En el FMI, el poder de voto antidemocrático y desigual, se otorga según el tamaño de la economía. Con el 16,49% de los votos, EE.UU. impone su veto y moldea políticas a conveniencia.
Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), cada persona del norte vale por nueve personas del sur. Este cálculo se basa en los datos del FMI sobre el poder de voto en la organización de los Estados del norte global y del sur global en relación con su población. Cada país, en función de su “posición económica relativa”, como sugiere el FMI, tiene derecho a voto para elegir a sus delegados al directorio ejecutivo, que toma todas las decisiones importantes de la organización. Un breve vistazo al directorio muestra que el norte global está ampliamente sobrerrepresentado en esta institución multilateral, crucial para los países endeudados.
Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 16,49% de los votos en el directorio del FMI, a pesar de representar solo el 4,22% de la población mundial. Dado que el Convenio Constitutivo del FMI exige el 85% de los votos para realizar cualquier cambio, Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones del FMI. En consecuencia, los altos funcionarios del FMI se alinean con las políticas del Gobierno estadounidense y, dada la ubicación de la organización en Washington, DC, consultan frecuentemente con el Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre su marco político y las decisiones específicas.
Por ejemplo, en 2019, cuando el Gobierno de Estados Unidos decidió dejar de reconocer unilateralmente al Gobierno de Venezuela, presionó al FMI para que siguiera su ejemplo. Venezuela, uno de los miembros fundadores del FMI, había acudido a la entidad en busca de ayuda en varias ocasiones, pagó los préstamos pendientes del FMI en 2007 y luego decidió no solicitar más asistencia a corto plazo. De hecho, el Gobierno venezolano se comprometió a construir el Banco del Sur para proporcionar préstamos puente a los países endeudados en caso de déficit en la balanza de pagos. Sin embargo, durante la pandemia, Venezuela, al igual que la mayoría de los países, intentó recurrir a sus reservas de 5000 millones de dólares en derechos especiales de giro (DEG), la “moneda” del FMI, a los que tenía acceso como parte de la iniciativa global de aumento de liquidez del fondo. No obstante, el FMI, bajo presión de EE. UU., decidió no transferir el dinero. Esta resolución se produjo después que se rechazara previamente una solicitud de Venezuela para acceder a 400 millones de dólares de sus derechos especiales de giro.
Aunque Estados Unidos afirmó que el verdadero presidente de Venezuela era Juan Guaidó, el FMI siguió reconociendo en su sitio web que el representante de Venezuela ante la organización era Simón Alejandro Zerpa Delgado, entonces ministro de Finanzas del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. El portavoz del FMI, Raphael Anspach, no respondió a un correo electrónico enviado en marzo de 2020 sobre la denegación de los fondos, aunque publicó una declaración formal en la que afirmaba que “el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del Gobierno por parte de la comunidad internacional”. Dado que “no hay claridad” sobre este reconocimiento, escribió Anspach, el FMI no permitiría a Venezuela acceder a su propia cuota de derechos especiales de giro durante la pandemia. Poco después, el FMI eliminó abruptamente el nombre de Zerpa de su página web. Una clara muestra de la presión ejercida por Estados Unidos.
En 2023, en el Nuevo Banco de Desarrollo (Banco BRICS) en Shanghái, China, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló la “asfixia” de la política del FMI hacia las naciones más pobres. Refiriéndose al caso de Argentina, Lula dijo: “Ningún gobierno puede trabajar con un cuchillo en la garganta porque debe dinero. Los bancos deben tener paciencia y, si es necesario, renovar los acuerdos. Cuando el FMI o cualquier otro banco presta a un país del Tercer Mundo, la gente se siente con derecho a dar órdenes y manejar las finanzas del país, como si los países se hubieran convertido en rehenes de quienes les prestan dinero”.
Toda la retórica sobre la democracia se desvanece cuando se trata de la base real del poder en el mundo: el control sobre el capital. El año pasado, OXFAM demostró que “el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el 95% de la humanidad” y que “más de un tercio de las 50 empresas más grandes del mundo, con un valor de 13,3 billones de dólares, están ahora dirigidas por un multimillonario o tienen a un multimillonario como principal accionista”. Más de una docena de estos multimillonarios forman parte del gabinete del presidente estadounidense Donald Trump, que ya no representa al 1%, sino al 0,0001%. Al ritmo actual, a finales de esta década, el mundo verá la aparición de cinco billonarios. Son quienes dominan los gobiernos y, por tanto, tienen un impacto extraordinario en las organizaciones multilaterales.
