«Cuando veas la barba de tu vecino arder…» comienza diciendo el viejo proverbio. El gobierno panameño está perdiendo el control sobre la manija política del país. En una maniobra poco clara, está utilizando sindicatos amarillos para tratar de desarticular al Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS). El Ejecutivo tiene una estrategia […]
La represión popular, que fue anunciada a principios de año, se desató el 14 y 15 de agosto con la muerte dos obreros de la construcción asesinados a vista y paciencia de las autoridades y de los medios de comunicación.
El primer trabajador, Osvaldo Lorenzo, fue asesinado por un sicario afiliado al sindicato amarillo cuando protestaba por las condiciones de trabajo irregulares imperantes en la construcción de la autopista entre las ciudades de Panamá y Colón. La empresa constructora Odebrecht, de origen brasileño, fue asociada en otros tiempos a los gobiernos corruptos del Brasil y ahora con varios proyectos que promueve el gobierno panameño (la cinta costera).
El segundo obrero, Luigi Argüelles, fue asesinado por un sargento de la Policía Nacional en un complejo turístico promovido por un «inversionista» colombiano en el archipiélago Las Perlas. El empresario ya había anunciado que si los trabajadores no se portaban bien morirían entre 7 y 10.
El obrero muerto en la isla Viveros era portador de una orden municipal dirigida a la gerencia de la constructora y recibió un disparó a quemarropa.
Los dos trabajadores asesinados eran miembros de SUNTRACS. Las empresas donde ocurrieron los hechos son extranjeras y no se encuentran afiliadas a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). Además, tienen sus propios sindicatos de trabajadores. La legislación panameña y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prohíben a las empresas formar sindicatos de trabajadores. Aparentemente, el gobierno quiere proteger las operaciones de empresas extranjeras acostumbradas a proceder por encima de la ley en sus países.
El convenio de la OIT señala que «las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras». Para que no exista confusión, el convenio agrega que «se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador, o a sostener organizaciones de trabajadores con el objeto de colocarlas bajo el control de un empleador».
Hace apenas dos semanas señalábamos que el gobierno estaba creando «sindicatos fantasmas» que tendrían consecuencias funestas sobre el país, especialmente sobre la vida de los trabajadores. Hay que preguntarse si la represión gubernamental refleja la posición del Partido Revolucionario Democrático (PRD) o sólo a una fracción de su dirección. ¿Qué sector del PRD saldrá fortalecido con la represión? ¿Será el sector de especuladores (vinculado a la oligarquía panameña) que se ha encaramado en años recientes a la dirección? ¿Puede beneficiar la represión a la «vieja guardia» del PRD que se siente frustrada con Martín Torrijos? ¿Continuará la represión? ¿Se ampliará a otros sectores de la sociedad panameña?
Marco A. Gandásegui, hijo, sociólogo panameño, es profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.