Cientos de personas han desaparecido en el marco de la denominada «guerra contra el terror», sin que sus familiares conozcan su paradero y sin que sus abogados puedan asumir su defensa, advirtieron expertos internacionales. «La desaparición forzada equivale a borrar la existencia de una persona y le niega la protección básica a la que todos […]
Cientos de personas han desaparecido en el marco de la denominada «guerra contra el terror», sin que sus familiares conozcan su paradero y sin que sus abogados puedan asumir su defensa, advirtieron expertos internacionales.
«La desaparición forzada equivale a borrar la existencia de una persona y le niega la protección básica a la que todos tienen derecho, sin importar si son culpables o inocentes», dijo este miércoles Philip Spoerri, director jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja.
«El daño a las víctimas es persistente y de gran alcance, y afecta no sólo a los individuos sino también a las sociedades en las que viven», enfatizó Spoerri, en ocasión del Día Internacional de las Personas Desaparecidas.
Desde su creación en 1980, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha denunciado más de 50.000 casos individuales a los gobiernos de más de 90 países.
«El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por la gran cantidad de informes sobre desaparición forzada elevados el año pasado», indicó el cuerpo en una declaración publicada este miércoles.
«Se recibieron muchos informes sobe desaparición de niños y algunos de personas con discapacidad física y mental», indicó el grupo de cinco expertos, representantes de los gobiernos de Canadá, Croacia, Irán, México y Nigeria.
El organismo también mencionó amenazas contra activistas de derechos humanos, familiares de desaparecidos, testigos y abogados.
Al mismo tiempo, las actividades «antiterroristas» son «usadas cada vez por más estados como excusa para no respetar las obligaciones de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas de la Desaparición Forzada», aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992, añadió el grupo.
El cuerpo de expertos urgió a los gobiernos a tratar todos los casos de desaparición forzada como delito, un paso legislativo que hasta ahora pocos países han dado.
Además, recomendó a la Asamblea General la aprobación del tratado al respecto elaborado por el flamante Consejo de Derechos Humanos, cuando comience en septiembre la sesión anual del organismo en presencia de jefes de Estado y de gobierno.
En los Balcanes, desaparecieron miles de personas como consecuencia de los conflictos de Serbia con Bosnia-Herzegovina, Croacia y Kosovo, indicó la Cruz Roja.
De más de 33.000 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas recibidas por la organización desde el inicio de las hostilidades, aún resta hallar a 18.555. De ese total, 13.862 corresponden a Bosnia-Herzegovina, 2.409 a Croacia y 2.284 a Kosovo.
El representante especial de la ONU en Kosovo aprovechó la ocasión para llamar a todas las partes involucradas a determinar el destino de los aún desaparecidos en la provincia, donde tropas occidentales desalojaron a las de Serbia en 1999.
La retórica antiterrorista desplegada por Estados Unidos es utilizada hoy para justificar los patrones ya existentes de violación de derechos humanos, según la organización Amnistía Internacional.
Los informes realizados por generales estadounidenses luego del escándalo de torturas en la prisión iraquí de Abu Ghraib documentaron, entre otros abusos, la existencia de lo que se denominó «detenidos fantasma».
Se trata de prisioneros mantenidos en secreto y trasladados de una a otra prisión, de modo de quedar al margen de las visitas de la Cruz Roja.
El informe del general Antonio Taguba describió este tipo de maniobras como «engañosa, contraria a la doctrina del ejército y violatoria del derecho internacional».
Amnistía también reveló este miércoles que la guerra contra el terrorismo originó en Asia meridional nuevos patrones de desaparición forzada en países como Nepal y Sri Lanka.
Un comité del gobierno nepalés anunció el mes pasado que investigaba 600 casos pendientes, pero activistas de derechos humanos elevan esa cifra a más de 1.000.
Sri Lanka sufre una de las mayores proporciones de casos de desaparición forzada sin resolver.
Mientras, en el estado indio de Jammu y Cachemira, territorio de disputas con Pakistán, se registraron entre 8.000 y 10.000 casos de desaparición desde 1989, según Amnistía.
La organización considera que varios cientos de personas desaparecieron en Pakistán en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Muchos de ellos aparecieron en la prisión de la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, pero otros están, al parecer, detenidos en cárceles pakistaníes, sin que se haya revelado su paradero.
Desde el inicio del estado de emergencia en agosto de 2005 en Sri Lanka, se registraron 62 casos de desaparición. La Comisión de Derechos Humanos de ese país también investiga la situación de 183 personas cuyo paradero se desconoce.
El año pasado, el Grupo de Trabajo de la ONU pidió a los gobiernos investigar 550 casos de desaparición.
«Unos pocos responsables por esos actos han sido llamados a la responsabilidad. La impunidad crea un clima social en que no hay confianza en las instituciones, y, por lo tanto, tampoco estabilidad», advirtió Spoerri.
Las familias de los desaparecidos de todo el mundo luchan contra la impunidad desde hace muchas décadas, entre otras cosas urgiendo a la aprobación de un tratado internacional al respecto.
Tras 25 años de campaña, el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el 29 de junio la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.
Para entrar en vigor, el tratado debe ser adoptado por la Asamblea General y luego firmado y ratificado por los estados.