En este andino y pequeño país, los acontecimientos políticos desarrollados en los últimos 10 años de su historia, son el vivo ejemplo del fracaso de las democracias latinoamericanas basadas en los dogmas neoliberales impuestos por casi tres décadas, que han conducido a que Ecuador sea catalogado como el tercer país con más desigualdades luego de […]
En este andino y pequeño país, los acontecimientos políticos desarrollados en los últimos 10 años de su historia, son el vivo ejemplo del fracaso de las democracias latinoamericanas basadas en los dogmas neoliberales impuestos por casi tres décadas, que han conducido a que Ecuador sea catalogado como el tercer país con más desigualdades luego de Brasil y Chile.
Las políticas de ajuste impuestas por el FMI, las pugnas interburguesas y un incesante y creciente protagonismo del movimiento popular que ha luchado contra el latrocinio y la corrupción, por trabajo, bienestar y democracia, que echó del poder a tres presidentes, han sido los ingredientes principales de esta particular situación.
Desde 1997 hasta la fecha ocho presidentes se han sucedido en el poder, lo cual ubica a este país entre los más inestables políticamente. A los expulsados del poder por la lucha popular les han sucedido presidentes interinos que han mantenido las mismas políticas y defendido los mismos intereses, de esto se han asegurado la embajada norteamericana y la burguesía criolla.
Luego de la caída de Lucio Gutiérrez, en abril de este año, y el ascenso al poder de Alfredo Palacio las expectativas eran pocas y pronto se convirtieron en descontento. El nuevo presidente se encontraba atrapado entre las presiones y exigencias de los partidos burgueses (Izquierda Democrática y el Partido Socialcristiano) que dominan el Congreso Nacional y que ocupan cargos en la actual administración, las presiones de la embajada yanqui para la continuación del proceso del TLC, del Plan Colombia, la permanencia de las empresas petroleras norteamericanas y el pago de la deuda externa.
La base social de Palacio, expresada en el movimiento denominado ‘forajido’, fue desilusionándose y al final diluyéndose. Varios de sus dirigentes asumieron cargos en el Gobierno, otros desarrollaron una decena de asambleas populares que hoy casi no tienen expresión, otros personajes autodenominados representantes de la «ciudadanía», que están ligados a ONGs. financiadas por la USAID, continuaron exigiendo al Gobierno una reforma política. Sin esta base social el Gobierno quedó muy debilitado.
Pero además el Gobierno ha tenido la persistente presión y exigencia popular por demandas y necesidades insatisfechas: los maestros y los trabajadores de la salud por alza de salarios, los estudiantes por mayor presupuesto para la educación, los campesinos por la atención a su crítica situación, los municipios por recursos para la atención a su población, la oposición a la firma del TLC, contra el Plan Colombia; todos estos y otros sectores han desarrollado sus demandas a través de movilizaciones, cierres de carreteras, paros y otras acciones.
A diciembre del 2005, en tan sólo ocho meses, el Gobierno de Alfredo Palacio no sólo que está debilitado sino que tiene un fuerte rechazo, aún mayor del que tuvo Lucio Gutiérrez los ultimo días de su gestión. En una publicación del diario Expreso, el 7 de diciembre, se revelaron los resultados de una encuesta en la que se señala que el 73,9% de la población califica la gestión de Alfredo Palacio como mala y muy mala; mientras solamente el 12,3% considera que estamos mejor que en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Este descrédito del Gobierno seguramente creció en estos días, tras fracasar la convocatoria a la consulta popular que definiría la instalación de una Asamblea Constituyente, y evidenciarse en forma más clara que Palacio no tenía pleno interés en efectivizar esa propuesta, que la utilizó como una tabla de salvación para enfrentar su marcada debilidad, y como cortina de humo para ocultar el contenido antinacional y antipopular de su manejo político.
La crisis política es de tal naturaleza que lo que se presenta coyunturalmente como una alternativa se convierte en factor de una nueva crisis y se extiende a toda la institucionalidad burguesa, que sufre la falta de credibilidad y el rechazo de la población. El Congreso, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los grandes medios de comunicación, los órganos de justicia, etc. acusan graves problemas en su interior y una mellada imagen ante la opinión pública. El Ejecutivo y el Legislativo se disputan palmo a palmo el desprestigio e impopularidad, mientras las Fuerzas Armadas han escalado posiciones en ese sentido, tras su responsabilidad en el asalto a las oficinas del fallecido Notario José Cabrera, para recuperar el dinero que miembros de tropa y oficiales de alto rango, incluyendo generales de la República, tenían invertido en este negocio ilícito.
