Dentro de la Semana de Acción Global bajo el lema «Neoliberalismoaren aurka. Otro mundo es posible», se ofrecieron las conclusiones finales de una preaudiencia, celebrada en Bilbo en octubre del año pasado, sobre la actividad del BBVA a lo largo del mundo. En mayo, el Tribunal Permanente de los Pueblos se reunirá en Lima y […]
Dentro de la Semana de Acción Global bajo el lema «Neoliberalismoaren aurka. Otro mundo es posible», se ofrecieron las conclusiones finales de una preaudiencia, celebrada en Bilbo en octubre del año pasado, sobre la actividad del BBVA a lo largo del mundo. En mayo, el Tribunal Permanente de los Pueblos se reunirá en Lima y estudiará la actividad del banco que preside Francisco González. No sólo será esta multinacional la juzgada, pero el trabajo previo se ha realizado en Euskal Herria al tener el banco su sede en la capital vizcaina. En el encuentro se dejó constancia de que se convocó a BBVA para que pudieran defenderse de las diferentes acusaciones, pero «el banco no envió a nadie. Un abogado de oficio le defendió».
En la charla, «BBVA: ladrones en el mundo globalizado», se dieron a conocer las principales conclusiones de la audiencia preliminar que coincidieron en expresar que las actividades de la entidad financiera BBVA han tenido «un impacto negativo sobre las poblaciones y hábitat de los países donde opera directa o indirectamente». En el acto participaron colectivos como Kakitzat, MOC, Komite Internazionalistak, Paz con Dignidad, Ekologistak Martxan y los sindicatos CGT y STEE-EILAS.
Tras examinar una serie de pruebas y datos de la transnacional, se le acusó de «fomento de los conflictos bélicos en el mundo con la financiación y participación en empresas armamentísticas», como -según citan- Cesce, Hispasat, Indra, Ibérica del Espacio, Acio, Rymsa, Hisdesat, Inmize (MBDA) y Gamesa ( a través de Iberdrola). Citan expresamente «la financiación de la fabricación de las bombas racimo, por medio de empresas como Raytheon, Thales y Unión Española de Explosivos». Estas bombas, afirman esos organismos, «están prohibidas por afectar indiscriminadamente a la población civil». También aseguran que el banco de Francisco González «ha comprado voluntades políticas» como «se dedujo de las distintas investigaciones al BBVA por sus cuentas secretas en paraísos fiscales. Se había dedicado a influenciar a políticos y gobiernos para su expansión en Latinoamérica». También recuerdan que BBVA fue investigado por el FBI entre 1999 y 2001 «por posibles actuaciones de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico». También citan las investigaciones del Banco de España en 2001 y los juicios en la Audiencia Nacional en 2001 y 2005 por actuaciones en paraísos fiscales, entre otras prácticas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos tendrá en mayo también encima de la mesa acusaciones de «prácticas antihumanitarias en México por la clausura de cuentas de las organizaciones humanitarias como Enlace Civil y Osimech (Chiapas) y de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Colombia). También se denuncian abusos laborales en el banco; el cobro de altas comisiones por la transferencia de remesas o el «desorbitado salario de su presidente», entre otros. Al final, se pide al BBVA que «se comprometa con la transparencia» y al Estado español «que asuma su responsabilidad».