La presencia del Frente Transversal en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba, Bolivia, tuvo uno de los ejes principales de participación, con la presidencia de la Mesa de Energía entre Gobiernos y Organizaciones Populares, a cargo del compañero Marcelo Estévez, secretario gremial de la Federación de Trabajadores de la Energía […]
La presencia del Frente Transversal en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba, Bolivia, tuvo uno de los ejes principales de participación, con la presidencia de la Mesa de Energía entre Gobiernos y Organizaciones Populares, a cargo del compañero Marcelo Estévez, secretario gremial de la Federación de Trabajadores de la Energía de la CTA y Coordinador Nacional de Energía de ATE.
Participaron de la mesa, además, el Secretario de Planeamiento, Energia y Minas del Brasil, Marcio Pereira Zimmermann, el compañero Gerardo Garcia, vicepresidente del MAS boliviano y Pablo Bertinat por las organizaciones populares.
Las conclusiones del panel -que se transcriben a continuación- giran en torno al fortalecimiento de las empresas estatales y la nacionalización de los recursos energéticos en el marco de la integración sudamericana; conceptos aportados por el Foro Latinoamericano y Caribeño de Trabajadores de la Energía, del que nuestra organización forma parte.
Documento Final
La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos, revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable.
Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.
El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.
Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.
Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.
En los debates temáticos durante la durante la presente cumbre se abordaron y profundizaron estos temas destacándose los siguientes aportes a lo expresado en la carta:
La idea de discutir la temática energética en el marco integral del proceso de integración
La preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto a los mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social
Estuvo planteada la solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc.) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios.
La preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
La necesidad de reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
Se planteó también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente