Cinco meses después de que 2.400 soldados dejaron los cuarteles para patrullar las calles guatemaltecas, el número de homicidios continúa ascendiendo y la agenda de los Acuerdos de Paz, enfocada en fortalecer a la Policía Nacional Civil y la seguridad democrática, aparcada. La Séptima Avenida atraviesa el bullicioso centro de la Ciudad de Guatemala hasta […]
Cinco meses después de que 2.400 soldados dejaron los cuarteles para patrullar las calles guatemaltecas, el número de homicidios continúa ascendiendo y la agenda de los Acuerdos de Paz, enfocada en fortalecer a la Policía Nacional Civil y la seguridad democrática, aparcada.
La Séptima Avenida atraviesa el bullicioso centro de la Ciudad de Guatemala hasta desembocar en la plaza de la Constitución, del lado de la Catedral. Un pelotón de soldados verde oliva recorre la acera, en fila, cargando cantimploras y pesados fusiles. Les guía un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los militares no han vuelto al poder, pero sí a las calles.
No tienen potestad para detener a nadie, ni para consignar nada. Se trata de una presencia disuasoria: desde abril, 2.400 soldados refuerzan a los contingentes de la PNC para tratar de poner freno a la epidemia de violencia que vive el país. Según el Ministerio de Gobernación (Interior), 3.404 personas han sido asesinadas entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año.
Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, ya que julio se convirtió en el segundo mes más sangriento del año, con 499 víctimas, sólo superado por las 550 de enero.
El uso de tropas para reforzar a la PNC no es nuevo, puesto que ya se habían desplegado de forma intermitente en años anteriores, pero, como dijo el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, las llamadas «fuerzas combinadas» son el fruto de una «mayor profundización y colaboración» entre Fuerzas Armadas y policía.
Vielmann auguró que ningún gobierno futuro desestimaría el uso de soldados, dada la falta de policías y el largo proceso necesario para formar nuevos agentes. «Si las Naciones Unidas requieren nuestros soldados en el exterior, nosotros también debemos utilizarlos», afirmó. Actualmente 80 policías militares guatemaltecos participan en la misión del foro mundial en Haití.
Esta práctica no es exclusiva de Guatemala, ya que el gobierno de Honduras anunció el 31 de agosto que 2.000 soldados se encargarían de patrullar las calles, mientras que en El Salvador, 700 efectivos militares se unieron a finales del mismo mes a los 1.300 que ya apoyaban a la Policía Nacional.
La Constitución guatemalteca, reformada en 1993, establece que el ejército «es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior».
Sin embargo, Marco Tulio Álvarez, subjefe de la Unidad de Análisis de la estatal e independiente Procuraduría de los Derechos Humanos, matizó a IPS que esa potestad respecto de la seguridad interior «se entendía como algo excepcional, pero prácticamente se ha asumido como la regla».
«La actuación de las fuerzas combinadas es prácticamente permanente, y se ha abandonado en cierta medida el propósito de los Acuerdos de Paz de fortalecer a la PNC y profesionalizarla», agregó.
El Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática, uno de los 11 vigentes desde 1996, establecía estrictamente que esa fuerza «tiene por función la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio».
Los 11 Acuerdos de Paz terminaron de firmarse en 1996, luego de 36 años de guerra civil entre la insurgente Unidad Revolucionaria Guatemalteca y el Estado, que dejó alrededor de 200.000 muertos, con el ejército como responsable de más de 90 por ciento de las violaciones a los derechos humanos, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico.
La reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas, recogida en los Acuerdos, se cumplió con efectividad, así como la creación de la PNC, un nuevo ente policial destinado a fortalecer el poder civil. Pero éste apenas ha podido reunir a 19.000 miembros, un tercio de la cantidad de guardias de seguridad privada que se calcula existen en este país de 12,3 millones de habitantes.
Por ello, las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos tampoco ven con buenos ojos el nuevo protagonismo del ejército, aunque no discutan su legalidad.
Álvarez señaló que «la percepción de inseguridad en el país sigue, ahora con el elemento adicional de que la presencia militar rememora épocas que se han considerado superadas en cuanto a la militarización que durante tantos años vivió Guatemala».
Mario Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, dedicado a la defensa de los derechos humanos, manifestó que «las Fuerzas Armadas están resultando tan inoperantes como la PNC» y confirmó que en las áreas rurales su presencia «podría traer malos recuerdos del pasado».
Más allá de los recuerdos, para Carmen de León-Escribano, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, no se trata de una medida preventiva, por lo que defiende la creación, en el marco de los Acuerdos de Paz, de un centro de inteligencia con mando civil, para no seguir luchando «con los ojos cerrados».
A su juicio, es necesario que el gobierno construya una política integral de seguridad que no olvide los aspectos sociales y económicos que llevan a los jóvenes a delinquir o a formar parte de pandillas. De acuerdo con cifras oficiales, 56 por ciento de la población es pobre.
En este aspecto, Guido Albani, responsable de la comisión de derechos humanos y seguridad del Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz, reclamó que se retomara el Consejo Asesor de Seguridad, previsto en esos acuerdos y compuesto por la sociedad civil, para apoyar al gobierno en las estrategias pertinentes.
En Guatemala, la inseguridad también puede provenir en ocasiones de las propias fuerzas de seguridad. Entre mayo y agosto, la Procuraduría de los Derechos Humanos recibió ocho denuncias: seis por abuso de autoridad y otras dos referidas a violaciones a la integridad personal.
Estas denuncias tienen que ver con procedimientos como desnudar a una persona para buscarle tatuajes –que los agentes del Estado consideran marca inconfundible de pertenencia a una pandilla juvenil–, insultar a personas que son objeto de registros, intimidar a sospechosos o allanar viviendas bajo amenazas con armas de fuego.
El director de la PNC, Erwin Sperissen, aclaró a IPS que no existía ninguna directriz en la institución de perseguir a ningún tipo de persona en particular, e interrogado sobre las denuncias, aseguró que «ningún delincuente reconoce serlo cuando es detenido y busca la forma de aparecer como víctima».