La existencia de escuadrones de la muerte, que persiguen y ejecutan extrajudicialmente a labriegos, fue denunciada ante la Corte Suprema por varias organizaciones campesinas. En el escrito, que es patrocinado por el abogado Alberto Alderete, toda esta situación ilegal es tolerada por el Ejecutivo. También cuestionan la creación de la guardia urbana y rural
Según la denuncia, en el seno de la Policía Nacional existen grupos formados que tienen el objetivo de matar a dirigentes campesinos. «Estos grupos son costeados económicamente para cada operación de homicidio por latifundistas y propietarios de tierras amenazados por la expropiación para la reforma agraria. Los integrantes de los escuadrones se visten de civil y asesinan en forma selectiva a los principales dirigentes de las organizaciones», resaltaron en la presentación hecha ante la Corte.
La acción fue radicada por la Organización de Lucha por la Tierra, Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Movimiento Campesino Paraguayo, Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Coordinadora Interdepartamental Sebastián Larroza y Organización Nacional Indígena. Todas ella integran la organización social Plenaria Popular Permanente, con el patrocinio del letrado Alderete.
«Estos grupos son verdaderos escuadrones de la muerte y en la mayoría de los casos son conocidos y tolerados por los jefes policiales. Operan en todos los departamentos de la Región Oriental donde existen conflictos de tierra y de reforma agraria», dijeron los denunciantes. «Las ejecuciones extrajudiciales son toleradas y hasta a veces encubiertas por los fiscales y jueces, quienes se niegan a administrar justicia ante los reclamos de los familiares de las víctimas, quienes piden castigos a los culpables», añadieron.
En la presentación sostuvieron que las ejecuciones extrajudiciales violan el derecho a la vida, garantizado en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 4º de la Constitución y el 105 del Código Penal de nuestro país.
«El Estado es responsable de garantizar dicho derecho. En varios casos el Estado violó la obligación de respetar el derecho a la vida», se apuntó.
Los denunciantes citaron, como ejemplo, el caso de homicidio frustrado e intento de ejecución extrajudicial «cometido por efectivos policiales» vestidos de civil contra Benito Gavilán Rolón. El hecho se registró en la colonia María Antonia Arroyito de Mbuyapey, Paraguarí.
En cuanto al «plan sistemático de ejecución extrajudicial de dirigentes campesinos», resaltaron que es tolerado por el Ejecutivo.
Entre los dirigentes campesinos ejecutados citaron a: Aureliano Espínola, Mario Arzamendia, Carlos Robles Correa, Lucio Martínez, Ponciano Rojas, Calixto Cabral, Víctor Díaz Paredes, Ismael Vega y Félix Martínez.
Las organizaciones, igualmente, cuestionaron la creación de la guardia urbana y rural. «Este proyecto es a todas luces ilegal e inconstitucional, por la Carta Magna es establece en su artículo 172 que «La Fuerza Pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y policiales».
«La creación de la guardia urbana no está prevista en la Carta Magna, por lo que deviene claramente inconstitucional y en su oportunidad atacaremos ante la Corte para que así la declare», enfatizaron los campesinos.
RECLAMAN CASTIGO
– El Poder Judicial tiene la obligación de administrar justicia cuando se recurre a ella. Viola esta obligación si ante la presentación de las denuncias de los familiares de las víctimas se niegan a investigar los hechos.
– Las organizaciones campesinas pidieron a la Corte que a través de los organismos correspondientes indague la existencia de bandas parapoliciales y escuadrones de la muerte. Identifique y castigue a los responsables.
– Que impulse a través de los juzgados la investigación, esclarecimiento y castigo de los autores de las ejecuciones extrajudiciales denunciadas.