Toshikazu Takahashi, director del antiguo hogar St. Francis, en Japón, afronta desde hace años la difícil tarea de proteger a niñas y niños maltratados por sus padres. «Existe una tradición familiar profundamente arraigada en la sociedad japonesa: la creencia de que los niños y niñas pertenecen a sus padres y no son individuos con sus […]
Toshikazu Takahashi, director del antiguo hogar St. Francis, en Japón, afronta desde hace años la difícil tarea de proteger a niñas y niños maltratados por sus padres. «Existe una tradición familiar profundamente arraigada en la sociedad japonesa: la creencia de que los niños y niñas pertenecen a sus padres y no son individuos con sus propios derechos, que tienen que ser respetados. Libré una batalla con todas las de perder», explicó Takahashi a IPS.
Según él, la Ley de Bienestar Infantil confiere a los padres la autoridad única sobre sus hijos, incluso en el caso de que cometan abusos. «La ley representa la posición vulnerable de los niños en la sociedad japonesa moderna», dijo.
Él profesa una sensación común entre los trabajadores sociales, que informan que se sienten impotentes a la hora de proteger a los niños que son retirados de las guarderías por parte de sus padres violentos, que usan la ley en su propio beneficio. «Se ve el terror en los ojos de esos niños y niñas cuando sus padres vienen a buscarlos. Nosotros sabemos que no quieren volver a sus hogares violentos. Pero ¿qué podemos hacer cuando sus padres piden que los dejemos ir?», planteó Takahashi.
El Hogar tiene 50 niños, casi todos ellos procedentes de casas donde se cometen abusos. Pero esta situación puede cambiar pronto. Con más de 35.000 casos anuales de abusos a niños y niñas, y unas 120 muertes relacionadas con esos episodios, el Ministerio de Justicia está dando los toques finales a una revisión de la Ley de Prevención de Abusos Infantiles.
La nueva ley, que se prevé será aprobada en abril, finalmente suspenderá la autoridad de los padres por un periodo de dos años en casos de violencia doméstica, lo que permitirá proteger a más niños, según varios expertos. «Es verdad que la ley actual puede no ser efectiva a veces. Ahora se está formulando la revisión», dijo un funcionario del Ministerio de Justicia que habló con IPS a condición de no revelar su identidad.
Según Takahashi, la ley es todo un hito en el lento progreso de Japón hacia la aceptación de los derechos de niños y niñas como una plataforma oficial y social. Los abusos infantiles fueron reconocidos como un problema social en el año 2000. «La ley beneficiará a los niños, pero no a los padres, que ahora tendrán que demostrar a las autoridades que son capaces de satisfacer las necesidades de sus hijos», dijo.
Takahashi, quien desde los primeros años de la posguerra vela por el bienestar de cientos de chicos vulnerables que llegaron buscando refugio en el hogar franciscano, explicó que tradicionalmente se brindaba cuidados a huérfanos pobres que habían perdido a sus padres en la guerra y que no tenían a nadie más que los cuidara. Pero los niños de las familias japonesas ricas de la actualidad representan un panorama muy diferente. Encuestas señalan que, al ser arrestados, los padres le dicen a la policía que simplemente estaban disciplinando a sus hijos aunque esto les causara serios daños, a menudo dejándolos sin comer y solos durante días.
Kyoshi Miyajima, de la Facultad de Trabajo Social de Japón y ex consejero infantil, explicó que aunque ve con buenos ojos los pasos que sigue el gobierno para revisar la ley, la campaña por los derechos de niños y niñas en el país debe llevarse a cabo lentamente. «En comparación con Occidente, donde los derechos individuales calan hondo en la identidad nacional, a Japón este pensamiento todavía le resulta nuevo», sostuvo. «Impulsar demasiado los derechos infantiles puede conducir a la noción de que los abusos son un problema individual, en vez de una cuestión social que tiene que ser abordada por todos», agregó.
Para él, éste es uno de los principales motivos por los que quienes se dedican a trabajar por el bienestar de los niños apoyan el periodo estipulado de dos años durante el cual los padres deben acatar las decisiones de las autoridades.
Los trabajadores sociales plantearon que esos dos años deben usarse con cuidado para orientar a los padres con vistas a que cambien sus comportamientos violentos, mientras continúa el apoyo del Estado a los niños en los hogares.
Sayuri Ichigatsu, quien acaba de lanzar un proyecto para celebrar los cumpleaños de niñas abusadas que viven en hogares, cree que ya es tiempo de que la comunidad tome cartas en el asunto. «Inicié mi proyecto para centrar la atención pública en las niñas que viven más tiempo en hogares, separadas de sus familias. Si las tienen que cuidar extraños durante periodos prolongados, hay una necesidad cada vez mayor de que la comunidad participe. El concepto de que los niños no sólo pertenecen a una familia sino que son un tesoro de todos ha sido pasado por alto durante mucho tiempo en Japón», enfatizó.