India es el segundo país más poblado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos. Mientras que por una parte Rusia y China están coqueteando con India para crear un contrapoder real a los Estados Unidos (1), la oligarquía de este país quiere romper para siempre esta hipotética alianza y para ello […]
India es el segundo país más poblado del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más desconocidos. Mientras que por una parte Rusia y China están coqueteando con India para crear un contrapoder real a los Estados Unidos (1), la oligarquía de este país quiere romper para siempre esta hipotética alianza y para ello utiliza el asunto nuclear. Sin embargo, la propuesta de EEUU de compartir tecnología y combustible nuclear con India no cuenta con el beneplácito hindú en un tema crucial: la realización o no de nuevas pruebas nucleares. EEUU se opone a ello, mientras que India considera que plegarse a las exigencias estadounidenses limitaría su derecho a procesar combustible atómico empobrecido, un paso clave para la obtención de plutonio, y limitaría su soberanía.
Esta no es sólo la postura oficial del gobierno, sino de la oposición (izquierdista y derechista) y de los científicos, que exigen que el acuerdo no se ratifique si antes no lo hace el Parlamento. En esto tanto el Partido Comunista de India (marxista), que tiene 44 escaños de un total de 543 que tiene el Parlamento de Nueva Dehli, como el derechista Bharatiya Janata (138 escaños) están de acuerdo y sin ellos no es posible conseguir la mayoría suficiente en el Parlamento de Nueva Dehli. La presión es de tal calibre que si el primer ministro, Manmohan Singh, lo ratificase sin esa aprobación parlamentaria significaría el punto final de su gobierno de coalición. Merece la pena mencionar que el gobierno está formado por una alianza de tres partidos centristas liderados por el Congreso Nacional de la India (145 escaños), el Rashtriya Janata Dal (21 escaños) y el Dravida Munnetra Kazhagam (16 escaños), apoyados desde fuera del gobierno por el Frente de Izquierda (Partido Comunista de India -Marxista- 44 escaños, y el Partido Comunista de India, 10 escaños) junto a otros partidos de corte regionalista y étnico.
La Administración Bush inició el proceso de acercamiento a India en la cuestión nuclear en marzo de 2006, coincidiendo con el comienzo de la crisis nuclear con Irán (2). Ese acercamiento consistía en el reconocimiento, por parte de EEUU, de la capacidad nuclear de India y se justificó como parte del empeño de Bush de prevenir la extensión de armas nucleares, evitar la carrera de armamentos entre India y Pakistán y reforzar las relaciones entre los EEUU e India. Se terminaba así con un embargo en materia nuclear de 30 años, impuesto a India -que no es signatario del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, mientras que Irán sí lo es- en 1974, cuando realizó su primera prueba atómica. En virtud de ese acuerdo, que ahora está en el aire, India aceptaría la presencia de inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en 14 de sus instalaciones nucleares y separaría claramente los aspectos civiles y militares de su programa nuclear.
Pero el acuerdo iba más allá: se pretendía que India rompiese todos sus acuerdos, energéticos y militares, con Irán. La oferta de los EEUU incluía un reforzamiento de los lazos comerciales con Kazajstán y Turkmenistán, dos estados asiáticos con grandes reservas energéticas, especialmente gas, así como con Afganistán y Pakistán para contrarrestar la carencia energética de India si rompía con Irán.
Tanto India como Pakistán tienen firmado un convenio con Irán para construir un oleoducto, el «oleoducto de la paz», para distrubuir gas a los tres países -con un montante económico de 7.000 millones de dólares- y que se espera esté finalmente concretado de manera formal el 30 de junio. Esto es algo que los EEUU intentan evitar a toda costa puesto que para finales de este mes tiene previsto volver a la carga en el Consejo de Seguridad de la ONU con una nueva batería de sanciones, más duras, contra Irán por no haber parado su programa nuclear. Ya se están produciendo las primeras presiones estadounidenses hacia los países que componen el CS de la ONU para que las empresas gasísticas se incluyan dentro de las sanciones (3). Como de costumbre, la política exterior de EEUU conlleva una innegable dosis de presión y, en este caso, no es menor: a cambio de la firma del acuerdo nuclear la Administración Bush apoyaría el ingreso de India en el Consejo de Seguridad de la ONU en calidad de miembro permanente, aunque sin derecho a veto.
