una consultora mundial de escuadrones de la muerte?
Durante años, WikiLeaks ha soportado las acusaciones de las autoridades estadounidenses y los comentaristas de derechas de que había hecho que el mundo fuera un lugar menos seguro y podía haber hecho mucho daño con la publicación de secretos embarazosos. En realidad, los cables muestran que la tortura y los asesinatos no son hechos aislados, sino las manifestaciones violentas de una agresiva política de coacción que Estados Unidos emplea para lograr sus objetivos estratégicos, políticos y comerciales, en todo el mundo.
Si bien las leyes estadounidenses prohíben el entrenamiento de unidades militares con antecedentes de violaciones de los derechos humanos, en la práctica es fácil y frecuente sortear la legalidad. La unidad de las fuerzas especiales de élite del ejército indonesio, llamada KOPASSUS, reprime de forma brutal el movimiento libertador de Papúa Occidental (ocupada por Indonesia desde 1963), como ha demostrado con creces Human Rights Watch. Pese a ello, en 2007, los diplomáticos norteamericanos en Yakarta decidieron que había llegado la hora de reanudar la colaboración con KOPASSUS, por el bien de los «intereses comerciales» y «la protección de los funcionarios estadounidenses».
Un cable diplomático de noviembre de 2009 menciona como de paso que los paramilitares de Colombia son responsables de la muerte de 257.089 víctimas, una cifra muy superior a los cálculos de los activistas locales de derechos humanos. Aun así, Estados Unidos ha ofrecido ayuda generosa al ejército colombiano; Amnistía Internacional, que ha pedido la interrupción total de la ayuda militar estadounidense a Colombia, calcula que el total de dicha ayuda en 2006 ascendió a 728 millones de dólares, de los que el 80% fue a parar al ejército y la policía. En 2012 se mantuvo la ayuda militar a Colombia.
Estos ejemplos demuestran la interpretación tan libre que hace Estados Unidos de las leyes que prohíben entrenar a unidades militares con antecedentes de violación de los derechos humanos. En otro cable de agosto de 2008, funcionarios estadounidenses reconocen que el escuadrón de la muerte de Bangladesh, el Batallón de Acción Rápida (BAR), ha participado en violaciones innegables de los derechos humanos, por lo que resulta difícil apoyarlo; sin embargo, los funcionarios confiaban en que el BAR mejorara su trayectoria y limpiara su imagen pública. Alababan al Batallón por haber «logrado reducir el crimen y combatir el terrorismo, lo cual le había convertido, en muchos aspectos, en la unidad de policía más respetada de Bangladesh». En un cable diplomático de 2009, se revelaba que el Reino Unido había estado entrenando al BAR durante los 18 meses anteriores «en áreas como las técnicas de interrogatorio y las reglas de enfrentamiento».
Espías en el Servicio Exterior
En 2009, Hillary Clinton envió una directiva sobre espionaje a 33 embajadas y consulados de todo el mundo. El documento ordenaba a los diplomáticos que obtuvieran informaciones sobre funcionarios de la ONU, incluidos sus números de tarjetas de crédito y sus nombres en clave en internet. Un cable similar pedía informaciones sobre funcionarios de la República Democrática del Congo, Burundi, Ruanda y Uganda, y mencionaba en concreto la recogida de muestras de ADN, fotografías de iris y contraseñas de ordenador.
Otro cable del Departamento de Estado revelaba que había un topo en el Gobierno alemán que espiaba para la embajada estadounidense en Berlín y que en 2009 informó con frecuencia a las autoridades norteamericanas sobre las negociaciones entre los democristianos conservadores de Merkel y el FDP de Westerwelle para la formación de un nuevo Gobierno de coalición. Helmut Mezner, antiguo jefe de gabinete del ministro alemán de Exteriores, reconoció ser el topo mencionado en esos cables cuando se publicó la noticia en la prensa, y fue despedido.
Presiones para eludir responsabilidades y manipulación del proceso judicial en otros países
Con los abusos que se producen en una guerra, como pasó en Irak, es frecuente que sus autores les quiten importancia y digan que son algo excepcional, y suelen asegurarnos que, cuando ocurren, los mecanismos de rendición de cuentas garantizan que se hará justicia. Los cables diplomáticos nos han proporcionado numerosos ejemplos concretos de la coacción empleada por Estados Unidos para manipular y socavar los procesos judiciales en otros países, y dejan claro que existe una clara política de eludir responsabilidades de cualquier tipo.
