El tan esperado informe sobre los uigures ha salido a la luz. Es tajante con China, pero contradice los reproches masivos que han circulado en Occidente. El informe ha sido objeto de muchas disputas y amenaza con convertirse en un arma en el gran juego geopolítico entre Occidente y China.
Contexto
Se ha hecho esperar, pero por fin se ha publicado el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) sobre los uigures. Los uigures son un grupo de población musulmana de Xinjiang, una provincia del oeste de China.
Hay mucha controversia sobre este grupo de la población. En particular los países occidentales acusan a China de «genocidio cultural», mientras que los países del Sur [1], entre los que se encuentran varios de los principales países musulmanes, tienen una opinión completamente diferente. Por ejemplo, en la cumbre de la Organización de Cooperación Islámica celebrada en Pakistán en marzo de 2022 China fue invitado de honor.
También se han difundido por el mundo muchas noticias falsas sobre los uigures. No debería sorprendernos. China cada vez se critica más desde Occidente. El uso de los derechos humanos a la carta es un medio comprobado para arrinconar a los países y ganarse a su propia opinión pública.
El informe en sí ha sido objeto de un gran debate. Se tardó tres años en conseguir el permiso para publicarlo. Hubo mucha presión tanto de los gobiernos occidentales como de Pekín sobre el contenido y la fecha de publicación. En este contexto de disputas y lucha por la influencia la neutralidad es un concepto relativo.
El informe parte del hecho de que el punto de vista chino hacia los uigures que se ha criticado se produce en un contexto de «disturbios e incidentes violentos que el gobierno chino considera como actos terroristas». En 2009 los disturbios racistas provocaron 197 muertes, en su mayoría eran chinos han.
A esto le siguieron unos 300 atentados terroristas que causaron decenas de muertos. Durante la guerra civil en Siria miles de extremistas musulmanes uigures actuaron allí y tarde o temprano regresarían a su tierra natal. Según la conocida revista estadounidense Foreign Policy, cada vez quedaba más claro que China se había convertido en un nuevo objetivo de la yihad.
En respuesta a estos graves atentados terroristas Pekín ha adoptado una fuerte política antiterrorista.
La ACNUDH publicó simultáneamente a este informe otro informe de 121 páginas sobre China en el que se afirma que la lucha del Estado contra el terrorismo en la región es «necesaria y justa», se desarrolla dentro del «estado de derecho» y «garantiza los derechos humanos». Sin embargo, la ACNUDH considera que el planteamiento antiterrorista chino es «muy problemático» en lo referente al respeto de los derechos humanos.
El informe
El informe de la ONU se basa, por un lado, en 40 entrevistas en profundidad a testigos y, por otro, en una serie de documentos oficiales chinos[2] que, según el informe, son «muy probablemente auténticos». En ambos casos, sin embargo, no está claro si se trata de casos individuales o de un patrón de comportamiento del gobierno chino. En cualquier caso, todo individuo tiene derecho a que se respeten sus derechos humanos.
La ACNUDH no suele aportar pruebas fehacientes de las numerosas acusaciones que aparecen en su informe. Además de los testimonios individuales, el organismo de la ONU extrae conclusiones o estimaciones basadas en determinados indicadores. Por eso el informe habla a menudo en modo condicional.
Por ejemplo, dice que “El alcance de la detención arbitraria y discriminatoria … puede constituir crímenes internacionales, en particular crímenes contra la humanidad” (la cursiva es nuestra).
Resumimos las principales conclusiones del informe:
La principal acusación se refiere a los llamados «Centros de Educación y Formación Profesional». Un gran grupo de uigures fue privado temporalmente de su libertad y obligado a asistir a clases en esos centros. Así fue, al menos, entre 2017 y 2019.
Aunque se hizo de acuerdo con la legislación china, la privación de libertad fue, según el ACNUDH, «arbitraria» porque los criterios eran demasiado vagos o demasiado estrictos. Así, muchas personas acabaron en los centros por «extremismo», una acusación arbitraria según la ACNUDH.
Según la ACNUDH, hay pruebas creíbles de que varios uigures fueron sometidos a «tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes», así como a «violencia sexual y de género» en estos centros.
Se calcula que hay entre «decenas de miles y más de un millón» de personas afectadas. El informe no puede dar cifras más precisas porque el cálculo se hizo, entre otras cosas, a partir de un informe de un secretario local del partido y de imágenes por satélite de «edificios amurallados» que, sin embargo, no son necesariamente tales centros [3].
Además, según la Comisión de la ONU, los uigures fueron sometidos a una planificación familiar obligatoria. El informe también menciona la destrucción de edificios religiosos, especialmente en los años 2017 y 2018. El gobierno chino lo contradice y dice que se trata de renovaciones.
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU es tajante con China, pero contradice las acusaciones masivas que han circulado en Occidente. El informe no menciona ningún «genocidio cultural» ni «campos de concentración» o «trabajos forzados a gran escala».
China, por su parte, se opone enérgicamente a las conclusiones del informe de la ONU, que, según ella, «ignora los logros alcanzados en Xinjiang en materia de derechos humanos», como la completa erradicación de la pobreza para finales de 2020.
También ignora, según Pekín, «el daño causado por el terrorismo y el extremismo a los derechos humanos de todos los grupos étnicos de Xinjiang». No se han producido atentados terroristas desde finales de 2016. Pekín también reconoce haber condenado a 13.000 personas por terrorismo y a 30.000 por actividades ilegales durante ese periodo.
Reacciones y comentarios
Los lectores críticos del informe cuestionan principalmente las dimensiones de las acusaciones y sus posibles consecuencias. Si las violaciones de los derechos humanos fueron tan graves y a tan gran escala, ¿por qué este problema no causó un ola de refugiados uigures?
A pesar de que las recomendaciones de la ACNUDH son moderadas, este informe se utilizará para intensificar la guerra económica contra China y para endurecer la presión militar sobre el país.
Además, hay mucho revuelo en Occidente sobre la cuestión de los uigures, lo que contrasta fuertemente con la actitud hacia la vecina India. Desde finales de 2019 se han construido campamentos en el norte del país para deportar a cientos de miles de los llamados «inmigrantes ilegales».
Los musulmanes son cada vez más el objetivo de persecuciones. En un ataque en marzo de 2020 murieron 45 personas. En 2021 se celebró un mitin en el estado norteño de Uttarakhand en el que los oradores pidieron un genocidio contra los musulmanes y otras minorías en nombre de la protección del hinduismo.
La provincia de Cachemira, de mayoría musulmana, está ocupada por más de medio millón de soldados indios. En 2020 se cortaron todas las conexiones telefónicas y de Internet durante meses. Se ha detenido sin cargos a 7.000 políticos, empresarios y otros ciudadanos destacados. Se prohibió toda reunión.
¿Por qué hay un silencio tan ensordecedor sobre todo esto por parte de nuestros políticos o en los principales medios de comunicación? ¿Por qué a uno se le permite hacer cualquier cosa, mientras que al otro se le juzga y se le trata con mucha severidad? Al parecer, los derechos humanos se utilizan como arma en el gran juego geopolítico.
En un discurso pronunciado en 2018 un antiguo jefe de gabinete del Departamento de Estado de EEUU ya indicó cómo se opdía utilizar la cuestión uigur para desestabilizar a China desde dentro. Una campaña de derechos humanos es una parte importante de dicha estrategia.
Notas:
[1] En la Comisión de Derechos Humanos de la ONU celebrada en octubre de 2021 43 Estados miembros de la ONU pidieron a China que permitiera inmediatamente la entrada de observadores independientes, mientras que otros 62 Estados miembros de la ONU, principalmente países del Sur, dijeron que había «desinformación».
[2] Se trata de los Cables de China, los Documentos de Xinjiang, la Lista Karakax, la base de datos de la Policía de Urumqi y los Archivos de la Policía de Xinjiang.
[3]
Se trata de un informe de un secretario local del partido que afirma
que en un determinado pueblo hubo que reeducar al 30% de la
población. Basándose en esto, el informe estima que hay desde
decenas de miles hasta más de un millón. «Sobre la base de la
información de que dispone actualmente el ACNUDH, no puede confirmar
las estimaciones del número total de personas afectadas por el
sistema de los CEPV».
(CEPV significa Centros de
Educación Profesional y Vocacional»).
Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y Rebelión como fuente de la traducción.