Campaña «La Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa. Capitulo I: Nicaragua a oscuras»
El gobierno nicaragüense denunció el pasado año ante un Tribunal de Arbitraje a Unión Fenosa por no garantizar el suministro eléctrico en Nicaragua y no hacer las inversiones a las que está obligada, vulnerando los derechos humanos básicos y la legalidad vigente en Nicaragua. Unión Fenosa, en vez de asumir sus responsabilidades y con la finalidad de presionar al gobierno nicaragüense, presenta una denuncia ante la aseguradora del Banco Mundial, como «afectada por una presunta expropiación» y encuentra el respaldo del Gobierno español a través de su embajador en Managua, que amenaza con reducir el apoyo en cooperación al desarrollo.
La Tierra, 3 de marzo de 2007
La campaña «La Ir-Responsabilidad Social de Unión Fenosa. Capítulo I: Nicaragua a oscuras» denuncia las presiones del gobierno español en las reuniones para la resolución del conflicto entre el gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa cuyas filiales son responsables de la distribución eléctrica del país. El gobierno español, a través de su embajador en Managua, el Sr. Jaime Lacadena, está participando en las mismas y ha amenazado con afectar a la cooperación para el desarrollo en el país si el gobierno nicaragüense no cede a los intereses de Unión Fenosa.
Denunciar además que, estas reuniones se están produciendo porque la compañía Unión Fenosa, siguiendo con su política de Ir-Responsabilidad Social, denunció el pasado mes de enero de 2007 al gobierno nicaragüense ante el ente asegurador del Banco Mundial (MIGA), para cobrar 53 millones de dólares de indemnización por una «supuesta expropiación». Si el Banco Mundial pagara estos 53 millones de dólares a Unión Fenosa, automáticamente se convertirían en deuda externa de Nicaragua con el Banco Mundial. Y además la empresa, ha recurrido al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones (APRI) entre España y Nicaragua.
Todo ello sin que Unión Fenosa haya tomado medidas para subsanar la tremenda situación que se vive en Nicaragua, con racionamientos y cortes del suministro eléctrico que en el verano pasado llegaron a durar hasta 12 horas al día. Ni haya empezado a realizar las inversiones necesarias obligadas contractualmente, para aumentar la cobertura eléctrica en el país. Recordemos que Nicaragua es el país de Centroamérica con la tasa de cobertura eléctrica más baja de Centroamérica, con más de la mitad de la población sin luz.
Queremos destacar las declaraciones realizadas la pasada semana, por el presidente de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, durante la conferencia de presentación de los resultados del ejercicio 2006, en las que reconocía que la filial en Nicaragua «lleva meses con ciertas dificultades» y consideró «lógico» que la ciudadanía nicaragüense exija que haya cobertura de la demanda eléctrica, pero recalcó que Unión Fenosa no puede hacerlo a costa de «tener un pozo de pérdidas». En ese mismo acto la compañía presentaba sus resultados en el año 2006: su resultado de explotación creció un 41,4% hasta los 1.307 millones de euros, frente a los 924 millones del año anterior.
Es evidente que el presidente de una compañía tiene que tomar medidas para maximizar beneficios dentro de la legalidad. También es evidente que una compañía, compitiendo en el libre mercado, puede tener pérdidas. Lo que no es admisible es que Unión Fenosa, que está distribuyendo electricidad en Nicaragua en régimen de monopolio, utilice esa situación dominante, para chantajear al segundo país más pobre de Centroamérica, con la intención de que le cubra sus pérdidas (aquí ya no interesan las leyes del mercado), vulnerando sin dudarlo, leyes y derechos humanos básicos de los nicaragüenses. Y menos admisible aún, es que el gobierno español apoye a Unión Fenosa y presione al gobierno nicaragüense, ante un comportamiento empresarial tan reprobable de la compañía.
¿Qué estaría pasando en Europa en la misma situación?
Campaña: La Ir-Responsabilidad Social de Unión Penosa
Capítulo I: Nicaragua a oscuras