Los fiscales turcos tienen en el punto de mira al partido DTP, defensor de los derechos de los kurdos. Sus alcaldes sufren una permanente persecución por parte de la Justicia turca por cuestiones como emplear la lengua kurda, mayoritaria en sus municipios. De fondo, existe el riesgo de que esta formación pueda ser ilegalizada por […]
Los fiscales turcos tienen en el punto de mira al partido DTP, defensor de los derechos de los kurdos. Sus alcaldes sufren una permanente persecución por parte de la Justicia turca por cuestiones como emplear la lengua kurda, mayoritaria en sus municipios. De fondo, existe el riesgo de que esta formación pueda ser ilegalizada por los tribunales turcos, tal y como lo fueron previamente otros partidos como el DEP y el HADEP.
La actividad política de los partidos que defienden los derechos de los kurdos en la República de Turquía puede ser calificada de cualquier manera menos de normalizada. Formaciones como el Partido Democrático del Pueblo (DEP) en 1994 o HADEP en 2004 no pudieron seguir con su actividad tras ser acusados de ser «instrumentos del PKK».
En estos momentos, el Partido de la Sociedad Democrática (DTP) corre el riesgo de seguir el camino. Sus alcaldes están inmersos en cientos de causas judiciales abiertas por causas tan peregrinas como emplear el kurdo -lengua mayoritaria en sus municipios- en los folletos que edita el Ayuntamiento sobre servicios municipales. Todo ello, en base a la Ley de Emergencia Estatal, una legislación especial que sólo se aplica en las provincias del Kurdistán Norte.
La labor municipal es la principal tarea institucional que lleva a cabo el DTP, ya que la ley electoral turca exige un mínimo del 10% de los votos en el conjunto del Estado para poder llegar al Parlamento de Ankara.
Osman Baydemir, alcalde del Consejo Metropolitano de Diyarbakir, es uno de los electos del DTP que más ha padecido 53 investigaciones y siete juicios.
El DTP, en un informe elaborado para dar a conocer esta situación, denuncia que la frecuencia de estas investigaciones judiciales muestra «el esfuerzo que el Gobierno de Ankara está haciendo para impedir la labor de los electos locales».
El DTP añade que las leyes existentes se emplean de manera especialmente restrictiva contra sus electos locales, ya que no se respeta su derecho a la libertad de expresión y pensamiento y, además, son juzgados por tribunales especiales como el CMUK.
Es el caso de Abdullah Demirbas, alcalde del distrito de Sur, en Diyarbakir, que fue acusado de «hacer propaganda que promueve los objetivos de la organización terrorista PKK» por leer un discurso titulado «Servicios municipales y gobiernos locales a la luz del multilingüismo» en el Foro Social Europeo de 2006.
Tal y como recoge en el título, Demirbas defendía la necesidad de emplear las distintas lenguas habladas en una comunidad para lograr una verdadera democracia en el ámbito local. Evidentemente, no hacía ninguna referencia al PKK en su discurso, pero la defensa del multilingüismo fue suficiente para que le acusaron de hacer propaganda del PKK. Demirbas fue absuelto en setiembre de 2006.
Una de las últimas causas abiertas por los tribunales turcos afecta a 56 alcaldes del DTP, a quienes se acusa de «instigar y ayudar a una organización armada» por haber enviado una carta al primer ministro de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, en la que reclamaban que no se cerrara la emisora de televisión Roj TV, que emite en lengua kurda desde el país nórdico.
La primera comparecencia judicial por esta causa se produjo en setiembre de 2006. La defensa de Baydemir, uno de los 56 alcaldes procesados, explicó que «el hecho de que un canal kurdo emita desde fuera de Turquía también nos molesta a nosotros. Pensamos que es más apropiado considerar la posibilidad de que una televisión kurda emita dentro de las fronteras de Turquía de acuerdo con las disposiciones legales adoptadas en el marco de las relaciones Turquía-UE. La carta estaba escrita para destacar el hecho de que para que florezcan la democracia y la cultura en Turquía no se pueden silenciar los medios de comunicación y que la prohibición de Roj TV no contribuirá a la democracia en Turquía».
El alcalde de Cizre ha sido condenado a una pena de prisión por un discurso en el que defendía la legitimidad de Roj TV para seguir emitiendo.
Erigir estatuas
Otra de las acusaciones a las que se tienen que enfrentar habitualmente los alcalde del DTP es el «mal uso de los recursos y oficinas municipales». Es el caso de Demirbas, que fue procesado por erigir una estatua en Sur dedicada las víctimas de la violencia infantil y para exigir el fin de esta lacra. El monumento fue erigido después de que un niño de doce años, Ugur Kaymaz, muriera tras recibir trece disparos de la Policía en 2005 en Kiziltepe (Mardin).