Según la reforma de la ONU que inició con timidez Kofi Annan, el Consejo de Seguridad de la ONU sería ampliado tiendo en cuenta la nueva realidad mundial y se integrarían en el mismo en calidad de miembros permanentes, pero sin derecho a veto, Alemania por Europa, Nigeria o Sudáfrica por África, Brasil o México por América Latina e India o Japón por Asia. El criterio que manejaba Kofi Annan era el peso democráfico y económico, adornándolo con criterios de una mayor representación en el órgano ejecutivo de la ONU de los diferentes pueblos y culturas.
La insurrección maoísta y la lucha por la tierra
India aspira a convertirse en un poder regional sin rivales hacia 2015. Para conseguirlo, es vital que tenga garantizadas sus necesidades energéticas (petróleo y gas, preferentemente) y es en este aspecto en el que la energía nuclear juega un importante papel. Desde su independencia de Gran Bretaña, India ha intentado sacar partido de lo que se puede denominar «economía de dimensión», es decir, sacar provecho de su potencial geográfico y poblacional. Sin embargo, a pesar de las enormes diferencias sociales las fuerzas revolucionarias o, si se prefiere, de izquierda han progresado con dificultad puesto que el capitalismo se ha seguido desarrollando lentamente, pero de forma constante en una situación que puede explicarse porque desde el mismo momento de la independencia (en 1947) dispuso de una industria relativamente desarrollada y de una burguesía rica, poderosa y muy hábil tanto en el ámbito de la política internacional (no hay que olvidar el peso de India en la creación del Movimiento de Países No Alineados) como en el nacional, compaginando las medidas sociales -aunque sin abolir el sistema de castas- con las propiamente capitalistas.
Sin embargo, durante los últimos 18 años India ha venido impulsando políticas neoliberales, desmantelando paulatinamente su economía centralizada y privatizando los principales sectores al abrigo de una batería de leyes que han protegido las Inversiones Extranjeras Directas, de forma especial las de origen estadounidense que en este tiempo han pasado de los 76 millones de dólares a los 4.000 millones. En estos momentos el producto interior bruto de India se sitúa en los 786.000 millones de dólares, cuatro veces el del resto de países del sur de Asia.
Esta política ha favorecido el auge de una clase media cercana a los 300 millones de personas, los que ven las películas de Bollywood, emigran a Europa o Estados Unidos y se aislan, cada vez más, de las clases más desfavorecidas no sólo en las tradicionales divisiones en castas, sino en cuestiones económicas. Se estima que más de 700 millones de indios viven en la pobreza más absoluta. Casi la práctica totalidad de ellos son campesinos que viven de sus parcelas de terreno que no llegan a la hectárea y que dependen de las grandes empresas privadas para el suministro de semillas, abonos y materiales. Además, tienen que sobrevivir en medio de impresionantes proyectos industriales (extracción de minerales, especialmente) e hidráulicos que anegan sus tierras o se las expropian a precios irrisorios. A ello hay que sumar la opresión tradicional que las castas inferiores vienen sufriendo desde tiempos inmemoriales y la presencia, cada vez mayor, de los paramilitares al servicio de los grandes propietarios.
No es de extrañar, por lo tanto, que en estos momentos en India se esté extendiendo como una mancha de aceite por el papel una insurrección maoísta que abarca ya a 14 de los 28 estados de India (Chatisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Asma, Uttaranchal, Kerala, Tamil Nadu, Bengala Occidental, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhya, Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar) y que, en cifras, significa que en 165 distritos -de un total de 602 en que está dividido administrativamente el país- son los maoístas quienes controlan la situación. De hecho en los cinco últimos estados mencionados más arriba se puede hablar de que es un hecho el «poder popular de nueva democracia» que proclaman los maoístas puesto que son ellos quienes controlan el poder en todo el campo, cobran impuestos a las grandes empresas en sus zonas de influencia, construyen diques, sistemas de regadío, imparten justicia, disciernen los problemas de lindes de tierras entre los campesinos y han suprimido, por ejemplo, los matrimonios entre niños. El primer ministro Singh reconoció el avance maoísta el 23 de agosto de 2006 al afirmar, de manera solemne en el Parlamento, que «se han convertido [los maoístas] en el desafío interno más grande para la seguridad que tiene India» (4).
