La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre la región del Golfo y los países vecinos para que cumplan con sus obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión online y offline.
Los gobiernos de todas las regiones del mundo están criminalizando el activismo por los derechos humanos. Lo hacen persiguiendo a los organizadores de protestas, periodistas, activistas de Internet y líderes de las organizaciones de la sociedad civil en virtud de leyes que tipifican como delito el insulto a figuras públicas, la difusión de información que perjudica el “orden público”, la “seguridad nacional” y las “fake news”.
En la región del Golfo y en los países vecinos, los gobiernos opresores han armado aún más su arsenal legal al adoptar leyes contra la ciberdelincuencia que aplican estas restricciones, excesivamente amplias y mal definidas, a las comunicaciones en línea.
En una época en la que las comunicaciones en línea son omnipresentes, y en sociedades en las que la libertad de prensa está coartada, las leyes que penalizan la promoción de los derechos humanos en las redes sociales y otras plataformas en línea socavan la capacidad de dar a conocer y debatir las violaciones de derechos humanos y amenazan los cimientos de cualquier movimiento de derechos humanos.
En mayo de 2018, por ejemplo, el gobierno saudí llevó a cabo detenciones masivas de mujeres que defendían en línea el derecho de las mujeres a conducir.
Acusadas en virtud de la ley de ciberdelincuencia del país, incluido el artículo seis, que prohíbe la comunicación en línea “que atente contra el orden público, los valores religiosos, la moral pública y la privacidad”, estas activistas de derechos humanos fueron detenidas, torturadas y condenadas a varios años de prisión por el “delito” de promover los derechos de las mujeres.
No cabe duda de que es necesario abordar la prevalencia y el impacto de los ciberdelitos, pero sin criminalizar a las personas que se manifiestan a favor de los derechos humanos.
Los países europeos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han animado a los Estados a adoptar un enfoque estándar para hacer frente a los delitos cometidos con tecnologías en línea, que van desde el fraude electrónico hasta la financiación de grupos terroristas.
El Consejo de Europa publicó en 2001 un convenio regional sobre ciberdelincuencia, al que puede adherirse cualquier Estado, y la ONU está promoviendo un tratado sobre ciberdelincuencia.
Las normas comunes pueden prevenir el abuso de las tecnologías en línea al permitir el intercambio de pruebas en línea y promover la rendición de cuentas, ya que las pruebas de los delitos en línea a menudo residen en servidores fuera del país donde se produjo el daño o donde residen los infractores.
El problema para los defensores de los derechos humanos en la región del Golfo y en los países vecinos es que los Estados han aprovechado la oportunidad de alinear sus leyes de ciberdelincuencia con las normas europeas para redoblar las leyes que restringen la expresión legítima en línea.
Los países europeos cuentan con una sólida supervisión de los derechos humanos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que garantiza que las limitaciones a la libertad de expresión en línea cumplen con estrictas normas internacionales.
En la región del Golfo no existe una supervisión comparable en materia de derechos humanos. Sin un control judicial internacional adecuado, los gobiernos pueden aprovechar los procesos internacionales para reforzar su capacidad de reprimir la expresión en línea.
El modelo regional de ley de ciberdelincuencia, redactado por los Emiratos Árabes Unidos y adoptado por la Liga Árabe en 2004, sigue las directrices internacionales.
Sin embargo, incorpora un giro regional e incluye disposiciones que penalizan la difusión en línea de contenidos “contrarios al orden público y la moral”, que faciliten la ayuda a grupos terroristas, así como la divulgación de información gubernamental confidencial relacionada con la seguridad nacional o la economía.
Los expertos de la ONU revisaron la ley de los Emiratos Árabes Unidos y le dieron el visto bueno; señalaron que cumplía con la convención europea e ignoraron el hecho de que los expertos en derechos humanos de la ONU han documentado repetidamente que los gobiernos utilizan tales restricciones para reprimir la disidencia.
Un estudio sobre la ciberdelincuencia mundial patrocinado por la ONU, publicado en 2013, también suavizó la amenaza de criminalizar la disidencia en línea al señalar que los gobiernos tenían margen de maniobra para proteger los valores locales. Esta protección no se extiende a la defensa de derechos universales como la igualdad y la democracia.
En realidad, el derecho universal a la libertad de expresión protege los contenidos en línea, y las limitaciones deben cumplir las normas internacionales de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
En nuestro reciente informe sobre el uso de la legislación contra la ciberdelincuencia en toda la región del Golfo y los países vecinos, descubrimos que, en un periodo de dieciocho meses (mayo de 2018–octubre de 2020), se produjeron 225 incidentes creíbles de violaciones de la libertad de expresión en línea contra activistas y periodistas en diez países.
Ellos son: Arabia Saudí, Bahréin, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar y Siria.
Todos los países han adoptado leyes contra la ciberdelincuencia, excepto Irak, donde los proyectos de ley de los legisladores se han topado con la dura oposición de grupos de derechos humanos nacionales e internacionales.
La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre la región del Golfo y los países vecinos para que cumplan con sus obligaciones internacionales de proteger la libertad de expresión online y offline.
Dar la espalda a las claras pruebas de que los gobiernos opresores están ampliando el alcance del derecho penal para reprimir el activismo de los derechos humanos en línea socava los legítimos esfuerzos internacionales para hacer frente a la ciberdelincuencia.
¿Cómo podemos confiar en que la ONU salvaguarde las voces que defienden los derechos humanos y la democracia en línea en una región que los necesita de manera desesperada, si no insiste en que las salvaguardias de los derechos humanos se incluyan en las leyes regionales y nacionales sobre ciberdelincuencia que defiende?
En la era de internet, el activismo de los derechos humanos en línea debe ser apoyado —y protegido— como parte vital del ecosistema de las cibercomunicaciones.
En la región del Golfo, los defensores de los derechos humanos pagan un precio insostenible por su trabajo, arriesgándose a ser detenidos, torturados e incluso a morir. Es hora de invertir la tendencia mientras aún queden defensores.
Una de las defensoras de derechos humanos en Arabia Saudí dijo antes de ser encarcelada: “Si las autoridades represivas de aquí meten entre rejas a toda voz pacífica que pida el respeto de las libertades públicas y la consecución de la justicia social en la región del Golfo y los países vecinos, sólo quedarán libres los terroristas”.
La historia ha demostrado la veracidad de sus palabras, ya que la mayoría de los individuos que han liderado grupos terroristas de alcance global han procedido de esta región y han causado, y siguen causando, problemas crónicos a todo el mundo.
La importante lección que debemos aprender aquí es que los gobiernos represivos fomentan una dinámica destructiva de expansión e intensificación de las violaciones de los derechos humanos.
Los gobiernos represivos cooperan entre sí y se miran unos a otros en busca de estrategias y tácticas.
También es preocupante que lo que vemos en la región del Golfo se vea favorecido por el apoyo esencialmente incondicional que prestan algunos gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido.
Este modelo tóxico de apoyo occidental a gobiernos que oprimen a su propio pueblo constituye una amenaza para la paz y la prosperidad mundiales y debe ser abordado.
Laurel E. Fletcher es profesora en la Facultad de Derecho de la estadounidense Universidad de Berkeley.
Khalid Ibrahim es director ejecutivo del Centro del Golfo para los Derechos Humanos.
Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.