La legislación turca establece que los ayuntamientos tienen la competencia de erigir estatuas. Se da, además, la circunstancia de que Demirbas es maestro de profesión y en su actuación política ha destacado por su preocupación por la situación de los niños de Diyarbakir. La denuncia fue finalmente desestimada.
En julio de 2006, el alcalde de Viransehir, Emrullah Cin, fue también procesado por «mal uso de los recursos públicos» debido a la publicación de boletines de información municipal tanto en turco como en kurdo. Cin destacó que el kurdo es la lengua materna de la mayoría de la población de Viransehir (unas 120.000 personas), por lo que la publicación de la información municipal en kurdo tenía como objetivo dar a conocer de un modo más eficaz cuáles eran los servicios públicos que se ofrecían.
Cin destacó que la publicación de boletines municipales no está tipificado como un crimen en ninguna zona del Estado turco y explicó que la decisión de emplear las dos lenguas fue adoptada por el Pleno del Ayuntamiento para cumplir las ordenanzas.
Lengua kurda en bodas
El uso de la lengua kurda en actos públicos como bodas o en cartas oficiales con motivo de la celebración del Newroz -el año nuevo kurdo- en ciudades donde este idioma es el mayoritario entre la población también han sido utilizadas para procesar a alcaldes del DTP, a pesar de que el kurdo está reconocido como uno de los idiomas que se hablan en Turquía desde 1991 e, incluso, se puede emplear en los medios de comunicación, aunque con algunas restricciones.
Este reconocimiento limitado del empleo del kurdo por parte del Estado turco se enmarca en las eternas negociaciones que Ankara mantiene con la UE para intentar convertirse en miembro.
Sin embargo, los gobernadores nombrados por el Ejecutivo de Ankara pueden restringir el uso del kurdo por los ayuntamientos de su provincia. Es el caso del Ayuntamiento del distrito de Kayapinar, que bautizó con nombres kurdos parques y calles de Diyarbakir. El gobernador impidió esta práctica argumentando que en los nuevos nombres se incluían letras que no corresponden al alfabeto turco -es el caso de la «w»- o que «existía un paralelismo con los discursos del PKK».
Una acusación recurrente de «mal uso de recurso y oficinas municipales» es la cesión de ambulancias para los enterramientos de militantes del PKK. Según la legislación turca, los ayuntamientos pueden prestar ayudas sociales a sus habitantes basándose en la promoción del principio de igualdad. A pesar de que los familiares de los militantes del PKK son vecinos de estas ciudades y de que los ayuntamientos están obligados a proveer de estos servicios si son solicitados por un ciudadano, se han producido al menos 16 investigaciones contra alcaldes y personal municipal de nueve ayuntamientos gobernados por el DTP.
El alcalde del Consejo Metropolitano de Diyarbakir fue procesado en setiembre de 2006 por haber pagado 16,5 nuevas liras turcas (8,83 euros) por el servicio funerario llevado a cabo por una ambulancia.
Aunque las visitas de condolencia a los familiares de los fallecidos suponen un componente cultural muy arraigado en la tradición del Kurdistán, varios alcaldes del DTP han sido procesados por acudir a los domicilios de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad turcas. Baydemir y Dermibas son algunos de ellos, junto a los alcaldes de Baglar, Yenisehir, Kayapinar y Dicle.
Objetivo, Diyarbakir
El Consejo Metropolitano de Diyarbakir es el único de las grandes ciudades del Estado turco que está gobernado por el DTP y su alcalde, Osman Baydemir, se ha convertido en el objetivo principal de la persecución de las autoridades turcas contra esta formación.
En marzo de 2006, el fiscal de Diyarbakir abrió un procedimiento contra Baydemir por las palabras que pronunció durante unos incidentes registrados en el centro de esta ciudad, la mayor del Kurdistán Norte.
Baydemir está acusado de «ayudar e incitar a la organización terrorista PKK», a pesar de que el objetivo del alcalde era calmar a los manifestantes para evitar posibles incidentes y que actuó de manera coordinada con el gobernador.
En la grabación en la que se basa la acusación de la Fiscalía turca, se puede escuchar claramente cómo Baydemir pide calma a los manifestantes, que denunciaban la muerte de activistas kurdos, y les solicita que regresen a sus domicilios para que no intervenga la Policía turca.
La multitud clama venganza, mientras da vivas al Presidente Apo [Abdullah Ocalan, líder del PKK encarcelado en la prisión-isla de Imrali, en el mar de Mármara].
«Amigos, por favor silencio. Escuchadme, os lo pido por favor. Sentaos y callaos», se le oye decir, en kurdo, a Baydemir, mientras los manifestantes gritan «ojo por ojo, diente por diente, estamos contigo, Ocalan».
