Con ocasión de la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz, Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones sociales, denuncia los dramáticos impactos de las políticas comerciales y de inversión que rigen las relaciones iberoamericanas, destacando la grave situación de los derechos humanos en Colombia. Frente al reclamo del sector empresarial y algunos mandatarios en Cádiz, de […]
Con ocasión de la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz, Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones sociales, denuncia los dramáticos impactos de las políticas comerciales y de inversión que rigen las relaciones iberoamericanas, destacando la grave situación de los derechos humanos en Colombia.
Frente al reclamo del sector empresarial y algunos mandatarios en Cádiz, de profundizar las políticas neoliberales a favor de una minoría y desregular -todavía más- normativas de protección a los derechos sociales y laborales y al medioambiente, Ecologistas en Acción considera que «se está aprovechando la crisis para imponer feroces ajustes estructurales que el poder económico viene exigiendo desde hace tiempo». «La disminución de los salarios y la protección social o la privatización de servicios públicos son medidas que han sido aplicados durante décadas en América Latina y han generado gravísimas desigualdades y violencias», añade.
Según Ecologistas en Acción, el gobierno español, igual que sus socios de la Unión Europea, pretenden «salir de la crisis» exportando más a Latinoamérica e importando -barato- materias primas. Los tratados comerciales y de inversión entre la UE y los países latinoamericanos incluyen la liberalización de los servicios financieros que profundizan el mismo modelo que provocó la actual crisis financiera y económica. Se pone en peligro la existencia de los servicios públicos como la salud, educación, etc. abriendo las compras publicas a las empresas transnacionales en detrimento de las empresas locales. Además privilegian la «seguridad jurídica de los inversionistas», tan aclamada en la Cumbre de Cádiz, aplastando los Derechos Humanos y causando una mayor crisis ambiental.
Para garantizar el abastecimiento de la Unión Europea con materias primas a bajo costo los Tratados de Libre Comercio y de Inversión amplían el modelo extractivista y el carácter exportador de materias primas de países como Colombia, Perú, Argentina, Chile, Brasil o Guatemala, con graves consecuencias ambientales y sociales, así como sobre los territorios y comunidades, que sufren asesinatos, desplazamientos y contaminación de sus medios de subsistencia.
En una carta enviada al Gobierno español, anfitrión de la XXII Cumbre Iberoamericana, a la Comisión Europea y al Parlamento Euro-Latinoamericano (EuroLat), reunido la semana pasada en Cádiz, organizaciones de Derechos Humanos, sindicales, campesinas, indígenas, afro-descendientes, feministas, víctimas de conflicto armado, estudiantiles, ecologistas y ONG para el desarrollo solicitaron la no ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Colombia-Perú, por un lado y con Centroamérica por otro.
«Todas estas políticas antidemocráticas se están llevando a cabo a espaldas de las mayorías de la población. Bajo el falso argumento de que no hay alternativas, intentan conseguir lo que siempre desearon: un estado de excepción permanente para la eliminación del Estado de Bienestar, así como el expolio de los recursos y la mercantilización de la naturaleza y los Comunes», opina la organización ecologista.
Con ocasión del foro empresarial en el marco de la XXII Cumbre Iberoamericana, Ecologistas en Acción denuncia también las grandes corporaciones y bancos porque son responsables de la actual crisis global, a su vez presionan a favor de medidas más duras contra la población y además son los más beneficiados de todas las «medidas de choque» con excusa de la «crisis» (planes de rescate a la banca, fondos de la UE en infraestructuras, etc.). «Con particular crudeza en los países del Sur global, pero también en los países enriquecidos, las corporaciones privatizan los servicios públicos y expolian los recursos, esclavizan la mano de obra y violan a los derechos humanos. Su creciente monopolio económico, poder político y el control de la justicia, destruyen nuestro derecho a una vida digna», subraya Ecologistas en Acción.
Por otro lado y con ocasión de la presencia en Cádiz del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Ecologistas en Acción se solidariza con las Víctimas del Terrorismo de Estado en Colombia, exigiendo el fin de la guerra. «Santos habla de la paz mientras sigue haciendo la guerra contra las comunidades campesinas e indígenas. Militariza los territorios causando violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, y aumenta las fuerzas militares a más de 490.000 efectivos antes de final del año. Santos habla de la paz y crea un marco jurídico para la paz que en el fondo es una cortina de humo para los militares responsables de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos», denuncian en sus comunicados.