Paramilitares al estilo centroamericano
Para hacer frente al auge maoísta el gobierno de Nueva Dehli puso en marcha la conocida estrategia de los EEUU en Vietnam y perfeccionada después en América Central durante los procesos revolucionarios de El Salvador y, sobre todo, Guatemala: la creación de las aldeas estratégicas y la formación de patrullas paramilitares que defenderían esas aldeas (las Patrullas de Autodefensa Civil de Guatemala). En India son conocidos como Salwa Judum (que se traduciría como «Cazadores de la paz») y tienen la categoría de «agentes policiales especiales» en los poblados campesinos. Son especialmente activos en Chatisgarh y es contra ellos contra los que está centrando en estos momentos su ofensiva la guerrilla. El 15 de marzo una emboscada causó 50 muertos una fuerza conjunta de paramilitares y policías (5). La principal actividad de los paramilitares es el desplazamiento forzado de campesinos hacia «campos temporales» que ha creado en las áreas de Bhairamgarh, Gedam y Bijapur y en los que se hacinan en estos momentos 50.000 personas (6).
Pagados por terratenientes y por el propio estado indio, los paramilitares cobran un sueldo estimado en 1.500 rupias mensuales (unos 26 euros). La guerra contrainsurreccional, como en los países centroamericanos mencionados o en Perú y Colombia, intenta cortar a base de terror el avance de la guerrilla. Se estima que son unos 5.000 los integrantes del Salwa Judum y el ideólogo, al estilo de los paramilitares colombianos que amparó el actual presidente, álvaro Uribe, durante su etapa como gobernador de Antioquia, fue el principal dirigente del Partido del Congreso en Chatisgarh. Este es el partido al que pertenece el presidente Singh. A ellos hay que sumar unos 2.000 policías «contraterroristas», que han seguido un curso de formación similar al que dio origen al tristemente célebre Batallón Atlacal de El Salvador, que cometió innumerables asesinatos masivos, vejaciones, intimidaciones y desplazamientos forzosos. Por si esta formación paramilitar no es suficiente para parar a la guerrilla, el gobierno otorga, además, recompensas de un millón de rupias (unos 17.000 euros) por la delación de los principales dirigentes guerrilleros.
Esta estrategia está en marcha preferentemente en la «zona roja», denominación que el gobierno hindú otorga a los estados de Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Maharashtra y Bihar, aunque en los últimos meses se ha desatado una impresionante campaña militar guerrillera en Chatisgarh que ha hecho que el ejecutivo de Nueva Delhi ponga sus ojos en este estado dejando un poco aparcados sus planes en los anteriores. La razón del por qué los maoístas se están centrando en Chatisgarh es que este estado, junto al de Jharkhand, se está conviertiendo en la punta de lanza de la política neoliberal del gobierno tras firma de suculentos contratos de millones de dólares con las grandes corporaciones industriales, nacionales y multinacionales, del acero, hierro, carbón y de la electricidad que van a suponer un nuevo auge del éxodo de campesinos a los barrios miseria de las ciudades. De hecho, el más reciente ataque guerrillero se produjo el 3 de junio contra la central eléctrica de Narayanpur, un distrito de Chatisgarh (7).
Los maoístas suelen ser muy parcos a la hora de reivindicar sus acciones. Es un hecho que el control guerrillero de este estado es casi total, con 10 de los 16 distritos que lo componen en su poder (8) y que sus acciones militares con cada vez más audaces, incluyendo atentados contra autoridades, policías, representantes políticos y objetivos estratégicos económicos e industriales.
La pretensión gubernamental es circunscribir la presencia maoísta en esa «zona roja» y evitar que se extienda con igual fuerza por el resto del país. Una vez conseguido el objetivo, la represión se centraría en lo que se puede denominar «bases de apoyo» o zonas liberadas. No obstante, son los diferentes estados quienes tienen responsabilidad en cuestiones de seguridad y no el gobierno central, de ahí que en la represión participe la policía y no el Ejército, y hay diferentes opiniones sobre la mejor forma de enfrentarse al auge guerrillero. En Andhra Pradesh hay una tendencia a entablar negociaciones directas mientras que en Chatisgarh se fomenta el fenómeno paramilitar, por mencionar los dos ejemplos más extremos. En estas posturas influye en papel que la izquierda moderada tiene en los diferentEs gobiernos e, incluso, en el gobierno central que sin este apoyo caería, como se ha dicho más arriba. Esa es la razón por la que se están intentando poner en marcha tímidas reformas agrarias en toda India y que tiene como experiencia piloto la que en 2005 se puso en marcha en el Estado madre de la guerrilla: Bengala Occidental.
