La creciente influencia política de los indígenas en América Latina, destacada en un informe del Banco Mundial, tiene como anverso el rezago social y económico de estos pueblos y la resistencia estatal a atender sus demandas de autonomía y respeto a sus culturas. El 18 de mayo, mientras el Banco Mundial presentaba su estudio «Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina, 1994-2004», el parlamento chileno volvía a rechazar una reforma, presentada ya hace casi 15 años, para dar reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas
«Este parlamento es absolutamente retrógrado para responder a este tipo de demandas», dijo a IPS José Santos Millao, uno de los consejeros mapuches de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, creada en 1993. La reforma requería de 76 votos en la Cámara de Diputados, pero solo tuvo 53 votos a favor, 26 en contra y 24 abstenciones, frustrando uno de los objetivos del presidente Ricardo Lagos, quien tampoco ha logrado la ratificación legislativa del Convenio 169 de la OIT.
Chile, uno de los países más estables política y económicamente en América Latina, es un caso excepcional en una región donde la mayoría de los estados con pueblos indígenas han dado rango constitucional y ratificado dicho Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre protección de sus derechos sociales y económicos. Pero los avances legales no son garantía del fin de la exclusión que rige desde tiempos de la colonización europea el trato hacia los pueblos originarios, aun en aquellos países con mayores espacios de autonomía, como Colombia, Panamá y Nicaragua.
Desde 1991 el concepto de nación multiétnica está en la Constitución de Colombia y ese mismo año se aprobó por ley el Convenio 169. Los territorios indígenas constituidos en resguardos cubren 27 millones de hectáreas y no prescriben ni pueden ser subdivididos ni embargados y reciben un subsidio estatal de 40 dólares al año por habitante. En muchos resguardos se practica una educación propia en lengua aborigen y así mismo se aplican en materia judicial normas de control y regulación social propias de los indígenas «siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes».
Pero la autonomía es golpeada por «la presencia y ocupación territorial de los grupos armados, entre ellos la policía, el ejército, la fuerza aérea y la misma guerrilla» del largo conflicto interno colombiano, dijo a IPS Feliciano Valencia, coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, suroccidente del país.
Los 800.000 indígenas representan dos por ciento de la población y están divididos en 90 pueblos, cada uno con su propia lengua, distribuidos en la Amazonia, sabanas naturales, sierras andinas y la costa caribe. La población indígena más pobre corresponde al 12 por ciento que habita en tierras sometidas a colonización, en un entorno natural degradado. Con frecuencia los pueblos indígenas denuncian violaciones al Convenio 169, ya que se autorizan explotaciones petroleras y mineras en sus territorios sin consultarlas.
La Organización de las Naciones Unidas alertó sobre los asesinatos de indígenas en Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Álvaro Uribe medidas cautelares para proteger del exterminio a una etnia entera, la kankuamo, que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país.
Luis Macas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), dijo a IPS que el afán del gobierno estadounidense de imponer «un poder excluyente y un mundo unipolar», va en contra de las demandas de los pueblos autóctonos de construir «un Estado plurinacional, que significa la unidad en la diversidad». Ecuador ratificó el Convenio 169 y su Constitución incorporó en 1998 los derechos indígenas, gracias a la influencia de la Conaie y su brazo político, el partido Pachakutik, que en 2002 eligió 10 diputados al parlamento unicameral y en las elecciones locales de 2004 ganó 30 alcaldías municipales y cuatro prefecturas (gobiernos provinciales).
La educación bilingüe es también un derecho consagrado en la Constitución, que reconoce la justicia indígena y obliga a que tanto en los tribunales como en los organismos públicos haya funcionarios que hablen o traduzcan la lengua quichua, de la etnia más numerosa, habitante de la sierra andina. Macas señaló que la autogestión indígena se complementa con la gestión gubernamental, en un marco de relativa autonomía, sobre todo en la Amazonia, donde se debe consultar a las comunidades para extracción de hidrocarburos y negociar con ellas indemnizaciones y formas de mitigación del impacto ambiental.
«Ahí surgen las presiones de las empresas petroleras transnacionales, con sus guardias privadas, lo que obliga a que los pueblos se defiendan con diversas formas de lucha pacífica, como ocurre con las comunidades sarayaku», señaló el dirigente, quien también apuntó los conflictos por la división de la tierra y el control del agua en la sierra andina.
«Hay una integración y participación dentro de las reglas de este sistema político que algunos denominan democracia, pero que es muy excluyente», como lo demuestra la pobreza que ha obligado a una masiva migración a las ciudades y al exterior, principalmente a Estados Unidos y España, dijo Macas.
