El pasado jueves 7 de abril de 2005, el voto mayoritario de los diputados, instalados como jurado de procedencia, al desaforar al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, rompió la legalidad y el estado de derecho en el país. El voto de los diputados del PAN y del PRI, que nunca tuvo […]
El pasado jueves 7 de abril de 2005, el voto mayoritario de los diputados, instalados como jurado de procedencia, al desaforar al jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador, rompió la legalidad y el estado de derecho en el país.
El voto de los diputados del PAN y del PRI, que nunca tuvo otra intención que no fuera la de impedir el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano, tiene consecuencias mucho más graves y de alcances mayores que sólo sacar del juego político a una persona, ya que pone en entredicho a todo nuestro aún endeble sistema electoral, vulnera los derechos no de uno sino de todos los ciudadanos, e impone al mismo tiempo un fuerte y grave retroceso a nuestra incipiente democracia, que para llegar a donde se encontraba hasta este día ha costado vidas, sangre, sacrificio y esfuerzo a millones de mexicanos.
El embate parece dirigido y centrado sólo en una persona, pero es un embate contra todos los mexicanos, contra el ejercicio pleno de nuestros derechos, contra nuestras posibilidades de avance democrático, contra nuestra vida institucional y nuestra convivencia constructiva.
En este desafuero están presentes y se hicieron evidentes al menos dos complicidades: la del Ejecutivo y las mayorías del Legislativo, a la que ojalá no se sume en los días próximos también la del Poder Judicial; y la del PAN y el PRI, que tienen más de medio siglo de caminar orgánicamente juntos y que impulsan, sin tapujos ni recato alguno, el proyecto neoliberal de subordinación, que en poco más de dos décadas ha llevado a la mayoría de los habitantes del país a la pobreza y a millones a verse forzados a abandonar el país y cruzar la frontera para precariamente subsistir, a la insuficiencia de la economía y a la parálisis política y, por otro lado, a una de las más ofensivas concentraciones de riqueza en unos cuantos, a favorecer a los productores del exterior en detrimento de los nacionales, y a una humillante dependencia de decisiones ajenas y contrarias a los intereses del país.
El juicio de procedencia montado en la Cámara de Diputados para abrir la vía que permita despojar de sus derechos cívicos al jefe de Gobierno de la ciudad de México es una de las tantas muestras de cómo la justicia se aplica selectivamente, de que la justicia no es igual para todos, de cómo la justicia se sabe poner a disposición y se acomoda al servicio de los intereses inconfesables -y este es aquí un calificativo bien aplicado- de un poder político torcidamente ejercido.
La ilegalidad no podrá superarse con otra u otras ilegalidades; es con la más rigurosa legalidad como tiene que combatirse y restaurarse, haciendo uso pleno de los instrumentos de la ley. Con éstos tendrá que recuperarse la legitimidad de los procesos electorales, que es la que otorga y de donde surge la legitimidad democrática y popular de nuestros gobernantes y legisladores, y con éstos también recuperarse la legitimidad de la vida política en su conjunto.
El juicio de procedencia, el desafuero votado hoy, representa la politización de la justicia, la toma de una decisión no para abrir paso a la justicia, sino para supeditar ésta a intereses circunstanciales del poder político; si en la procuración de justicia, en sus responsabilidades federales, prevalecen éstos, esperemos que al llegar el caso al Poder Judicial se aplique la ley con rectitud y se restaure con ello el estado de derecho hoy perdido. Se cumplirá así con una responsabilidad constitucional y se hará un gran bien al país y a nuestra democracia.