La Asamblea Constituyente es otro episodio de la crisis política del Ecuador. La pugna entre el Gobierno y el Congreso a la final no fue tal, pues en esencia ambos tenían consenso en que una reforma política tenía que ser para asegurar su dominio y la gobernabilidad burguesa; todas las propuestas que se esgrimieron estaban orientadas a restringir los derechos y libertades democráticas, a eliminar y restringir la acción de las organizaciones sociales y políticas del movimiento popular.
En realidad, este tira y afloja entre Congreso y Ejecutivo, que castró la posibilidad de la Asamblea Constituyente fue un contubernio para evitarla. El temor de que los anhelos y sentimientos de cambio se potencien frente a la expectativa de millones de ecuatorianos que identificaban a la Constituyente como un canal para introducir cambios, fue un elemento que también pesó para este resultado.
Las perspectivas para el 2006 seguirán siendo críticas. Como sabemos, en el capitalismo las crisis son de carácter general, se expresan en la política pero también en la economía, y ésta enfrenta graves problemas, que van a repercutir en las ya precarias condiciones de vida de los trabajadores y los pueblos.
Las afirmaciones realizadas al inicio del 2005 de que la economía ecuatoriana crecería en el 3,5%, hoy son desmentidas por los mismos «expertos» gubernamentales que la ubican en menos del 2,9%, es decir, muy por debajo del promedio de América del Sur. Lo más seguro es que la inflación termine cerca del 4%, que en un sistema dolarizado es grave.
Según el analista Guido Proaño: «El crecimiento de la economía es un espejismo, al estar sustentado en las exportaciones petroleras -que en un 70% se encuentra en manos de empresas extranjeras- que generan significativos ingresos gracias al elevado precio del crudo en el mercado internacional, y no porque exista incremento de la producción. Pero si no tomamos en cuenta el sector petrolero, encontramos que en el 2004 el verdadero crecimiento de la economía del país fue del 2,5%, ante lo cual debe advertirse que la población tiene un crecimiento del 2.1%, es decir, el verdadero crecimiento fue de 0,4%. Con la misma lógica observamos lo que ocurre con las exportaciones no petroleras, y encontramos que las efectuadas en el 2004 son similares al nivel alcanzado en 1997. En los últimos años la balanza comercial del sector no petrolero ha sido negativa, y el saldo neto de la balanza comercial (sectores petrolero y no petrolero) adolece de una caída desde 1999 -según lo asevera el ex gerente del Banco Central, Eduardo Valencia- y al momento enfrenta un déficit que supera los tres mil millones de dólares. No hay indicador alguno que permita creer que las cosas cambiarán, lo que augura un futuro grave para el país. Objeto de regocijo de los «kikuyos» del Banco Central y del Ministerio de Economía es la existencia de una reserva monetaria de mil seis cientos millones de dólares, que resulta ser inferior en trescientos millones de dólares a la existente seis años atrás. Al asumir la dolarización, sus defensores hablaron que con ella se pondría fin a la devaluación monetaria, al incremento de los precios, y aún se dijo que éstos disminuirían. Para ese año (2000) el costo de la canasta básica era 218 dólares; ahora llega a los 435 dólares, lo que equivale a decir que en estos años los precios de los productos crecieron en un cien por ciento. Al iniciar el 2005, funcionarios gubernamentales señalaron que la inflación anual no será superior al 2%; luego «reajus taron» el cálculo y lo fijaron en el 2,7%, la verdad es que llegamos a diciembre con una inflación acumulada del 4%, la más alta entre los países que tienen al dólar como su moneda».
Con un 80% de su población en el nivel de pobreza, con una tasa de desempleo abierto del 11% y un desempleo del 44% y una migración que ha expatriado a más de 2 millones de ecuatorianos, con salarios congelados, con un presupuesto estatal que asegura un 35% para el pago de la deuda externa y hace fuertes reducciones para gastos sociales y con la amenaza de la firma del Tratado de Libre Comercio que terminaría liquidando la economía nacional, se cierra el 2005 y se abre el 2006.
Termina un año en que se ratifica el estruendoso fracaso del neoliberalismo, en el que se descubre y redescubre más que los pueblos no tienen salida en el marco del sistema capitalista, viene otro año en el que a las frustraciones y desesperanzas del pueblo, con seguridad, le sobrevendrán la fuerza de sus luchas y movilizaciones por sus derechos, que frente al entreguismo y a la explotación fortalecerá sus propuestas, su unidad y organización por la soberanía y la independencia.
(*) Ramiro Vinueza es director del periódico Opción de Ecuador paulina castro cerruti
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