Amarnath Pandey regresaba por la tarde a su casa caminando por un callejón con poca iluminación en una localidad suburbana del norteño estado indio de Uttar Pradesh, cuando un hombre en motocicleta pasó cerca y le disparó con un arma. «Afortunadamente, la bala no me dio, sólo rozó mi oreja. Sentí un ardor y caí», […]
Amarnath Pandey regresaba por la tarde a su casa caminando por un callejón con poca iluminación en una localidad suburbana del norteño estado indio de Uttar Pradesh, cuando un hombre en motocicleta pasó cerca y le disparó con un arma. «Afortunadamente, la bala no me dio, sólo rozó mi oreja. Sentí un ardor y caí», dijo Pandey, de 55 años, quien acaba de regresar a un hospital pero todavía está en estado de shock.
Fue la segunda vez que estuvo cara a cara con la muerte. Una semana antes, el conductor de un camión había intentado atropellarlo.
Al parecer, un círculo de funcionarios corruptos quiere a Pandey muerto. Todo lo que hizo fue presentar una solicitud amparada en la Ley de Información para obtener los detalles de un proyecto local en el que se malversaron grandes sumas de dinero público.
Pandey integra el creciente número de activistas que utilizan la Ley de Información, de 2005, para luchar contra la corrupción. La norma faculta a los ciudadanos para acceder a casi cualquier información gubernamental.
Pandey intentaba seguir el rastro de los fondos públicos destinados a la Ley Nacional Mahatma Gandhi de Garantía de Empleo Rural, proyecto que teóricamente asegura 100 días de trabajo pago al año a adultos no calificados del ámbito rural. La información solicitada expuso la connivencia de funcionarios de Uttar Pradesh para malversar recursos del proyecto, y permitió que el gobierno recuperara tres millones de rupias robadas.
Cinco años después de haber sido aprobada la Ley de Información, activistas siguen sufriendo la cólera y las represalias de influyentes funcionarios corruptos expuestos por sus denuncias, y muchos han debido pagar con sus vidas. Pandey estuvo entre los afortunados. Ya hubo ocho muertes registradas de denunciantes.
Uno de ellos fue el ambientalista Amit Jethwa, del occidental estado Gujarat, asesinado a tiros frente la Suprema Corte de la ciudad de Ahmedabad en julio. Jethwa, de 33 años, había presentado una demanda contra un legislador del estado. Anteriormente había demandado al político Dinu Solanki, al que acusó de participar en actividades mineras ilegales en el protegido bosque Gir, en Junagadh, hogar de los amenazados leones asiáticos.
«Amit era un activista sin miedo, que se enfrentó a la mafia de la minería», destacó la directora ejecutiva de la Sociedad para la Protección de la Fauna y Flora de India, Belinda Wrights. «Debemos seguir denunciando su asesinato y exigir que los perpetradores, no importa cuál sea su estatus o conexiones, sean arrestados y llevados a juicio», dijo. Por su parte, el ambientalista Bittu Sahgal, editor de la revista Sanctuary Asia y quien trabajó estrechamente con Jethwa, afirmó: «Era tan visionario como valiente, y su fe en los jóvenes conservacionistas se reflejaba en sus esfuerzos para asesorarlos y apoyarlos». «Seguiremos peleando sus batallas», subrayó.
Según Nupur Thakur, coordinadora del Foro Nacional sobre la Ley de Información, uno de los problemas de las denuncias en India son las demoras del sistema judicial. «No hay arrestos veloces ni casos de trámite rápido. Incluso la policía considera los incidentes (los ataques a los activistas) resultado de disputas personales», señaló.
El activista Subhash Chandra Agrawal solicitó datos sobre el Jefe de Vigilancia, el máximo funcionario anticorrupción de India. La información demostró que el propio funcionario tenía un historial cuestionado.
Amigos de Agrawal, quien ya había hecho varias solicitudes amparado en la Ley de Información, le aconsejaron que tomara medidas para protegerse. «Mis amigos están preocupados por mí. Pero lo veo más como una batalla técnica contra el sistema que una cuestión individual», señaló.
«Al estar en Nueva Delhi, la capital nacional, quizás soy menos proclive a ser víctima de un ataque. El hecho es que no hay herramientas para proveer seguridad a los activistas de la Ley de Información», dijo Agrawal. «La gente en India no tiene fe en el gobierno, ni siquiera en los partidos de oposición, que se transforman en la otra cara de la moneda cuando les toca gobernar. Así que la única forma de combatir la corrupción es tomar el recurso de esta ley», dijo.
Según Danish Raza, periodista de la revista Governance Now, los activistas tienen pocas pero significativas herramientas para luchar contra la corrupción. «Una de las formas de pelear es diseminar la información. Apenas uno recibe datos delicados gracias a la Ley, hay que propagarlos a otros. El hecho de que más personas tengan la información reduce la amenaza a un individuo», dijo.
El comisionado central de Información, Shailesh Gandih, uno de los funcionarios responsables de implementar la Ley y facilitar las solicitudes, destacó la importancia de la norma. «Ahora depende de los ciudadanos implementarla con mayor participación», dijo a IPS. «Los ciudadanos deberían venir juntos y presionar al gobierno sobre diversos temas. Eso hará más difícil que los funcionarios o grupos denunciados ataquen a los activistas».