Paradójicamente, fiscales y políticos adversarios de López Obrador efectuaron gestiones para evitar el arresto del alcalde, despojado de sus fueros y suspendido en el cargo por el Congreso legislativo el 7 de este mes, para que compareciera ante un juez por el delito de desacato. «Son unos tramposos», dijo este jueves López Obrador, quien aspira […]
Paradójicamente, fiscales y políticos adversarios de López Obrador efectuaron gestiones para evitar el arresto del alcalde, despojado de sus fueros y suspendido en el cargo por el Congreso legislativo el 7 de este mes, para que compareciera ante un juez por el delito de desacato.
«Son unos tramposos», dijo este jueves López Obrador, quien aspira a competir por la Presidencia en las elecciones de 2006 y encabeza las preferencias populares, según encuestas. El procesamiento podría dejarlo fuera de la carrera electoral.
Pero la Procuraduría General (fiscalía, dependiente del gobierno), que lo acusa de no haber acatado una orden judicial, no solicitó su arresto como se esperaba, y se limitó el miércoles a sugerir que el acusado compareciera ante los jueces, enfatizando que el presunto delito es de rango»menor».
Simultáneamente, dos legisladores del gobernante y conservador Partido Acción Nacional (PAN), pagaron sin el consentimiento del alcalde una fianza precautoria de 181dólares para evitar su detención.
«Es una trampa y cobardía», declaró el alcalde, para quien todo el proceso es una estratagema del gobierno, algunos empresarios y funcionarios del Poder Judicial para eliminarlo como contendor en los comicios presidenciales.
López Obrador se presentó ante el juez y le solicitó por escrito la revocación de la fianza que»tramposamente» pagaron a por él, se declaró inocente y aseguró que el proceso en su contra»no es jurídico, sino político».
Mientras, sus correligionarios del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirman que la acción de la Procuraduría y el pago de la fianza son parte»de un montaje preparado por el gobierno» de Vicente Fox.
El presidente del PAN, Manuel Espino, respondió que el afán del funcionario por ir a la cárcel demuestra su interés en sobredimensionar el caso y presentarse como víctima.
Para el politólogo Manuel Tapia, «la imagen de López Obrador ingresando a la cárcel sería una escena que recorrería el mundo, que inflaría su imagen y daría la idea de que el alcalde es una víctima».
López Obrador «sabe que todo el proceso judicial le favorece en imagen, y que entrar a la cárcel sería un regalo adicional y gigante, pero también el gobierno lo sabe y no quiere quedar mal parado», opinó el experto.
Para el documental que prepara Mandoki, director y productor de exitosas cintas en México y Estados Unidos como «Voces inocentes», «Mensaje de amor» y «Mirada de Ángel», la escena en la cárcel sería fantástica, sostuvo Tapia.
Mandoki considera al alcalde el político más importante del México actual. En acuerdo con López Obrador, está registrando sus movimientos desde inicios de este mes hasta fines de 2006, y con ese material realizará un documental para mostrar una parte importante de la historia mexicana de inicios del siglo XXI, según explicó.
Los problemas legales de López Obrador no sólo no han dañado su carrera política, sino que la han impulsado. Las dificultades empezaron en 2001, cuando un dictamen judicial ordenó a la alcaldía la suspensión de obras de ingeniería pública en terrenos de un particular. A pesar de varios exhortos, la disposición no fue atendida.
Según algunas interpretaciones de la ley (sobre las cuales no hay consenso), quien tenga en marcha un proceso penal en su contra queda inhabilitado como candidato.
Para López Obrador, esa disposición contraviene acuerdos internacionales sobre presunción de inocencia. El político ha dicho que recurriría a tribunales internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si se lo inhabilita para aspirar a cargos electivos.
La Procuraduría entregó el miércoles el expediente a la justicia. El juez sorteado tiene un plazo de 30 días en el que podría pronunciarse por desestimar la denuncia o admitir su ingreso, con o sin orden de captura del acusado.
Un encuesta del diario El Universal, publicada este jueves, indicó que 61 por ciento de 1.000 personas entrevistadas en diferentes puntos del país veía motivaciones políticas en el desafuero del alcalde.
Todos los sondeos para medir la popularidad de los potenciales aspirantes a la primera magistratura otorgan al alcalde capitalino al menos 35 por ciento de la intención de votos.
Ese grado de aceptación es nueve o 10 puntos porcentuales mayor que el de su inmediato competidor, el actual secretario de Gobernación (ministro de Interior), Santiago Creel, posible candidato del gobernante PAN.
El alcalde se dedica desde mediados de mes a una abierta campaña proselitista por varias ciudades del país. En sus discursos reitera su disposición a ir a la cárcel y a no pagar fianza ni solicitar recursos de amparo, medidas a las que podría recurrir porque se lo acusa de un delito menor.
Desde el encierro «demostraré mi total inocencia», proclama el funcionario que ha dedicado 30 de sus 52 años de vida a la actividad política, la mayor parte desde la oposición.
Sin embargo, la posibilidad de su arresto pierde fuerza, en virtud de las medidas de la fiscalía, dependiente del gobierno de Fox..
Pero no está todo dicho.
Abogados explicaron que la posibilidad del arresto depende de que el juez deseche la fianza y considere que hay mérito para detenerlo. También podría llegarse a ese punto si el acusado se declara en rebeldía y no acata los pedidos de comparecencia dispuestos por el tribunal.