«Estáis reivindicando vuestra identidad y mostrando vuestro dolor. Estamos con vosotros. Estad seguros de ello. La prioridad es la paz y hay que escuchar al liderazgo del partido. Tememos que esta manifestación pueda acabar en incidentes. Por eso, tenemos que volver a nuestras casas. Tenemos la garantía de que la fuerzas policiales no intervendrán contra la gente», añade Baydemir, en kurdo, dirigiéndose a la multitud.
Otra de las causas abiertas contra Baydemir se basa en una entrevista que el periodista Cemal Subasi publicó en el semanario «Tempo», una publicación que tiene millones de lectores en todo el Estado turco.
Entrevista
En la entrevista, publicada el 16 de enero de 2006, Baydemir expone sus planteamientos en torno al «problema kurdo en Turquía». Quince frases de estas dos páginas fueron interpretadas por el fiscal como «una prueba de su intención de denigrar a un determinado grupo de personas a través de la prensa perpetuando divisiones entre los ciudadanos basándose en la clase social o diferencias raciales, religiosas y regionales».
El fiscal acusa a Baydemir de «superar los límites del derecho de crítica y la libertad de expresión garantizada por la Constitución turca» y considera que se le debe aplicar el Código Penal debido a «sus críticas sin fundamento, que parecen dar la impresión de que la República turca lleva a cabo una política de presión y violencia contra los kurdos y los valores que representa este pueblo».
En la entrevista, Baydemir se limitó a expresar ideas como que «cada identidad étnica debería poder participar en la vida pública con sus características propias», que «el aislamiento de Abdullah Ocalan es inaceptable» y que, además, «podría provocar un agravamiento de la violencia», ya que atribuyó al líder del PKK tener «cierta influencia» en el Kurdistán Norte.
Empobrecimiento kurdo
Otras ideas que Baydemir expuso en su entrevista fueron que «nuestra región ha estado sometido a una política de empobrecimiento». Hay que señalar que el Gobierno turco ha construido grandes pantanos en el Kurdistán para aprovechar los recursos hídricos de ríos como el Tigris y el Éufrates, pero que ha provocado desplazamientos masivos de campesinos kurdos que han visto sus tierras inundadas.
El informe del DTP al que ha tenido acceso GARA constata que «el número de investigaciones y de causas abiertas por `mal uso de servicios municipales’ o relacionadas con la libertad de pensamiento o de expresión son mucho mayores en las regiones del Este y Sureste de Anatolia [eufemismo empleado para designar al Kurdistán Norte ante la negativa de Turquía de reconocer la existencia de un pueblo diferenciado] que en los municipios del DTP situados en otras regiones de Turquía y que en los municipios que no pertenecen al DTP en toda la nación [turca]».
Es decir, que existe una persecución ideológica clara contra una formación que defiende los derechos del pueblo kurdo dentro de los estrechos márgenes que permite la legislación turca por parte de las autoridades de Ankara.
En este sentido, el DTP denuncia que las actuaciones contra los alcaldes de este partido «forman parte de un panorama mucho más amplio en el que se percibe la discriminación e inadmisibles actitudes centralistas hacia los ayuntamientos gestionados por el DTP».
Los alcaldes del DTP, única administración a la que tienen acceso, son objetivo de permanentes denuncias por parte de la Fiscalía turca con el objetivo de ir preparando la ilegalización del partido.
Aunque la legislación turca no permite que un partido se denomine «kurdo», el DEP y el HADEP defendieron, sucesivamente, los derechos de esta minoría hasta que fueros ilegalizados. El DTP se considera su sucesor.
Para poder acceder al Parlamento de Ankara hay que superar la barrera del 10% de los votos en todo el Estado turco. El DTP superó en 2003 el 50% en el Kurdistán, pero no se quedó en el 6,2% en el conjunto del Estado.
El kurdo es una lengua de la familia iránica, diferenciada del turco. Sin embargo, no está reconocida por la legislación. Los kurdos son considerados como «turcos de las montañas» por el Gobierno de Ankara.
Osman Baydemir, alcalde del Consejo Metropolitano de Diyarbakir, es el cargo del DTP más perseguido por la Justicia. Ha sido objeto de 53 investigaciones de la Fiscalía y ha tenido que acudir a siete juicios. Diyarbakir es la capital del Kurdistán Norte.
Los alcaldes del DTP han sido denunciados por hablar en kurdo en bodas, emplear esta lengua en folletos municipales, por erigir estatuas contra la violencia infantil, defender una televisión en kurdo o reclamar el bilingüismo.
Aunque los partidos turcos AKP y CHP tienen posiciones enfrentadas sobre el papel del Islam en Turquía, ambos coinciden en su nacionalismo turco y rechazan rotundamente el reconocimiento del pueblo kurdo.
