El próximo 19 de abril del presente año darán inicio las elecciones generales de India, las cuáles definirán el rumbo de la actual democracia más grande del mundo.
Narendra Modi del BJP, partido conservador que ha gobernado India durante los últimos 10 años, buscará un tercer mandato como primer ministro, mientras que la oposición encabezada por el Partido del Congreso intentará vencer a Modi después de una mala racha que los ha posicionado como perdedores en los dos últimos procesos electorales. Es en este contexto que, el pasado mes de marzo, tuvo lugar un acontecimiento que ha complicado la situación sociopolítica del país en víspera de tan importantes elecciones.
El 11 de marzo, el gobierno de India dio a conocer una serie de reglas para la implementación de la Ley de Enmienda de Ciudadanía, una legislación que busca facilitar la obtención de la nacionalidad india para migrantes provenientes de Afganistán, Pakistán y Bangladesh. La ley, aprobada en diciembre de 2019, otorga la posibilidad de volverse ciudadanos indios a los migrantes que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre del 2014 y que pertenezcan a las religiones hindú, budista, jain, sij, parsi y cristiana, excluyendo a los musulmanes a pesar de ser mayoría en los tres países anteriormente mencionados.
A causa de esto, el gobierno indio se ha visto envuelto en una gran controversia. El primer ministro ha sido víctima de críticas por parte de la oposición política y de un sector de la población que considera esta legislación como un ataque a la población musulmana en la India, la cuál asciende a más de 200 millones. Siendo este un país que históricamente se ha caracterizado por su gran diversidad, pues en su territorio convergen diferentes religiones, razas y culturas, la implementación de esta ley ha despertado la indignación de musulmanes y no musulmanes por igual.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la Ley de Enmienda de Ciudadanía desata tal inconformidad por parte de la población. En diciembre de 2019, cuando la ley fue aprobada por el parlamento, la respuesta de la población fue igualmente negativa. Mientras el primer ministro se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter (actualmente X) diciendo que aquel era «Un día histórico para India y el espíritu de compasión y hermandad de nuestra nación», las manifestaciones en contra de esta medida por parte de la población no se hicieron esperar. Se llevaron a cabo movilizaciones en diferentes estados a lo largo del país, como Assam, Karnataka, Uttar Pradesh y Kerala, además de la capital del país, Nueva Delhi.
Durante estas movilizaciones, diversos actos de violencia tuvieron lugar, dejando un saldo de decenas de muertos, varios de ellos víctimas de ataques de la policía, la cuál fue enviada por el gobierno para contener las manifestaciones. Así mismo, otras cientos de personas fueron arrestadas como parte de un claro acto de represión ejercido en contra de la población inconforme con la implementación de esta ley. Dicha inconformidad quedó en evidencia en los testimonios de algunos manifestantes como Tabeer Rizvir, quién declaró al respecto: “Simplemente no podemos aceptar esta ley. No puedo creer que ahora tengamos que demostrar nuestra ciudadanía después de vivir en India durante tantos años”. Por otro lado, una manifestante anónima declaró que «Los ciudadanos indios siempre estuvimos muy orgullosos de decir que estamos seguros en India, que los musulmanes están seguros en India, pero este acto desafía lo mismo y se les pedirá que abandonen sus tierras, se les pedirá que dejen todo lo que quieran». Los dos testimonios anteriores fueron recogidos por el medio France 24, en su nota del 19 de diciembre de 2019 «Se intensifican las protestas en toda India contra la Ley de Enmienda de Ciudadania».
A causa de estas protestas, el gobierno suspendió la implementación de la ley indefinidamente, hasta que el pasado mes de marzo se anunció que esta finalmente entraría en vigor a poco más de un mes del inicio de las elecciones. Esta medida fue señalada por diversos medios como una estrategia política para polarizar a la población antes de las elecciones, la cuál a su vez sería una más de las muchas acciones emprendidas por Modi en contra de las minorías como parte de su política basada en el hindutva, doctrina que promueve el nacionalismo hindú y atenta contra la diversidad religiosa.
Al respecto, Shashi Tharoor, miembro del Partido del Congreso, declaró que “Cuando dices que las personas de una religión están excluidas, básicamente estás dejando de lado a personas que también pueden desear convertirse en indios debido a la persecución”. Por su parte, Pinarayi Vijayan, ministro principal del estado de Kerala y miembro del Partido Comunista de la India, declaró que la ley no será aplicada en Kerala, argumentando que “trata a las minorías musulmanas como ciudadanos de segunda clase”.
Este 19 de abril, más de 960 millones de votantes acudirán a participar en unas elecciones que no sólo definirán el futuro de la India. Siendo esta una economía cada vez más grande, así como también un aliado económico, político y militar de inmenso valor para las grandes potencias globales, no es exagerado decir que los resultados de estas elecciones podrían definir también en cierta medida el futuro del mundo. Ante este panorama, la implementación de la Ley de Enmienda de Ciudadanía dibuja un futuro incierto para la India, donde la posibilidad de la permanencia del BJP en el poder podría significar una derrota para la pluralidad y la tolerancia que hoy más que nunca son necesarias en este mundo polarizado.
Rubén Tristan Blancas Vázquez, estudiante de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Observatorio del G20, proyecto coordinado de por el Dr. Alberto Betancourt Posada.
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