En el estado Shan, la extracción de oro por empresas vinculadas al ejército causa grandes daños medioambientales y aumenta el desplazamiento del campesinado.
Sai Win, agricultor de la etnia Shan de 50 años, afirma que ya no puede dormir cuando la lluvia cae con fuerza, ya que el sonido le recuerda a las aterradoras inundaciones que destruyeron su casa y sus tierras de cultivo en Na Hai Long, su aldea en la zona oriental del estado Shan.
La comunidad está situada río abajo de las explotaciones mineras en las colinas de Loi Kham, en el municipio de Tachileik, donde se ha producido un aumento de la extracción de oro desde el golpe de estado en el país en 2021.
Desde que una docena de empresas empezaron a extraer oro en la zona en 2007, la población local se ha visto obligada, cada vez más, a hacer frente a inundaciones, sedimentos tóxicos y agua contaminada, todo provocado por las actividades de la minería en la región.
Según la Fundación Shan de Derechos Humanos (SHRF, por sus siglas en inglés), durante este tiempo se han concedido al menos 20 permisos de extracción de oro a empresas en la zona, varios de los cuales están vinculados a personal militar. En el municipio viven minorías étnicas de las etnias Shan, Lahu y Akha.
Como los bosques de las colinas de Loi Kham fueron arrancados para dar paso a la minería a gran escala, se provocó la erosión masiva del suelo. A partir de entonces y cada temporada de lluvias, la erosión envía lodo hasta la aldea a través del arroyo Nam Kham.
«La minería de oro vierte residuos en el arroyo Nam Kham. Así que cuando el arroyo crece, vierte esos residuos en nuestras tierras de labranza», explica Sai Win.
La pasada temporada de monzones fue una de las peores ya que Myanmar, junto con otras naciones del sudeste asiático, experimentó lluvias inusualmente intensas. En agosto, una inundación se tragó un tercio de la casa de Sai Win, que ya había perdido dos tercios de sus tierras de labranza en inundaciones anteriores y no había podido plantar ningún cultivo, debido a la gruesa capa de sedimentos secos que cubría el suelo y lo convertía en infértil.
Desde que perdió sus ingresos de la agricultura, Sai Win lucha por alimentar a sus cuatro hijos, y comenta que ya no puede pescar en el arroyo Nam Kham porque las aguas están contaminadas con el cianuro que se utiliza en el proceso de extracción de oro.
Nang Mu, de 42 años y con dos hijas, fue una de las 20 personas que perdieron su casa en otra de las inundaciones de octubre en la zona. Desde entonces, su familia se ha visto obligada a vivir en una tienda improvisada en el patio trasero de un pariente.
«Vivir en casa ajena es difícil para las mujeres, sobre todo para mis hijas adolescentes. Aunque están seguras físicamente, no se sienten cómodas, como lo estarían si estuvieran en su propia casa», explica.
No pueden ir a buscar agua limpia a los arroyos o pozos, que están contaminados por el barro. Ahora compran agua potable embotellada y utilizan agua fangosa para cocinar y lavarse.
«No quiero usar agua sucia para bañarme. Me pica», dice Khu Khu, la hija de Nang Mu, que no ha podido seguir con sus estudios desde las inundaciones.
Empresas internacionales asociadas con la junta militar birmana en la pugna por el oro del estado Shan
La industria extractiva empodera y financia al ejército birmano. Según fuentes consultadas, la salida de un gigante minero australiano no ha impedido a su antiguo socio seguir trabajando en la extracción.
El aumento de la minería
Las actividades mineras han aumentado en Tachileik desde el golpe militar de febrero de 2021, y muchos de los permisos para nuevos proyectos se han concedido por la vía rápida a empresas vinculadas al ejército. Grupos locales ecologistas y de derechos humanos han especulado con la posibilidad de que los militares busquen dinero rápido para sostenerse durante la espiral de recesión económica.
La SHRF informó, a principios de este año, que a mediados de 2020 se habían concedido 13 nuevos permisos de explotación minera en Mong Len, en Tachileik, zona en donde se encuentra la aldea Na Hai Long. En 2020 los permisos fueron para a ocho empresas, y se concedieron siete más a cinco empresas en 2021. Cada permiso es para una parcela de 20 acres por un periodo de hasta 11 años.
Muchas de estas empresas tienen vínculos con antiguos miembros del ejército de Myanmar del Mando Regional del Triángulo (TRC, por sus siglas en inglés) y que tiene su sede en Kengtung, al este del estado Shan.