Durante la invasión estadounidense de Irak en 2003, dos periodistas -entre ellos el español José Couso- murieron y otros tres resultaron heridos cuando un carro de combate estadounidense disparó contra el Hotel Palestina de Bagdad. En España se puso en marcha una investigación del suceso y se dictó una orden internacional de detención contra tres soldados norteamericanos involucrados. Los cables demuestran que Estados Unidos luchó con todas sus fuerzas para que las autoridades españolas abandonaran el caso. En sus comentarios al respecto en un cable, el entonces embajador de Estados Unidos en Madrid, Eduardo Aguirre, subraya: «Aunque tenemos cuidado de mostrar nuestro respeto por la trágica muerte de Couso y la independencia del sistema judicial español, entre bastidores hemos luchado con uñas y dientes para que se retiren los cargos». Lo vergonzoso es que esta cita se eliminó en las informaciones originales sobre el tema que aparecieron en El País y Le Monde.
En otro ejemplo de 2003, un ciudadano alemán de origen libanés, Kalid el-Masri, fue secuestrado cuando estaba de vacaciones en Macedonia, entregado a Afganistán por la CIA y torturado durante cuatro meses. Cuando sus guardianes decidieron, por fin, que era inocente, le llevaron a Albania y le dejaron en una carretera rural sin ni siquiera pedirle disculpas. En un cable de 2007, nos enteramos de que, cuando un fiscal alemán dictó órdenes de detención contra los agentes implicados en el secuestro de el-Masri, el embajador estadounidense en Berlín advirtió a las autoridades alemanas de que habría repercusiones. No se ha hecho todavía ninguna detención y el-Masri sigue intentando que se le haga justicia.
La manipulación de Estados Unidos llegó a Gran Bretaña, donde un cable muestra que, durante una investigación pública dirigida por Sir John Chilcot sobre el papel del Reino Unido en la guerra de Irak, el Ministerio de Defensa «tomó medidas» para proteger los intereses estadounidenses.
Las potencias mundiales trabajan para romper la seguridad ambiental y explotar las «oportunidades» que ofrece el cambio climático
En los asuntos ambientales, los cables demuestran que Estados Unidos suele hacer gestos simbólicos en vez de iniciar actuaciones sustanciales para combatir el cambio climático, y que hace todo lo posible para adaptar los acuerdos internacionales a sus propios intereses comerciales.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ordenó a las embajadas que reunieran informaciones con el fin de preparar la cumbre de Copenhague de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático en diciembre de 2009, y pidió datos biográficos de los representantes de China, Francia, Japón, México, Rusia y la Unión Europea. Los cables muestran que Estados Unidos manipuló las negociaciones ofreciendo «regalos» a los países más pobres para desbaratar la oposición al acuerdo propuesto por las principales potencias del mundo. Otro cable de la secretaria de Estado revela que, en 2010, un embajador de las Maldivas había destacado la importancia de la «ayuda tangible» de las economías más grandes a las más pequeñas. Como consecuencia de esa reunión, el acuerdo ofreció compensación económica a los países más pobres que sufrían los efectos del calentamiento global.
En una visita a Canadá en 2009, David Goldwyn, coordinador de asuntos energéticos internacionales en el Departamento de Estado, habló de ofrecer ayuda en materia de relaciones públicas al sector de las arenas bituminosas. Goldwyn propuso consultar a expertos, profesores y think-tanks con el fin de «aumentar la visibilidad y accesibilidad de las noticias más positivas». Los ecologistas utilizaron con posterioridad este cable en su batalla contra el oleoducto Keystone XL, que transporta crudo a través de la frontera Estados Unidos-Canadá. A principios de 2012, el presidente Obama rechazó el proyecto Keystone XL, pero hace poco anunció en público su apoyo a otra propuesta. Casualmente, Goldwyn acabó yendo a trabajar para Sutherland, un lobby que actúa en favor de Keystone XL.
Los cables también revelan que Estados Unidos está preparándose para aprovechar las nuevas oportunidades de obtención de hidrocarburos y minerales en el Ártico a medida que el cambio climático derrite el hielo polar. Los diplomáticos estadounidenses confiaban en apoyar a Groenlandia en su búsqueda de independencia de Dinamarca a cambio del acceso de sus empresas de gas y petróleo a los recursos del país. Estados Unidos vigila atentamente a Rusia, su mayor rival por los recursos del Ártico, pero también se muestra preocupado por las posibles reivindicaciones territoriales de Canadá en el Ártico, en concreto en el paso del Noroeste.
