La mañana del lunes 5 de enero Libertador General San Martin comenzó con decenas de policías en las inmediaciones de la fábrica y sede sindical. Había 5 urnas distribuidas en distintos lugares entre la fábrica y el campo. Así la empresa avala un comicio anti estatutario e ilegal: con proscripciones, sin oficialización de candidatos, sin precisión alguna de las secciones ni cargos electivos, sin notificación en tiempo y forma a los trabajadores.
Categoría: Argentina
En aprovechamiento de la inminencia del fin de año, el presidente Javier Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el 31 de diciembre al atardecer. El mismo reforma la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), le asigna nuevas facultades y da nuevas posibilidades de interacción con las fuerzas armadas y de “seguridad”. Otro avance del poder represivo del Estado, que podría incluso saltearse leyes y hasta la Constitución Nacional.
En la noche del 30 de diciembre y durante la madrugada del 31, amplias zonas del AMBA quedaron sin suministro eléctrico tras una falla en la subestación Bosques, que provocó un apagón masivo en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en municipios del Conurbano bonaerense, especialmente en la zona sur. Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Esteban Echeverría fueron algunos de los distritos más afectados.
La Ley de Presupuesto para 2026 aprobada por el Congreso incorporó, finalmente, el discutido artículo 30: es el que, entre otras cosas, deroga el artículo 9 de la Ley 26.206, que establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional”. Ese financiamiento, aclara, no podrá ser inferior al 6% del PBI.
La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad no es una decisión administrativa: es una definición política que revela cómo este gobierno entiende al Estado, a los derechos y, sobre todo, a los cuerpos vulnerables.
En el mes que se crea la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad (13.12.2006), concebida para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad, una de las leyes más reclamadas por la sociedad argentina finalmente fue sancionada en el Presupuesto 2026.
El año que pasó se manifestó pletórico de alternativas cambiantes, desde abajo y desde arriba. El próximo puede ser trascendente en cuanto al fracaso o el “éxito” del avance privatista y desregulador que arrastra contradicciones que amenazan sus expectativas de avance de sus destructivos planes en un contexto de ampliación de alianzas y calles de apariencia tranquila.