Cuando la noche del 20 de enero de 2000, el movimiento indígena liderado por Salvador Quishpe y Antonio Vargas de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE), logró romper el cerco militar en torno al Congreso Nacional y tomar el control de la sede legislativa, parecía el inicio de una nueva etapa en la vida […]
Cuando la noche del 20 de enero de 2000, el movimiento indígena liderado por Salvador Quishpe y Antonio Vargas de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE), logró romper el cerco militar en torno al Congreso Nacional y tomar el control de la sede legislativa, parecía el inicio de una nueva etapa en la vida política de Ecuador. El alzamiento indígena había estallado en 1998 y convocó al pueblo ecuatoriano, que tras una jornada de movilizaciones sin precedentes, logró derrocar al entonces presidente Jamil Mahuad. El país enfrentaba una grave crisis económica, producto de las políticas fondomonetaristas aplicadas por el mandatario democratacristiano y los líderes indígenas estaban resueltos a cambiar la situación. El objetivo, era lanzar un candidato propio de la CONAIE a las elecciones presidenciales. «Las condiciones estaban dadas para eso», aseguró Salvador Quishpe al autor de este artículo en entrevista publicada en Punto Final, en noviembre de 2002.
No obstante, apareció en escena el coronel Lucio Gutiérrez, quien llegó hasta el Congreso junto a un grupo de militares leales y planteó su apoyo a los líderes indígenas. La inesperada irrupción castrense provocó la suspicacia de muchos y el alivio de quienes veían con horror la posibilidad cierta de un gobierno encabezado por indígenas, dispuestos a torcer el derrotero neoliberal. A pesar de la desconfianza de los dirigentes de la CONAIE, se conformó el denominado Grupo de Salvación Nacional, integrado por Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, el coronel Lucio Gutiérrez y Carlos Solórzano, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Según confidenció Quishpe en 2002, existían evidencias de la intervención de la Central de Inteligencia Americana (CIA), que actúa impunemente en Ecuador como en otros países de América Latina, para salvaguardar los intereses de Estados Unidos en la región. El tiempo le daría la razón: en enero de 2003, Gutiérrez fue elegido presidente de la república y se subordinó a la estrategia del Departamento de Estado norteamericano. Mantuvo la dolarización, profundizando el modelo económico neoliberal; fortaleció el Plan Colombia y permitió a Estados Unidos intervenir abiertamente, violando la soberanía del país. En abril de 2005, dos años antes de terminar su mandato, fue derrocado por un golpe parlamentario, en el contexto de una grave crisis económica que generó una ola de manifestaciones populares. Fue reemplazado por el médico Alfredo Palacios, quien a la fecha se desempeñaba como vicepresidente.
Larga noche neoliberal
El 15 de enero pasado, siete años después del alzamiento indígena, asumió la presidencia de Ecuador, el candidato de izquierda Rafael Correa, economista de 43 años, que venció al multimillonario de derecha Alvaro Novoa. «Ha triunfado la esperanza, luego de una larga noche neoliberal», planteó en su primer encuentro con la prensa. Luego, como si quisiera «rayar la cancha» desde el primer minuto hizo tres anuncios claves: cambiaría la Constitución, a través de la elección de una Asamblea Constituyente; estudiaría la posibilidad de reincorporar a Ecuador a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); y finalmente, la «guinda de la torta»: no firmaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El eco de sus palabras resonó fuerte en la Casa Blanca y encendió la luz de alarma. Era necesario pasar a otra fase y actuar como lo hicieron en Chile en 1973 y últimamente en Venezuela y Bolivia.
A diferencia de Lucio Gutiérrez, el Presidente Correa no ha defraudado a los ecuatorianos. Ha sido consecuente con sus planteamientos de campaña, dando muestras claras de independencia política y económica, respecto de los lineamientos norteamericanos y de las instituciones del establishment financiero mundial. Ha estrechado lazos con los países de la región – que liderados por Venezuela y Cuba – impulsan un proceso de integración, a través de iniciativas como la Alternativa Bolivariana para Las Américas (ALBA). En lo interno, el 15 de abril pasado el pueblo ecuatoriano eligió por un abrumador 82 por ciento iniciar las transformaciones políticas y económicas, a través de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente.
Como era de esperar, el mayoritario apoyo popular provocó la reacción airada de la oligarquía local, que dio marcha a su accionar sedicioso para intentar detener el proceso de cambio. En ese contexto, se inscribe la acción de los cincuenta parlamentarios opositores que trataron de obstaculizar el normal desarrollo del referendo del 15 de enero. Si bien, fueron destituidos de sus cargos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), máxima autoridad en período de elecciones, el Tribunal Constitucional (TC) los reintegró en sus funciones la última semana de abril. La acción de los magistrados que conforman el TC fue claramente facciosa, porque su período en la entidad había finalizado en enero pasado.
Al día siguiente, el Congreso amaneció rodeado por la policía y una muchedumbre indignada se congregó para impedir el ingreso de los diputados restituidos en sus cargos. La tensión va en aumento y ello favorece a quienes intentan generar un clima de caos e ingobernabilidad. La reacción local, el capital foráneo y el imperialismo norteamericano se han unido para lograrlo.
La manera de actuar, recuerda peligrosamente las elecciones legislativas de Marzo de 1973 en Chile, cuando la Unidad Popular (UP) obtuvo el 43,4 por ciento de los votos. El apoyo mayoritario del pueblo al gobierno de Salvador Allende cerró la posibilidad de derrocarlo constitucionalmente y abrió la puerta al golpe militar. En ese contexto, el ex Presidente demócratacristiano, Eduardo Frei Montalva, quien entonces ocupaba la presidencia del Senado, cumplió en forma diligente su papel en el libreto golpista. Declaró la inconstitucionalidad del gobierno, abriendo paso a la asonada militar. En el año 2000, cuando la CIA desclasificó los archivos sobre Chile, se comprobó lo que era un secreto a voces: el organismo entregó fuertes sumas de dinero a la Democracia Cristiana para evitar el triunfo de Salvador Allende en las elecciones de 1964 (triunfó Frei) y durante el período de la UP para financiar la sedición.
El Presidente Rafael Correa debe aprovechar la lección, sobretodo cuando se ha planteado el desafío de transitar hacia el Socialismo del Siglo XXI, derrotero en el cual no está solo. Para ello, cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo ecuatoriano (82 por ciento) y con un contexto regional claramente más favorable que Salvador Allende. No obstante, en la otra cara de la moneda, deberá enfrentar el dominio unipolar de Estados Unidos, que intenta recobrar presencia en América Latina. En este escenario, es fundamental que profundice su relación con Cuba, Venezuela y Bolivia, sus aliados naturales en la construcción de una alternativa al capitalismo neoliberal.