«Santos habla de la paz mientras proyecta una reforma de impuestos que reduce el pago de impuestos a las corporaciones transnacionales y trata de beneficiar la impunidad de otra decena de políticos que han llegado al Senado con el apoyo de los grupos paramilitares», advierten.
Ecologistas en Acción denuncia la constante intervención política y militar de EE.UU. en Latinoamérica a través del Plan Colombia, el Comando Sur, la IV Flota, el Plan Puebla-Panamá, etc., así como otros hechos preocupantes relativos a la violencia militar: un incremento del 150% durante los últimos 5 años en compras de armamento en la región, el aumento de los efectivos militares y la continuidad, aunque ya algo matizada, de los militares en los asuntos internos de los países de la región.
Como alternativas a la agenda de la Cumbre Iberoamericana, Ecologistas en Acción demanda un cambio radical en las políticas comerciales y de inversión entre los países iberoamericanos. La retirada de toda legislación y recortes aprobadas contra los derechos la población y una protección económicos suficiente para los millones de personas desempleadas. Garantía de acceso universal a los servicios públicos y una reforma fiscal aumentando la tributación de las empresas y grandes fortunas. La Auditoría de la deuda pública y dejar de pagar toda aquella deuda ilegítima y de sus intereses. La socialización de las ganancias de los bancos y su conversión en una banca pública, así como una fuerte regulación de la economía financiera prohibiendo todo tipo de especulación y derivados financieros.
Por su importancia, publicamos aquí:
MANIFIESTO FEMINISTA Y SOCIAL ANTE LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA EN CÁDIZ, 16 y 17 de noviembre de 2012
Ante la celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefaturas de Estado y de Gobierno, en el marco del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que supuso un avance liberal al abolir el feudalismo y proclamar la soberanía popular, la división de poderes, el derecho a la educación y la libertad de expresión y permitir las Juntas latinoamericanas, precursoras de la independencia. Tomando nota que no se reconoció la ciudadanía a las mujeres y ninguna mujer participó en su elaboración.
Las organizaciones feministas y sociales del estado español, Portugal, América Latina y el Caribe, y las mujeres y hombres abajo firmantes DENUNCIAMOS:
● Las medidas adoptadas por numerosos Estados para hacer frente a la crisis global del sistema capitalista neoliberal, dirigidas a explotar los bienes comunes, privatizar los recursos públicos y medioambientales, y mercantilizar los derechos humanos. Como afirmó en la XXI Cumbre Iberoamericana su anfitrión, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, depuesto por un Golpe de Estado el pasado junio, el actual modelo muestra la ‘incapacidad para generar un crecimiento sano y un desarrollo inclusivo’.
● El incumplimiento, bajo el pretexto de la crisis financiera, de los Derechos Humanos universales, así como de los acuerdos y compromisos suscritos por los Estados, entre ellos los de las propias Cumbres Iberoamericanas anteriores, en especial los llamamientos al Buen Gobierno y a la defensa de los Estados como garantes de los derechos de la ciudadanía, incluyendo a los colectivos más vulnerables a la pobreza y la exclusión, y como redistribuidores de los recursos y promotores activos de la igualdad de oportunidades, la justicia y la cohesión social.
● La aplicación de políticas y medidas de ajuste que vacían, de facto, a los Estados excluyendo a la mayor parte de su ciudadanía -entre ella los y las más jóvenes- del acceso a condiciones de vida dignas, a la igualdad y a un futuro esperanzador.
● La priorización de ‘los mercados’ sobre las personas, y el ‘secuestro’ de las democracias que se traduce en ofensivas contra la soberanía popular, la socialización de las pérdidas del sector financiero, la desregulación y privatización de bienes públicos y el fomento de una economía especulativa.
● El incremento de la feminización del cuidado de la infancia y las personas mayores en situación de dependencia, a consecuencia de los recortes de los servicios públicos.
● La ofensiva neoconservadora y patriarcal sobre los roles familiares y los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto, atacando la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir.
Por ello, DEMANDAMOS a los representantes de los Estados:
1. El reconocimiento de la participación democrática, los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia y la diversidad, y el desarrollo económico equitativo como ejes que estructuran las políticas públicas.
