Las autoridades policiales -estatales y municipales- de Jalisco incurrieron en retenciones ilegales, tratos crueles, degradantes, torturas físicas y sicológicas en contra de las personas que el pasado 28 de mayo ejercieron su derecho de asociación y manifestación durante la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, asentó la […]
Las autoridades policiales -estatales y municipales- de Jalisco incurrieron en retenciones ilegales, tratos crueles, degradantes, torturas físicas y sicológicas en contra de las personas que el pasado 28 de mayo ejercieron su derecho de asociación y manifestación durante la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, asentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el informe especial en torno al caso.
Al dar a conocer el informe, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, apuntó que los casos de tortura y tratos crueles están sustentados en el Protocolo de Estambul.
Asentó que copias del documento fueron entregadas al presidente Vicente Fox; al secretario de Gobernación, Santiago Creel, para que se haga justicia, y a los legisladores, para que desde el Congreso de la Unión se apoye el informe.
»Parecían sospechosos»
Soberanes Fernández reprobó la actitud de las autoridades de Jalisco por no brindar las facilidades necesarias a la CNDH ni a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a las que se impidió el acceso a las instalaciones donde fueron llevados y sujetos a interrogatorios los 118 detenidos. Puntualizó que si bien ese día algunos de los participantes rebasaron los límites de su derecho a manifestarse y de obedecer la ley, los funcionarios de la seguridad y vigilancia de la cumbre se excedieron en el uso de la fuerza pública y vulneraron los derechos relativos a la dignidad humana, integridad física, legalidad y seguridad jurídica.
Incluso, después de disolverse la manifestación y hasta las dos de la madrugada del 29 de mayo, elementos de seguridad pública de Guadalajara y del estado realizaron razias en los alrededores del centro histórico y detuvieron a personas que »parecían sospechosas» por su forma de vestir, color de ropa, apariencia física o porque se creía que habían participado en la manifestación. Ese 28 de mayo, 73 personas fueron retenidas ilegalmente, 55 sujetas a tratos crueles y degradantes, 73 incomunicadas y hubo 19 casos de tortura; esta última consistió en sufrimientos físicos y sicológicos como amarrar las manos a la espalda con cinta canela, esposarlos e hincados colocarles una bolsa de plástico en la cabeza para provocarles asfixia momentánea y se declararan responsables de la comisión de diversos delitos.
De acuerdo con el informe especial, una persona -quien solicitó se mantuviera su nombre en reserva- narró que elementos de seguridad pública del estado lo golpearon, lo trasladaron a las instalaciones de su corporación y a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. Allí fue encerrado en una celda y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza en cuatro ocasiones, hasta que proporcionó información que los dejó satisfechos; después le cubrieron el cuerpo con otra bolsa de plástico negro y la cabeza con una de papel; posteriormente lo llevaron celda por celda para que señalara a algunas de las personas detenidas como responsables de la comisión de algún ilícito.
Otros detenidos declararon que, después de ser detenidos, elementos policiacos los golpearon, subieron a la parte posterior de las camionetas pick up y los colocaron boca abajo, unos encima de otros, sin importar si estaban heridos, sexo, ni edad; quienes quedaron en contacto con la lámina de las camionetas refirieron que ésta les quemaba el cuerpo.
Al llegar a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado fueron separados hombres, mujeres y extranjeros, y tuvieron que pasar entre filas de policías, quienes los patearon y golpearon con manos y toletes, y les ordenaron que se colocaran boca abajo con los codos apoyados en el piso y las piernas cruzadas; permanecieron así varias horas.
Las mujeres, incluso algunas menores de edad -se apunta en el informe especial-, fueron sujetas a una revisión indigna, ya que las colocaron viendo hacia la pared y con las manos en la nuca; después las llevaron a los separos, de dos en dos; allí, mujeres policías las obligaron a desnudarse y a realizar sentadillas; mientras efectuaban esos »ejercicios» los policías varones abrían las puertas para observarlas.
La CNDH destacó que las autoridades de la seguridad y vigilancia se apartaron de los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo que les son exigibles, abusaron de la fuerza e incurrieron en violencia, »desviaciones que pueden conducir al uso abusivo del poder».
Recomendación al gobernador
En el informe especial, la CNDH recomendó al gobernador de Jalisco, el panista Francisco Ramírez Acuña, gire las instrucciones necesarias para iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos de la Dirección General de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia y de las autoridades del Reclusorio Preventivo de Jalisco; a estas últimas por el trato denigrante a las personas detenidas el 28 de mayo.
Demandó que se dicten los lineamientos necesarios y oportunos para prevenir y evitar que, en el ejercicio de su cargo, los empleados de seguridad pública, de la procuraduría estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara sometan a particulares a retenciones ilegales, incomunicación y tratos crueles, degradantes o cualquier otro contrario a los derechos humanos. También, que se inicie la averiguación previa respectiva para que se deslinden las responsabilidades a que haya lugar.