En 1963, el ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Jaja Anucha Ndubuisi Wachuku, expresó su frustración con las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales. Los Estados africanos, dijo, no tienen derecho a expresar sus opiniones sobre ningún asunto concreto en los órganos importantes de las Naciones Unidas. Ningún país africano, ni latinoamericano, tiene un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el FMI y el Banco Mundial, ningún país africano podía impulsar una agenda. En las Naciones Unidas, se preguntaba Wachuku, “¿solo vamos a seguir siendo los chicos de la veranda?”. Aunque el FMI incluyó una representación más para un representante africano en 2024, esto está lejos de ser adecuado para el continente, que cuenta con más miembros en el FMI (54 de 190 países) y más programas activos de préstamos del FMI que cualquier otro continente (46,8% de 2000 a 2023), pero la segunda cuota de voto más baja (6,5%) después de Oceanía. América del Norte, con 2 miembros, tiene 943.085 votos, mientras que África, con 54 miembros, tiene 326,033 votos.
Como consecuencia de la crisis financiera de 2007 y al comienzo de la Tercera Gran Depresión, el FMI decidió iniciar un proceso de reforma. El incentivo para esta reforma era que, cuando un país acudía al FMI en busca de un préstamo puente, que debería haberse considerado no perjudicial, terminaba perjudicando a ese país en los mercados de capitales, ya que solicitar un préstamo conllevaba el estigma de unos malos resultados. El dinero se prestaba entonces al país a tasas de interés más altas, lo que no hacía más que agravar la crisis que, en un principio, había llevado a solicitar un préstamo puente.
Detrás de este problema subyace uno aún más profundo: todxs lxs directorxs gerentes del FMI han sido europeos, lo que significa que el sur global no ha tenido representación en los niveles más altos del liderazgo de la entidad. Además, la estructura de votación del FMI se ha desequilibrado: los votos por cuota (basados en el tamaño de la economía y la contribución financiera al FMI) han ganado mayor peso, mientras que los votos básicos más democráticos (un país, un voto) han perdido relevancia. Estos votos se miden de dos maneras: las cuotas calculadas (CQS, por su sigla en inglés), que se determinan mediante una fórmula, y las cuotas reales (AQS, por su sigla en inglés), que se establecen a través de negociaciones políticas. Por ejemplo, según cálculos para 2024, China tiene una AQS del 6,39 %, mientras que su CQS es del 13,72 %. Para aumentar la AQS de China, de modo que coincida con su CQS, sería necesario reducir la de otros países, como Estados Unidos. Este último tiene una AQS del 17,40 %, que tendría que reducirse al 14,94 % para acomodar el aumento de China. Esta disminución de la cuota estadounidense erosionaría, por tanto, su poder de veto. Por este motivo, Estados Unidos bloqueó la agenda de reformas del FMI en 2014. En 2023, la agenda de reforma del FMI volvió a fracasar.
Paulo Nogueira Batista Jr. fue director ejecutivo para Brasil y varios otros países en el FMI de 2007 a 2015, vicepresidente del Nuevo Banco de Desarrollo entre 2015 y 2017, y es colaborador de la edición internacional de la destacada revista china Wenhua Zongheng. En un importante documento titulado A Way out for IMF Reform [Una vía de salida para la reforma del FMI], de junio de 2024, Batista ofrece un programa de reforma de siete puntos para el FMI:
- Hacer menos estrictas las condiciones de los préstamos.
- Recortar los recargos sobre los préstamos a largo plazo.
- Reforzar los préstamos en condiciones favorables para erradicar la pobreza.
- Aumentar los recursos globales del FMI.
- Aumentar el poder de los votos básicos para dar más representación a las naciones más pobres.
- Dar al continente africano una tercera representación en el directorio.
- Crear un quinto puesto de director general adjunto, que deberá ocupar una nación más pobre.
Si el norte global ignora estas reformas básicas y sensatas, argumenta Batista, “los países desarrollados serán entonces los únicos propietarios de una institución vacía”. El sur global, predice, abandonará el FMI y creará nuevas instituciones bajo el amparo de nuevas plataformas como los BRICS. De hecho, ya se están creando instituciones de este tipo, como el Acuerdo de Reservas Contingentes (ARC) de los BRICS, fundado en 2014 tras el intento fallido de reformar el FMI. Pero el ARC “ha permanecido en gran medida congelado”, escribe Batista.
Hasta que se produzca un deshielo, el FMI es la única institución que proporciona el tipo de financiación necesaria para las naciones más pobres. Por eso, incluso los gobiernos progresistas, como el de Sri Lanka, donde el pago de intereses representa el 41% del gasto total en 2025, se ven obligados a ir a Washington. Sombrero en mano, esbozan una sonrisa en la Casa Blanca de camino a la sede del FMI.
Fuente: https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/boletin-norte-global-fmi-desigualdad/