Los escalofriantes detalles del secuestro y asesinato del activista srilankés por los derechos humanos Pattani Razeek parecen tomados de una película de suspenso, pero son reales. Fue visto por última vez subiéndose voluntariamente a un vehículo. Su familia recibió pedidos de recompensa realizados desde su teléfono celular y algunas pertenencias suyas fueron depositadas en una […]
Los escalofriantes detalles del secuestro y asesinato del activista srilankés por los derechos humanos Pattani Razeek parecen tomados de una película de suspenso, pero son reales.
Fue visto por última vez subiéndose voluntariamente a un vehículo. Su familia recibió pedidos de recompensa realizados desde su teléfono celular y algunas pertenencias suyas fueron depositadas en una mezquita.
El caso de Razeek podría simplemente haberse sumado a las filas de los «desaparecidos» en Sri Lanka, de no haber sido por una campaña sostenida para lograr que la policía actuara y que fue montada por sus colegas, organizaciones de derechos humanos y un comité de una mezquita en su occidental pueblo natal de Puttalam.
También ayudó el hecho de que Razeek, de 54 años, fuera el administrador gerente del Fondo Fiduciario de la Comunidad, una organización nacional de derechos humanos, y miembro del comité ejecutivo del Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo.
Finalmente, el 28 de julio, 15 meses después de su secuestro, el cuerpo de Razeek fue exhumado del sótano de una casa en construcción tras el arresto de dos sospechosos.
«Se creó mucha presión a diferentes niveles», dijo a IPS Udaya Kalupathirana, del Centro INFORM de Documentación sobre Derechos Humanos.
Organizaciones de derechos humanos e individuos mantuvieron la desaparición en un primer plano, tanto en Sri Lanka como en los foros internacionales, y el comité de la mezquita de Puttalam inició una campaña de recolección de firmas.
Esa campaña «fue muy efectiva. La gente tomó conciencia de la desaparición y de la falta de acción en el rastreo de los perpetradores», dijo Kalupathirana.
Los sospechosos arrestados llevaron a los investigadores a una casa en la aldea de Ottamavadi, en el oriental distrito de Batticaloa, donde hallaron el cadáver, ya en avanzado estado de descomposición.
«El hijo de Razeek pudo identificar algunas de sus ropas», señaló Kalupathirana.
Todavía falta realizar la autopsia para determinar la causa del deceso.
La repentina oleada de actividad contrastó con la indiferencia policial en los días y meses posteriores a la desaparición de Razeek, el 11 de febrero de 2010.
«Siempre existió esta sensación de inacción. La policía obtuvo detalles de los sospechosos que (luego) arrestó rastreando las llamadas telefónicas», pero no tomó ninguna acción, dijo Kalupathirana.
Uno de los sospechosos logró ser liberado bajo fianza citando su trabajo con un ministro.
Pero fue la campaña de la mezquita la que revirtió la marea. Por lo menos dos reuniones políticas se cancelaron en Puttalam a raíz de la indignación pública. La situación cambió después de que se asignó una nueva unidad policial al caso.
«Resulta significativo el hecho de que tras el asesinato de un activista por los derechos humanos hubiera casi un año y medio de encubrimiento», dijo a IPS Basil Fernando, de la Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC, por sus siglas en inglés), con sede en Hong Kong.
Activistas de Sri Lanka y otros países que lucharon por sacar el secuestro de Razeek de la lista de casos «irresueltos», ahora quieren ampliar su campaña para incluir miles de otras desapariciones.
«Esperamos que ahora se acelere la investigación y el juicio de este crimen y que se produzcan avances similares en la resolución de los varios miles de casos destacados de desapariciones en Sri Lanka», dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El registro del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias señala un total de 5.653 casos de desapariciones en Sri Lanka. Shamdasani pidió al gobierno que coopere con esa entidad para resolver estos casos.
Fernando dijo que el enorme retraso en materia de casos sin resolver y las limitadas condenas de sospechosos no son hechos muy alentadores para llegar al fondo del caso de Razeek.
Fernando sospecha que un ataque brutal cotnra el editor de un periódico en el norte, en la misma semana que se recuperó el cuerpo de Razeek, puede ser una advertencia para activistas, periodistas y miembros de partidos de la oposición.
«Dada la extrema inseguridad en el área, si a un testigo le ocurre algún ‘accidente’ no será una sorpresa», dijo.
«El lento sistema de investigación y juicios penales de Sri Lanka, así como las demoras en tribunales, pueden vencer hasta el intento más determinado por buscar justicia», agregó.
Fernando se hizo eco de las declaraciones de Shamdasani cuando le dijo a IPS que «si las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intervienen de modo más efectivo, brindando asistencia técnica y controles, por lo menos algún avance se puede lograr».
Sin embargo, es improbable que el gobierno srilankés coopere, dado que hay una historia de diferencias con las agencias de la ONU y sus asociados, principalmente por cómo se llevó a cabo la guerra civil contra los insurgentes tamiles en el norte y el oriente de este país insular.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillai, está a favor de que se realice una investigación internacional sobre presuntos crímenes de guerra durante la última fase de la guerra civil, que finalizó en mayo de 2009 con la derrota de los insurgentes Tigres Tamiles.
«Nuestras campañas tuvieron cierto efecto en el caso de Razeek. Ahora necesitamos asegurarnos de no aflojar la presión», dijo Kalupathirana.