Las organizaciones firmantes se suman a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y reclaman que el trabajo digno sea una realidad para inmigrantes y refugiados, a los que de manera preocupante se está negando sus derechos laborales. Millones de personas extranjeras trabajan en Europa, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestros países, pero muchos […]
Las organizaciones firmantes se suman a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, y reclaman que el trabajo digno sea una realidad para inmigrantes y refugiados, a los que de manera preocupante se está negando sus derechos laborales.
Millones de personas extranjeras trabajan en Europa, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestros países, pero muchos no pueden ejercer los mínimos derechos laborales reconocidos en las legislaciones europeas. Los inmigrantes se convierten así en mera mano de obra que según todos los estudios económicos es necesaria ahora y en el futuro, pero lejos del derecho a la ciudadanía. La precariedad, los menores salarios con respecto a los «autóctonos», el mayor número de horas de trabajo, la indefensión ante los abusos laborales, son realidades frecuentes entre el colectivo de trabajadores inmigrantes. Discriminaciones que se agravan de manera crítica para las personas en situación administrativa irregular, que cada vez ven más difícil poder acceder al permiso de residencia y trabajo, a pesar de que también contribuyen a nuestro desarrollo económico.
Ante esta realidad, los gobiernos europeos, entre ellos el español, apuestan por priorizar las políticas represivas, el modelo de migraciones circulares que no se ajusta a la realidad de unas personas que en su inmensa mayoría quieren integrarse en las sociedades de acogida, la descapitalización del potencial humano de los países de origen con dispositivos como el de la llamada ‘tarjeta azul’, o la retórica prohibición de las regularizaciones masivas.
Medidas que quieren ignorar que la inmigración es una realidad incuestionable a pesar del reforzamiento de los muros. Se niegan proyectos vitales mientras, a la vez, se mantienen y refrendan por los Gobiernos occidentales las causas de la pobreza, la desigualdad y la injusticia en numerosos países.
Por eso nuestras organizaciones, ante los anunciados recortes de derechos y de reforma restrictiva de la Ley de Extranjería, y el alineamiento con las posturas más regresivas de Berlusconi o Sarkotzy, hacen un llamamiento para que se apueste por políticas valientes y formuladas con visión de futuro, más allá de coyunturas mediáticas, económicas y partidistas, que garanticen que todos los trabajadores, independientemente de su origen, puedan ejercer los derechos a la libertad, la igualdad de trato y las contraprestaciones negociadas. Pedimos:
– Que el Estado español ratifique la Convención de las Naciones Unidas para los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, como ya hicieron al comienzo de la legislatura las organizaciones firmantes y como han hecho las organizaciones sociales participantes en el III Foro Social Mundial de las Migraciones. Dicha convención reconoce unos derechos mínimos que cualquier legislación sobre extranjería debería recoger, es fácilmente asumible en el actual marco legal español y es un documento generado por Naciones Unidas. No encontramos motivos para que el gobierno español no se adhiera al mismo, sobre todo después de que el parlamento español haya aprobado recientemente promover la firma de la Convención.
– Que se acabe de manera real con la explotación laboral que hace especial mella en el colectivo inmigrante, y con los abusos de muchos empresarios, que suponen una merma de condiciones y calidad en el empleo para todos los ciudadanos, autóctonos y extranjeros. Merecen especial atención sectores como el agrícola o el del trabajo doméstico, en los que se deben incrementar las inspecciones laborales.
– Que se desarrollen vías legales efectivas y permanentes para la regularización de las personas en situación administrativa irregular. El actual arraigo laboral se muestra ineficaz para este objetivo, y el plazo de tres años para el llamado arraigo social condena al limbo jurídico a más de un millón de personas en nuestro país.
– Que se modifique la legislación de extranjería para cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró nulas las restricciones a los derechos de sindicación, asociación y huelga de los trabajadores inmigrantes en situación irregular.
– Que se eliminen las restricciones al cambio de la actividad laboral y su ámbito geográfico durante la duración del primer permiso de trabajo. Se resuelven así muchas situaciones en las que la persona extranjera queda sin empleo por despido o incumplimiento del empresario, siendo requerido en otro sector o territorio.
En definitiva, afirmamos la necesidad de defender, reivindicar, aplicar, el trabajo digno para todas las personas trabajadoras, frente al trabajo forzado, esclavo y precario al que quieren condenar a millones de personas por no haber nacido en nuestros países.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y Unión Sindical Obrera