Por el momento, la guerrilla está dejando a un lado las ciudades para centrarse en el control total del campo, siguiendo la vieja estretagia de cercar las ciudades desde el campo. La estrategia es penetrar en las áreas rurales, consolidarse en ellas y, una vez que consideran seguras sus bases de apoyo, ir estableciendo coordinaciones eficaces y efectivas entre las diferentes células en otros Estados. Es la estrategia clásica y que tan buenos resultados ha dado en Nepal. Al igual que sus camaradas nepalíes, los maoístas indios respetan a los cargos locales -incluyendo a policías- si el pueblo considera que son honestos y no están comprometidos en casos de corrupción o represión. También respetan a las empresas que están instaladas en sus zonas de influencia, pero las cobran un «impuesto revolucionario», que oscila entre el 15 y el 20% de sus beneficios, con el que financian sus actividades.
Historia de los naxalitas
Los maoístas hindúes son conocidos como naxalitas, denominación que surge del poblado de Naxalbari, perteneciente al estado de Bengala Occidental, donde tuvieron lugar las primeras acciones armadas de una organización denominada Grupo Guerrero del Pueblo, brazo armado del Partido Comunista de India (marxista-leninista), que con la consigna de una reforma radical de la propiedad de la tierra mantiene desde los años 60 en jaque al estado indio. Aunque la rebelión que impulsaron -toma de tierras, quema de registros del catastro de propiedad, derogación de las deudas hipotecarias de los campesinos y ejecución de los más significados opresores y usureros- apenas duró tres meses, terminó con una durísima represión que causó más de 10.000 muertos y la casi desaparición de los cuadros de la organización. Pero algunos grupos siquieron activos aunque sin contacto entre ellos. Eso provocó el fraccionamiento del PCI (m-l) que ha durado hasta el año 2003, cuando el Centro Comunista Maoísta y el Centro Revolucionario Comunista de la India se unifican formando el Centro Comunista Maoísta de la India (CCMI) y, un año más tarde, en 2004, se produce otra unificación con una tendencia del PCI (m-l) denominada «Guerra Popular». Así es como surge el actual Partico Comunista de India (maoísta) y su principal lema es «combate contra el feudalismo y el imperialismo».
Si hay que hacer caso a los informes de los servicios de inteligencia de India, maoístas de ese país se han «fogueado» en la guerra popular revolucionaria de Nepal, donde habrían adquirido mayor formación política y experiencia militar. Estos servicios de inteligencia estiman que el Ejército Guerrillero del Pueblo (nombre de la rama militar de los maoístas indios) contaba el año pasado con 8.000 combatientes, 25.000 milicianos -defienden las bases de apoyo y realizan labores de inteligencia y ayuda logística a los combatientes- y 50.000 cuadros políticos. Cifras pequeñas si se tiene en cuenta que India es un país con cerca de 1.000 millones de habitantes, pero el rápido desarrollo del movimiento maoísta ha encendido las alarmas entre la élite política india (9). La miseria de dos terceras partes de la población india y la opresión social se contraponen a los deseos de la élite de convertirse en una potencia regional al calor del arma nuclear y el acuerdo con los EEUU. Hoy los naxalitas son una realidad que hay que tener en cuenta. Tal vez los occidentales que recalan en India hayan podido comprobar que «naxa» ha pasado al vocabulario de los hindúes como expresión equivalente a «campesino rebelde» y que la lucha, actual y pasada, de los naxalitas forma parte de la cultura india moderna, incluso en el ámbito cinematrográfico.
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(1) Rajiv Sikri, «¿Están los líderes de India, China y Rusia preparados para un desarrollo radical?
http://www.nodo50.org/ceprid/territorios/rrii/
(2) Alberto Cruz, «India e Irán: otra muestra de la hipocresía occidental «http://www.rebelion.org/noticia.php?id=27805
(3) Asia Times, 1 de junio de 2007.
(4) Cristian Science Monitor, 28 de agosto de 2006
(5) France Press, 15 de marzo de 2007.
(6) The Indian Express, 7 de junio de 2007.
(7) The Hindu, 3 de junio de 2007.
(8) Prensa Latina, 15 de marzo de 2007.
(9) The Pioneer, 27 de abril de 2006.
Alberto Cruz es periodista, politólogo y escritor. Especializado en Relaciones Internacionales.