Para Rafael González, portavoz del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, uno de los países latinoamericanos con mayor presencia indígena, la tónica ha sido la integración y asimilación forzadas a la sociedad «blanca». «La autonomía sigue siendo una mera aspiración», señaló a IPS.
En México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) exigió cambios constitucionales a favor de la autonomía indígena, pero el Congreso legislativo aprobó una «versión limitada de esa medida, que no gustó a los guerrilleros», indicó a IPS el antropólogo Pedro Ciciliano, de la Universidad Nacional Autónoma. No obstante, en ciertas zonas del meridional estado de Chiapas, el EZLN ejerce «una autonomía de facto», así como también hay en México «integraciones y asimilaciones de facto» de comunidades ancestrales, que representan 11 por ciento de la población de este país, en cuyo Congreso de 500 diputados solo tres se reconocen indígenas.
En México está aprobado el Convenio 169 y se admite la educación bilingüe y el respeto a la cultura ancestral y hay políticas especiales en materia de tierras, pero no existe autonomía plena de los indígenas en sus territorios.
El reconocimiento a la autodeterminación de los 36 pueblos indígenas de Bolivia es una de demanda básica de la «refundación de la república» a través de una Asamblea Constituyente que reclaman organizaciones aborígenes, campesinas y sindicatos, dijo a IPS el ex presidente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, Juan de la Cruz Villca. Los quechuas, aymaras y guaraníes son las etnias más importantes de Bolivia, que alcanzaron un reconocimiento a través del Convenio 169, «pero que no pueden gobernarse a sí mismos bajo sus usos y costumbres», indicó el dirigente.
Paulo Maldós, asesor político del Congreso Indigenista Misionero de Brasil, vinculado a la Iglesia Católica, estimó que hubo un cambio fundamental con la Constitución de 1988, que reconoció los derechos territoriales y culturales de los indígenas. Hasta entonces, la tendencia era la asimilación a la sociedad y cultura dominantes. Más tarde, fue muy importante la ratificación del Convenio 169, porque «dio coherencia a la Constitución», aunque aún falta aprobar el Estatuto de los Indígenas, en trámite parlamentario hace ya varios años, agregó Maldós.
La reforma constitucional de 1994 incorporó en Argentina los derechos indígenas, pero «jamás fueron reglamentados y por tanto no se cumplen». A los jueces de la austral Patagonia «nunca se les ocurriría apelar a la Constitución para ir contra las compañías rurales poderosas», apuntó Mauro Millán, líder de la Organización Mapuche Tehuelche 11 de Octubre.
«Reclamamos un acompañamiento de nuestras reivindicaciones por parte de la sociedad blanca, ‘huinca’. Si habláramos de independencia (territorial) se perdería la posibilidad de ese debate, pero si no se respeta que tengamos el control de nuestros recursos, entonces no ha cambiado nada desde la conquista de nuestros territorios en el siglo XIX», dijo Millán a IPS.
El caso chileno
En Chile, pese a la falta de reconocimiento constitucional, se ha avanzado en un proceso de reconocimiento, señaló a IPS el viceministro de Planificación y principal responsable gubernamental de asuntos indígenas, Jaime Andrade Huenchucoy. «Existen situaciones de prejuicios, en algunos casos hasta de racismo», admitió el funcionario, quien destacó como progresos la promulgación de la Ley de Desarrollo Indígena, la transferencia de 230.000 hectáreas a las comunidades y la entrega anual de 33.600 becas para estudiantes indígenas.
Andrade destacó el Programa Orígenes, del gobierno de Lagos, que financia unos 4.000 proyectos autogestionados por las comunidades, al tiempo que se está abriendo un debate sobre el resguardo del patrimonio cultural y genético de las etnias y se arbitran medidas de protección del borde costero para los lafkenches, una rama de los mapuches. Los indígenas no están representados en el parlamento, pero ganaron posiciones en los comicios municipales de 2004, con 17 alcaldías de un total de 345, y más de 160 concejales.
Santos Millao concuerda con Andrade en el reconocimiento de esos avances, pero sostiene que en el Estado chileno hay «una profunda intransigencia» hacia las demandas de autonomía de las etnias. «Es absolutamente fundamental el reconocimiento del territorio que fue nuestro y que fue usurpado por las leyes que este Estado chileno se dio a partir (de la independencia) de 1810. No se entienda que queremos recuperar todo el territorio, ni siquiera la cuarta parte, pero sí un espacio donde podamos desarrollarnos», señaló el dirigente.
El abogado chileno José Aylwin dijo a IPS que las políticas de integración son contradictorias, ya que se orientan a sumar a los indígenas a una «sociedad mayoritaria». Lo que se requiere es que los pueblos originarios «puedan tener control de sus propios asuntos en materia jurídica, justicia, territorial y recursos naturales», puntualizó el experto.