Recientemente, el Parlamento turco ha reformado la ley electoral para evitar que los candidatos independientes kurdos puedan tener papeletas propias con su foto en una nación en la que existen altas tasas de analfabetismo.
Los alcaldes del DTP son juzgados por una legislación especial que únicamente se aplica en «las provincias del sureste de Anatolia», es decir, el eufemismo empleado por Turquía para eludir el nombre de Kurdistán.
Al margen de aquellos que viven en la diáspora -en Alemania son casi un millón-, la población kurda está dispersa en cinco estados. Aunque resulta casi imposible realizar un censo detallado, la CIA estima que en Turquía viven entre 12 y 15 millones (el 20% de la población), en Irán entre 4,8 y 6,6 millones (7%), en Irak entre 4 y 6 millones (entre el 15% y el 20%), en Siria entre 1 y 2,8 millones (en torno al 8%) y unos 40.000 en Armenia (1,3%). En total, existen entre 27 y 37,5 millones de kurdos dispersos en todo el mundo.
Se trata de un pueblo claramente diferenciado de todos los que le rodean. No son ni turcos, ni árabes, ni armenios y aunque su lengua pertenece al subgrupo de las lenguas iránicas, tampoco son persas. Algunas comunidades kurdas de los alrededores de Mosul mantienen su religión originaria, el yazdanismo, aunque la práctica totalidad profesa el islam.
La historia moderna de los kurdos tiene un denominador común: han luchado denodadamente por lograr un estado, pero no lo han conseguido, y han sido utilizados permanentemente por las principales potencias.
Los kurdos fueron siervos del Imperio Otomano y cuando, tras el final de la Primera Guerra Mundial, derrocaron a los sultanes de Constantinopla, vieron la posibilidad de acceder a un estado, como sucedió con Siria o con Irak.
Sin embargo, el tratado de Sèvres, firmado en 1920, instauró las actuales fronteras de la región privando a los kurdos de su estatalidad, aunque en principio se llegó a prever un estado kurdo en torno al lago Van.
Entonces comenzaron una serie de levantamientos kurdos, que fueron sofocados uno tras otro. Entre 1921 y 1924 se proclamó el reino del Kurdistán, con capital en Suleimaniya, pero los británicos lo reintegraron al recién creado Irak.
Entre 1927 y 1931, estuvo en vigor la República de Ararat, que fue sofocada por la Turquía comandada por Mustafá Kemal Atatürk.
Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1946, se proclamó la República de Mahabad, con capital en esa ciudad situada en la actual Irán. Contaba con el apoyo de la URSS que buscaba crear un estado tapón frente a la Persia del sha Mohammad Reza Pahlevi, un incondicional aliado de los EEUU. Finalmente, en el marco de la guerra fría, se impuso Irán.
Actualmente, existe una autonomía kurda en el norte de Irak, que prácticamente funciona al margen de Bagdad y que recibe el apoyo del ocupante EEUU.
Las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento de Ankara para las próximas elecciones legislativas del 22 de julio suponen una nueva traba para impedir que los partidos que defienden los derechos de los kurdos tengan representación.
Así, los nombres de los candidatos independientes se pongan en las mismas papeletas, junto con los de los demás partidos, mientras que hasta ahora disponían de papeletas propias.
Los representantes kurdos que se presentan como candidatos independientes para superar el límite del 10% estatal establecido para acceder al Parlamento consideran más ventajosas para ellos las papeletas separadas que había en elecciones anteriores y que incluso llevaban fotos con lo que resultaba más fácil identificarse ante los electores analfabetos.
Todos los diarios turcos destacaron que esta enmienda estaba destinada a perjudicar al DTP. Tanto el islamista AKP como el kemalista CHP votaron a favor de esta enmienda, pese a que estaban enfrentados por la candidatura a la Presidencia de la República de Abdullah Gül.
En las elecciones de 2002, el DEHAP, el partido que entonces defendía los derechos de los kurdos antes de ser ilegalizado, obtuvo cerca del 60% de los votos en Diyarbakir y aproximadamente el 50% en otras provincias kurdas, pero no entró en el Parlamento de Ankara porque el resultado en el conjunto del Estado turco fue del 6,2% del total de los votos, por lo que no superó el filtro del 10%.
El DTP tiene previsto presentar a varias diputadas del DEP, otro partido kurdo ilegalizado, que fueran encarceladas. Entre ellas se encuentra Leyla Zana, que fue encarcelada por hablar en kurdo en el Parlamento y recibió el premio Sajarov del Parlamento Europeo. Los tribunales turcos podrían abrir una causa de ilegalización contra el DTP.