Acuerdos secretos para sortear el proceso democrático
Los cables del Departamento de Estado revelan que Estados Unidos y sus aliados llegan a acuerdos secretos sistemáticos con varios gobiernos y ocultan los detalles, no solo a los ciudadanos del país, sino a veces incluso a sus representantes, ministros y órganos supervisores.
En 2009, Jeremy Scahill y Seymour Hersh publicaron un reportaje en The Nation sobre misiones secretas de combate de las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses y sobre ataques con aviones no tripulados en Pakistán. Al preguntarle sobre la noticia, el portavoz del Departamento de Defensa, Geoff Morrell, quitó importancia a las afirmaciones y dijo que eran «teorías de la conspiración». Solo un año después, los cables hechos públicos por WikiLeaks confirmaban la historia. Además, los cables citaban al primer ministro de Pakistán, Yousuf Raza Gilani, que había dicho a los representantes de Estados Unidos: «No me importa que lo hagan mientras ataquen a quien deben; protestaremos en la Asamblea Nacional y luego lo ignoraremos». Otras historias basadas en los cables del Departamento de Estado muestran también acuerdos entre Estados Unidos y Yemen por los que el Gobierno yemení asumiría la responsabilidad de ataques lanzados por Estados Unidos contra grupos milicianos locales. La publicación de los cables provocó una transparencia total en relación con determinados aspectos de la guerra contra el terrorismo.
Los cables revelaron asimismo que Estados Unidos colaboró con Australia para aligerar el texto de un acuerdo internacional que prohibía las municiones de racimo, unas bombas que esparcen miles de bombitas más pequeñas en un radio considerable. De las más de 13.000 víctimas de bombas de racimo registradas Handicap International, más del 98% son civiles y un tercio de esas son niños. A pesar de ello, los cables revelan que el entonces ministro de Exteriores del Reino Unido, David Miliband, aprobó en secreto el uso de una trampa legal para que Estados Unidos pudiera almacenar municiones de racimo en territorio británico, pese a que el Reino Unido es firmante del acuerdo que las prohíbe. Estados Unidos no ha firmado el acuerdo y en 2011 incluso trató de que la ONU levantara la prohibición.
En 2007, el antiguo viceprimer ministro canadiense John Manley pidió a las autoridades de Estados Unidos unos aviones no tripulados Predator para reforzar el apoyo liberal a la prolongación de la presencia de Canadá en la guerra de Afganistán. En agosto de 2012, el Ottawa Citizen informó de que el Gobierno canadiense está intentando gastar hasta 1.000 millones de dólares en una flota de aviones no tripulados y armados de última generación.
Los cables mostraban además que el primer ministro conservador de Canadá, Stephen Harper, prometió en secreto a la OTAN en enero de 2010 que su país permanecería en Afganistán para llevar a cabo entrenamiento militar cuando acabara su misión en 2011. La opinión pública canadiense se conmocionó cuando el Gobierno anunció que iba a prolongar su misión en noviembre de ese año. Harper expresó a varios diplomáticos estadounidenses su preocupación por la posibilidad de que una rápida salida de las tropas canadienses de Afganistán pudiera parecer una «retirada» que reflejaría el escaso respaldo de los ciudadanos a la misión en aquel país.
En 2008, Estados Unidos propuso un «acuerdo informal» a las autoridades suecas para el intercambio de información sobre listas de presuntos terroristas. Las autoridades estadounidenses explicaron que temían que el escrutinio del Parlamento sueco pusiera en peligro «la cooperación policial y antiterrorista». Los cables revelaron asimismo que en 2009 Estados Unidos reanudó el intercambio de información con Nueva Zelanda, después de que lo hubiera restringido como represalia por la prohibición de que atracasen buques nucleares o con armamento nuclear en los puertos de aquel país. Ambos gobiernos coincidieron en ocultar al público la reanudación de los acuerdos de cooperación.
La Realpolitik de las presiones comerciales
Los cables del Departamento de Estado muestran que las autoridades estadounidenses y sus socios comerciales asumen de entrada la posición de que tienen un derecho intrínseco a dominar los recursos y los mercados de todo el mundo.
En un cable de 2007 dirigido al Representante comercial de Estados Unidos, el embajador Craig Stapleton sugería adoptar una postura firme con la Unión Europea por su resistencia a los productos y alimentos transgénicos norteamericanos. La negativa de Francia a aceptar los organismos transgénicos (en inglés, GMO) y la biotecnología agraria, según el embajador Stapleton, desembocaría en un rechazo de los GMO por parte de toda Europa, y sugería que se tomaran represalias para hacer que los franceses cambiaran de opinión:
«El equipo de París recomienda que calibremos una lista de represalias posibles que haga cierto daño en toda la UE porque es una responsabilidad colectiva, pero que también se centre, en parte, en los principales culpables. La lista debería ser mesurada, no encarnizarse, y sostenible a largo plazo, porque no debemos esperar una victoria inmediata».
