La difusión de los documentos sobre el proceso de privatización del agua en Quito despertó diversas reacciones, desde quienes se oponen a la medida hasta quienes la justifican diciendo eufemísticamente que se trata sólo de una concesión, pero nadie puede negarla, aunque algunos lo hayan intentado diciendo que se trata solamente de un estudio.Desde Tintají […]
La difusión de los documentos sobre el proceso de privatización del agua en Quito despertó diversas reacciones, desde quienes se oponen a la medida hasta quienes la justifican diciendo eufemísticamente que se trata sólo de una concesión, pero nadie puede negarla, aunque algunos lo hayan intentado diciendo que se trata solamente de un estudio.
Desde Tintají apostamos a que se abra un verdadero debate sobre el tema y que los diversos sectores políticos asuman una posición clara ante los quiteños y las quiteñas. Que no intenten esconderse antes de las elecciones seccionales.
No ponemos en duda que el proceso de privatización se lleve adelante de una forma transparente y honesta, pero cuestionamos la privatización en sí de un recurso natural fundamental.
Concesión es sinónima de privatización, así lo entienden claramente en los países donde se concesionó parte del servicio de agua potable como en los del Cono Sur, y donde no se usan eufemismos para denominar a la privatización.
El agua es un recurso estratégico que no se puede entregar a empresas privadas.
Rodrigo Paz y Paco Moncayo (los dos candidatos que tienen posibilidades de ganar la Alcaldía de Quito), y/o sus asesores, pueden estar de acuerdo con la concesión-privatización del agua, pero sería importante que sus aliados para las elecciones de octubre (Partido Socialista en el caso de Paz, Pachakutik y Movimiento Popular Democrático en caso de Moncayo), que han mantenido una posición contraria a esta medida, presionen para que se deje sin efecto ya, antes de las elecciones. Lo mismo habría que pedirle a la Izquierda Democrática (Partido que auspicia a Moncayo), ya que muchos de sus militantes y simpatizantes se han pronunciado contrarios a la concesión del agua. Si no se pronuncian, habría que pensar que sus dirigentes cambiaron de opinión y están de acuerdo con la medida, o que no tienen ninguna influencia dentro de las alianzas que ha conformado para estas elecciones, lo que sería bastante lamentable. En caso de que hayan cambiado de opinión y estén de acuerdo con la privatización, que lo asuman públicamente ahora.
De igual forma deberían pronunciarse las organizaciones sociales que han hecho de la lucha contra la privatización una de sus banderas, algunas incluso han enjuiciado simbólicamente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que impone la privatización del agua en la capital ecuatoriana, como ya ocurrió en la ciudad de Guayaquil. Después que pasen las elecciones será muy difícil impulsar cambios.
Decir que no se concesiona el agua sino los servicios es otra forma de justificar la privatización que ya la han utilizado los sectores neoliberales en otros países. Evidentemente sería muy grotesco que se privaticen las vertientes, las nieves del Cotopaxi, aunque en otros países el paso siguiente a la concesión de los servicios y la comercialización fue la de lagunas y vertientes.
Concesionar, o sea privatizar, parte de los servicios y la comercialización, como lo impone el BID y lo acepta la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), son los primeros pasos para convertir el agua en una mercancía, sujeta totalmente a las leyes de la oferta y la demanda.
Comparar la concesión de parte del servicio de agua potable y la comercialización del agua con las del aseo de la ciudad, de la gestión de un parque, o incluso de un aeropuerto, es un error garrafal. El agua es un recurso estratégico en el que se juega el futuro de la humanidad.