Cada vez preocupa más la salud mental de miles de personas atrapadas indefinidamente en el sistema australiano de detención de inmigrantes. La oficina del ombudsman de la Commonwealth (mancomunidad de ex colonias británicas) investigó en julio los suicidios y heridas autoinfligidas entre los inmigrantes detenidos. «Me alarmó que en la primera semana de junio, cuando […]
Cada vez preocupa más la salud mental de miles de personas atrapadas indefinidamente en el sistema australiano de detención de inmigrantes.
La oficina del ombudsman de la Commonwealth (mancomunidad de ex colonias británicas) investigó en julio los suicidios y heridas autoinfligidas entre los inmigrantes detenidos. «Me alarmó que en la primera semana de junio, cuando visité (los centros de detención de) Christmas Island, se hubieran reportado allí más de 30 incidentes de daños autoinfligidos por parte de los detenidos», dijo el ombudsman (defensor del pueblo) Allan Asher.
La investigación se anunció después de reportarse un aumento de ese tipo de episodios ante International Health and Medical Services (IHMS por sus siglas en inglés), proveedor contratado de servicios de salud, y tras inspecciones realizadas a comienzos de este año por personal de la oficina del ombudsman en varios centros de detención. Según cifras divulgadas por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía, hasta el 30 de junio se produjeron más de 1.100 incidentes de daños autoinfligidos o por lo menos intentos.
En la primera semana de julio se registraron otros 54 incidentes.
Datos de ese Departamento y del IHMS divulgados el 16 de este mes en una investigación parlamentaria sobre la red de detención de inmigración en Australia arrojaron nueva luz sobre la situación que se vive en los 19 centros del país.
En el primer semestre de este año, 213 detenidos requirieron atención médica luego de herirse a sí mismos. Más de 1.500 personas fueron hospitalizadas, entre ellas 72 por motivos psiquiátricos, y 723 fueron tratados por «inanición voluntaria». Entre los huelguistas de hambre hubo 17 niños.
Las condiciones de vida parecen ser duras dentro de los cuatro centros de detención ubicados en Christmas Island, un territorio australiano en el océano Índico al cual son llevados todos quienes llegan en bote para su procesamiento inicial. Entre julio de 2010 y junio de este año se produjeron 620 incidentes de heridas autoinfligidas en la isla. Las investigaciones actuales, que incluyen una evaluación independiente de los servicios de salud mental disponibles para los detenidos, se llevan a cabo tras una serie de informes que enfatizaron los riesgos para la salud de los reclusos.
Hay consenso en cuanto a que la detención indefinida a largo plazo causa considerables desórdenes mentales.
Documentos internos de Serco –la empresa internacional de servicios contratada por el gobierno para operar el sistema de detención de inmigrantes- que se filtraron a medios de comunicación, dan cuenta del estrés extremo que se vive en esas instalaciones.
Los documentos, que datan de entre mayo y junio, ordenan reiteradamente que todos los oficiales de la isla deberán usar cuchillos «Hoffman» todo el tiempo. Estos son empleados para ayudar a liberar detenidos que intentan ahorcarse. En un comunicado del personal fechado el 20 de mayo se advirtió a los funcionarios de Serco que estuvieran alerta ante detenidos con «comportamientos anormales». Los reclusos están «usando las heridas autoinfligidas como herramienta de negociación», señaló el texto.
Pero según Victoria Martin-Iverson, portavoz de la Refugee Rights Action Network (red de acción por los derechos de los refugiados), esas heridas «son una técnica de reducción del estrés». «No necesariamente es algo que se hace para obtener una reacción de los guardias; a menudo las personas lo hacen porque cuando están muy estresadas y no tienen vía de escape vuelcan ese estrés sobre sí mismas», agregó.
También preocupa un acuerdo bilateral firmado en julio con Malasia para transferir hasta 800 «llegadas marítimas irregulares» -como llama el gobierno a los solicitantes de asilo que llegan por mar-a ese país a cambio de reubicar en el próximo cuatrienio a 4.000 refugiados en Australia.
Aunque la implementación del acuerdo está estancada en tribunales a raíz de las medidas legales adoptadas por los solicitantes de asilo y sus representantes, es un aspecto clave del enfoque del gobernante Partido Laborista para «combatir el contrabando de personas». Esta política, cuyos críticos consideran dura, será complementada por la polémica reapertura de un centro de procesamiento inmigratorio australiano en la isla Manus, perteneciente a Papúa Nueva Guinea, mediante un acuerdo firmado el 19 de este mes.
Activistas por los derechos humanos consideran absurdo el pacto de intercambio de refugiados entre Australia y Malasia, acusando al gobierno australiano de incumplir la obligación de garantizar el bienestar de quienes buscan asilo. Preocupa el trato que las autoridades malasias dan a unas 90.000 personas actualmente refugiadas en ese país. Malasia no es firmante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, que busca salvaguardar los derechos de los solicitantes de asilo y las responsabilidades de los países en los que esperan hallar protección.
Existe el riesgo de que, al enviar a los solicitantes de asilo a Malasia, Australia pueda estar violando su obligación de no repatriar a alguien a un país de origen donde su vida corra peligro. Esto está contenido en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señaló Catherine Branson, presidenta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos.
«También nos preocupa que transferir a alguien que ya tiene a un pariente en Australia pueda violar su derecho a la unidad familiar», agregó Branson.