Los cables mostraban también que Estados Unidos retiró el visado al entonces candidato presidencial de Ecuador Xavier Neira y otras siete personas debido a su participación en una querella legal contra la compañía farmacéutica estadounidense Pfizer por competencia desleal. La decisión de revocarles el visado coincidió en el tiempo con la campaña para dichas presidenciales y las deliberaciones del tribunal que debía decidir sobre el caso. En su explicación de por qué se había retirado, se hablaba de «corrupción» y de la querella contra Pfizer.
La empresa estadounidense Shell Oil tiene un historial largo y sórdido en nigeria, y sus representantes hablaban abiertamente sobre sus actividades en el país. En una reunión en 2009, los representantes de Shell dijeron a las autoridades de Estados Unidos que podían influir en el Gobierno nigeriano para que la Ley sobre el sector del petróleo se ajustase a sus intereses.
Unos cables de 2005 ponen de relieve el empeño de Estados Unidos en «mejorar el clima inversor» para las compañías mineras en Perú. Representantes de Canadá, el Reino Unido, Australia, Suiza y Suráfrica se reunieron para preparar estrategias con las que sortear las protestas contra la minería llevadas a cabo por diversas ONG, la Iglesia Católica y los indígenas peruanos. Cuando las manifestaciones se volvieron violentas, Estados Unidos aprovechó la excusa para vigilar a ONG como Oxfam y Amigos de la Tierra y pidió al Gobierno peruano que mejorara la seguridad mediante controles en las carreteras y zonas de tránsito.
En otros casos, los funcionarios de las embajadas de Estados Unidos ayudaban a presionar a favor o en contra de dererminadas leyes en función de los intereses comerciales norteamericanos. Las autoridades estadounidenses presionaron en nombre de Visa y MasterCard contra un proyecto de ley en Rusia que pretendía crear un sistema de pago con una tarjeta nacional y arrebatar a las dos empresas mencionadas su cuota de mercado.
Duplicidad estratégica sobre derechos humanos y libertad de prensa
Un cable que resume una reunión con un directivo de Al Yazira muestra que las autoridades estadounidenses esperaban que se modificase un informe especial con imágenes muy gráficas de iraquíes heridos y que seeliminaran dichas imágenes. En otro cable, se pide al directivo que explique por qué Al Yazira no está informando sobre las elecciones y las manifestaciones en Irán en vez de su «abundante» cobertura sobre Gaza.
La Quinta Flota de la Marina estadounidense se encuentra estacionada en el reino de Bahréin, y Estados Unidos ha mantenido durante los últimos años una relación mutuamente provechosa con sus autoridades. En un cable, el embajador estadounidense en Bahréin elogia el país y a su rey, y destaca que varias empresas norteamericanas han obtenido grandes contratos allí. Es el mismo régimen que reprimió de forma brutal a los manifestantes durante la Primavera Árabe, y las mismas autoridades que cerraron páginas web y publicaciones disidentes. El Departamento de Estado condenó con dureza la represión de las protestas tras las elecciones de 2009 en Irán, pero ha permanecido callado sobre las muertes en Bahréin.
La monarquía de Tailandia al descubierto
La ley de lesa majestad de Tailandia impide que alguien en el país pueda hablar abiertamente sobre la monarquía sin arriesgarse a sufrir un castigo severo. Como consecuencia, las informaciones políticas están censuradas, y existe un gran vacío de conocimiento público sobre el entorno político del país. Los cables del Departamento de Estado nos ofrecen un panorama sin precedentes de la profunda influencia que tiene la monarquía en la vida política, pero no solo eso, sino también de la estrecha relación entre Tailandia y Estados Unidos. El periodista Andrew MacGregor Marshall dejó su trabajo en Reuters para escribir el libro Thailand’s Moment of Truth, a partir de los cables tailandeses; en él pone al descubierto por primera vez aspectos ocultos e innombrables de la política, la historia y las relaciones internacionales de Tailandia.
Estados Unidos pretende transformar las opiniones y las leyes mundiales de propiedad intelectual y derechos de autor
Los lobbies estadounidenses trabajan codo con codo con los funcionarios del Departamento de Estado en todo el mundo para presionar y conseguir leyes y acuerdos comerciales que favorezcan a empresas norteamericanas como Google, Facebook, Apple y Microsoft, además de grandes estudios cinematográficos como Disney, Paramount, Sony y Warner.
