
El Gobierno impulsa, mediante la llamada «Ley Bases», la profundización del modelo extractivo, con desproporcionados beneficios para las grandes empresas internacionales. Más de 50 organizaciones denuncian retrocesos en materia ambiental y la inconstitucionalidad de la norma. El Régimen Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una política de saqueo.