Entre estas empresas se encuentran Mayflower Mining Enterprises, creada por Kyaw Win, descrito por la SHRF como un «infame compinche militar», y Lwe Kham Lone Mining, hasta 2018 dirigida por el hijo del ex comandante del TRC, el general de división Kyaw Phyo.
Según el informe de la SHRF, la empresa Aung Woon Nay Co Ltd, a la que se concedieron dos permisos, está dirigida por el ex oficial del Estado Mayor del TRC, el teniente coronel Zaw Htun Myint.
Durante décadas y a pesar de las objeciones de las poblaciones locales, el personal militar y sus compinches y milicias afiliadas han intentado de forma agresiva reclamar y monetizar los recursos naturales del país con el fin de crear riqueza.
Los canales para la presentación de quejas sobre las actividades mineras activados por el gobierno electo derrocado, informan residentes de la parte oriental del estado Shan, fueron erradicados cuando los militares tomaron el poder.
«Ahora, después del golpe, no podemos denunciar nada, ni informar a nadie. Antes teníamos parlamentarios [que nos representaban], de manera que las empresas de extracción de oro estaban monitoreadas y vigiladas», declaró Sai Min, otro residente de Na Hai Long.
Un portavoz de la SHRF añadió que se ha amenazado a la población local con violencia y demandas judiciales si se denuncian los efectos negativos de las minas de oro.
Tales acciones han tenido en el pasado consecuencias mortales. En 2015, un grupo de agricultores y activistas medioambientales escalaron las colinas de Loi Kham para inspeccionar y recabar información sobre las explotaciones auríferas de la zona. Los soldados del ejército birmano dispararon y mataron a un agricultor e hirieron a otros seis.
El medio de comunicación local Shan Herald Agency for News informó que las tropas afirmaron que los disparos fueron en defensa propia y que los civiles en cuestión iban armados. La población local negó tal acusación.
Tras el enfrentamiento, un silencio forzado se cernió sobre la población local, que no se atrevió a volver a desafiar a las empresas implicadas ni a vigilar las actividades que se llevaban a cabo en las colinas.
La SHRF informa que, desde entonces, la población local «se ha visto obligada a aceptar una indemnización anual» de solo 290 dólares por acre por las tierras de labranza dañadas o destruidas por la escorrentía minera, una cantidad que no cubre pérdidas pasadas o futuras.
Un residente explicó que sentía que «tenía que aceptarlo», aunque el pago fuera insuficiente.
«Si no lo hubiéramos hecho, no habríamos recibido nada», afirmó.
Las tierras afectadas son extensas: en 2015, el mismo año en que murió el agricultor local, la Red de Agricultores del Estado Shan informó que 168 acres de arrozales y huertos alrededor de Na Hai Long, y de la aldea vecina Weing Mar Naw, habían quedado completamente destruidos por las inundaciones, y que otros 130 acres de tierra, que incluían estanques piscícolas y campos de cultivo, habían quedado inutilizables debido al cieno que habían dejado las aguas de la crecida.
Migración forzosa
La degradación general de la tierra y de las fuentes de agua en el este del estado Shan ha costado los medios de vida de las familias de agricultores locales, obligando a muchas de ellas a emigrar, normalmente a la vecina Tailandia, en busca de trabajos mal pagados y peligrosos en la agricultura, las fábricas industriales o el sector de la construcción.
Seng Ywal, de 20 años, creció a ocho kilómetros de Na Hai Long. Se vio obligada a dejar la escuela en sexto curso, y más tarde a abandonar su hogar, debido al impacto del deterioro ambiental vinculado a las actividades mineras.
«La inundación dañó gravemente nuestros arrozales. Mis padres ya no podían costear mi educación. Entonces quería ser maestra, pero acabé siendo trabajadora migrante en Tailandia».
A pesar del deterioro de las condiciones, Sai Win, el agricultor de Na Hai Long que perdió gran parte de su casa y de sus tierras a causa de las inundaciones, dijo que se quedaría en la zona por necesidad, insistiendo en que no tiene a donde ir.
«No puedo abandonar mi aldea. No puedo permitirme el traslado a otro lugar».
Sin embargo, Sai Min, de la misma aldea, explicó que, actualmente, está considerando la arriesgada migración a Tailandia, ya que las actividades mineras respaldadas por los militares están acelerando la destrucción de su tierra natal.
«Aquí no veo la posibilidad de un futuro», comentó.
Nota de Edición: Se han cambiado los nombres de las personas residentes para su seguridad.
Poe Phyu Zin es una documentalista y periodista galardonada que cubre la actualidad política y medioambiental de Myanmar.
Fuente original en inglés: https://myanmar-now.org/en/news/myanmars-gold-mines-destroying-environment-and-lives