Un cable de 2006 sobre Japón describe las primeras propuestas de borrador de un «patrón oro» en la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, llamado ACTA. Se suponía que ese modelo debía dar a los propietarios intelectuales mucho más poder, incluso a expensas de la intimidad de los ciudadanos y las garantías procesales. ACTA se negoció en secreto, sin que la opinión pública se enterara de nada, hasta que WikiLeaks filtró el primer borrador en 2008. En la industria del cine, el lobby de las grandes productoras conspiró con su homólogo australiano para establecer un precedente legal que permitiera hacer a un proveedor de servicios de internet responsable de la infracción del copyright en Australia. ¿Qué efecto tienen esos tejemanejes? Un entorno mundial en el que las leyes y los precedentes legales beneficien a los que poseen la propiedad intelectual, que son ricos, poderosos e influyentes, aunque sea a costa del bien público.
Romper el monopolio de las influencias
Los ejemplos que he presentado no son más que una pequeña parte de lo que han revelado los materiales de WikiLeaks. Desde 2010, los gobiernos occidentales tratan de hacer creer que WikiLeaks es una organización terrorista, con lo que han hecho posible una reacción desproporcionada tanto de figuras políticas como de instituciones privadas. Es cierto que las publicaciones de WikiLeaks pueden cambiar y han cambiado el mundo, pero es evidente que ese cambio ha sido a mejor. Dos años después, nadie ha alegado haber sufrido ningún daño concreto, y los ejemplos mencionados dejan bien claro quién tiene las manos llenas de sangre.
En las grandes democracias de Occidente, el discurso político lleva tanto tiempo tan controlado que ya no llama la atención que los expertos hablen en nombre de las víctimas del Tercer Mundo, ni que un presidente de Estados Unidos suba a un estrado para aceptar el Premio Nobel de la Paz y presente argumentos a favor de la guerra. De hecho, resulta aventurado suponer que un medio como The New York Times estaría dispuesto hoy a hacer lo mismo que en 1971, cuando Daniel Ellsberg filtró los Papeles del Pentágono.
En una mesa redonda en la que participaban Daniel Ellsberg y la directora del New York Times, Jill Abramson, sobre aquel caso, Ellsberg expresó su desacuerdo sobre el hecho de que el Times hubiera aceptado la petición del gobierno de Bush de que retrasara el reportaje de James Risen sobre las escuchas extrajudiciales de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) hasta que pasaran las elecciones de 2004. Abramson respondió con evasivas:
«El caso es cuando el gobierno dice, ya sabes, que, si publicamos una noticia determinada, vamos a perjudicar la seguridad nacional, vamos a ayudar a los terroristas. Quiero decir que todavía hoy hay gente que afirma que la NSA fue la joya de la corona, el programa antiterrorista más valioso de los que tenía en marcha el gobierno de Bush, y que fue un error terrible que el Times lo publicara».
En aquella misma ocasión, Daniel Ellsberg dijo a propósito de los Papeles del Pentágono:
«El secretismo de esos documentos ha condenado a muerte hasta ahora a más de 30.000 estadounidenses y a varios millones de vietnamitas. Y su secretismo continuado contribuirá sin duda a la muerte de decenas de miles más de estadounidenses, y así sucesivamente. Creo que eso es cierto. Pero eso se ha puesto de relieve en el caso WikiLeaks ahora».
Desde la publicación de los cables diplomáticos, WikiLeaks ha proseguido sus actividades a pesar del bloqueo económico, ha publicado documentos filtrados de empresas que venden unidades de interceptación de masas a organismos de espionaje de todo el mundo, perfiles de prácticamente todos los presos encerrados en la prisión de Guantánamo, manuales estratégicos de Estados Unidos para la detención de presos militares en la guerra contra el terrorismo, bases de datos de la empresa privada de espionaje e información Stratfor, y millones de documentos del Gobierno sirio. La información que hemos revelado desbarata el discurso político controlado que pregonan los grandes medios de comunicación y los gobiernos occidentales con el fin de crear una determinada percepción en la población.
Seguiremos nuestra lucha contra el boicot económico y seguiremos publicando historias. Las amenazas del Pentágono contra nosotros hacen flaco favor a Estados Unidos y no las tendremos en cuenta.
Julian Assange es Editor Jefe y Fundador de WikiLeaks
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia