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Costa Rica

Interminable proceso de criminalización de los movimientos sociales

Fuentes: OMAL

El representante sindical y político Orlando Barrantes de Costa Rica, podría ser encarcelado injustamente. Con su prisión y sentencia se estaría criminalizando la protesta social y se le inhabilitaría políticamente. Junto a Barrantes, también está siendo procesado Iván Angulo, regidor municipal. Barrantes, quien es un luchador social desde hace más de treinta años, es el […]

El representante sindical y político Orlando Barrantes de Costa Rica, podría ser encarcelado injustamente. Con su prisión y sentencia se estaría criminalizando la protesta social y se le inhabilitaría políticamente. Junto a Barrantes, también está siendo procesado Iván Angulo, regidor municipal.

Barrantes, quien es un luchador social desde hace más de treinta años, es el Secretario General de CONATRAB (Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros), organización que aglutina a miles de trabajadores y ex-trabajadores bananeros que fueron expuestos al agroquímico Nemagón (DBCP) en las plantaciones durante la década de los años 70 y que vienen librando una dura lucha desde hace varios años en busca de justicia. A partir de noviembre de 2004 estos obreros agrícolas han presentado demandas en cortes norteamericanas en contra de las transnacionales Shell Oil, Occidental Company y Dow Chemical, fabricantes del Nemagón, Este agrotóxico provoca esterilidad, impotencia, cánceres en hígado, riñones y estómago, serios problemas en la vista, daños permanentes en la piel. Las mujeres expuestas al químico pueden sufrir alteraciones hormonales y abortos y a su descendencia malformaciones congénitas.

En julio de 2005 se inició el juicio contra Orlando Barrantes e Iván Angulo por hechos ocurridos hace cinco años, cuando la fuerza pública intentó detener una manifestación pacífica de obreros bananeros afectados por el DBCP y campesinos y hubo un enfrentamiento en el que algunos policías antimotines fueron retenidos por la multitud. Este hecho lo distorsiona el Ministerio Público calificándolo de «secuestro extorsivo», y pide 60 años de cárcel para ambos militantes.

El juicio ha sufrido diversos paralizaciones lo que ha hecho que se alargara hasta septiembre de este año cuando ha vuelto a ser suspendido. El desgaste a todos los niveles que supone este proceso a Barrantes y Angulo responde al intento de terminar con las fuerzas de Orlando y Angulo, y la defensa de su derecho denunciar y resistir los desmanes de las multinacionales y las políticas de liberalización y privatización. En estos momentos, Costa Rica está en trámites de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de forma que este juicio también se entiende como luna forma de acallar las protestas que puedan surgir al TLC.

Siguiendo la dinámica que viene repitiéndose durante más de un año, se ha vuelto a suspender el juicio el 6 de septiembre, ante esto y para presionar a las instancias judiciales se solicitan a los movimientos sociales que sigan enviando mensajes de apoyo a Barrantes y denunciando la arbitrariedad del juicio.