2. La elaboración de políticas en pro del pleno empleo y el empleo decente, así como en el acceso universal a la educación, la salud y la protección social universal de calidad, como camino a la inclusión social y la equidad.
3. Estados democráticos, laicos, garantes de derechos, valedores del efectivo desarrollo de políticas públicas, libres de prejuicios e imposiciones religiosas, respetuosas con los derechos humanos, especialmente de las mujeres, minorías de toda condición, pueblos indígenas y migrantes.
4. El reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad plurinacional, pluri-étnica e intercultural, así como afectivo-sexual, de género y diversidad funcional como centro del desarrollo, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos.
5. El respeto y garantía de los compromisos acordados con la igualdad, los derechos de las mujeres así como el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas para las mujeres. Todo ello acompañado de recursos suficientes para hacer efectivo el ejercicio de estos derechos, incluidos muy especialmente los derechos sexuales y reproductivos, el aborto legal y seguro, y el derecho a una vida libre de toda forma de violencia.
6. El fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada y de los movimientos sociales, en toda su diversidad, como actores políticos y sociales garantes del Buen Gobierno y las democracias, y la no criminalización de los movimientos sociales críticos.
7. La rendición de cuentas públicas y el fortalecimiento de espacios y mecanismos para la participación sustantiva de la sociedad civil y los pueblos en los procesos políticos.
8. Aplicar políticas conducentes al desarrollo económico inclusivo y sostenible que den respuesta a los problemas reales de la ciudadanía dirigidas a reducir la pobreza, favorecer la igualdad de oportunidades y estimular la creación de empleo decente.
9. Propiciar la igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y económico, propiciando la autonomía económica de las mujeres con políticas adecuadas que eliminen las brechas de desigualdad, y garantizando la representación equilibrada en todos los ámbitos de decisión.
10. Consolidar un modelo de desarrollo productivo sustentable, que garantice la vivienda digna, el acceso a la tierra y promueva la soberanía alimentaria.
11. Los Estados deben apoyar el trabajo decente con calidad, con protección social universal y con sistemas contributivos progresivos que garanticen la distribución de la riqueza y la sustentabilidad de una sociedad justa.
12. Promover medidas que incrementen las oportunidades laborales y de desarrollo personal para la juventud, mujeres, migrantes, colectivos marginalizados y precarios entre otros.
13. El fin de la impunidad de la concentración injusta e indecente de recursos, que produce acumulación de pobreza y desigualdad, ya sea al interior de los países o entre éstos.
Las organizaciones sociales y feministas iberoamericanas NOS COMPROMETEMOS, por nuestra parte, a:
A. Defender las democracias realmente inclusivas, participativas, equitativas y justas.
B. Continuar con nuestra labor de seguimiento de la aplicación y respeto de los compromisos políticos y legales acordados, exigiendo su cumplimiento.
C. Seguir transformando las prácticas hegemónicas y excluyentes que privilegian el consumo en detrimento de la ciudadanía, poniendo en valor otros modos respetuosos con la tierra, la gestión sostenible de los recursos medioambientales y humanos, los usos equitativos del tiempo y los cuidados, y la absoluta soberanía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas desde una idea radical de igualdad.
D. A consolidar y tejer nuevas alianzas basadas en el diálogo transparente y respetuoso entre entidades y colectivos de ambas orillas desde el reconocimiento de la diversidad y la labor de los pueblos del continente latinoamericano en la resistencia contra las políticas de ajuste del modelo neoliberal.
Porque creemos que, efectivamente, el cambio es necesario y pasa por superar el modelo neoliberal basado en la explotación de los recursos medioambientales y humanos, en la precarización y mercantilización de la vida social, el crecimiento ilimitado de la especulación y la inmunidad de un pequeño grupo de intereses oculto bajo el paraguas de los mercados.
Este cambio debe dirigirse hacia modelos más participativos, equitativos, justos, inclusivos y sustentables que reconozcan y valoren el trabajo reproductivo y de cuidados, y donde mujeres y hombres se encuentren en el centro de las políticas públicas y las necesidades de Cuidado y Buen Vivir definan las prioridades del gasto público y el desarrollo económico y tecnológico de los países.