La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el aumento de las temperaturas a causa del cambio climático podría provocar la pérdida de 80 millones de empleos de aquí a 2030 y, como siempre, los países pobres serán los más afectados.
Cree, asimismo, que la adopción de medidas ambiciosas dirigidas a combatir el cambio climático podría crear más y mejores trabajos, con un potencial de 18 millones de empleos netos para 2030, gracias a la aplicación de medidas en el sector de la energía.
Las empresas necesitarán trabajadores bien formados, que dispongan del conjunto de competencias adecuadas para reducir la intensidad de carbono de la producción. Será necesario que inviertan en preparar a sus trabajadores para un nuevo y desafiante cambio técnico y tecnológico, convirtiendo el lugar de trabajo en un lugar de aprendizaje permanente en la transición ecológica.
La información sobre el medioambiente y el clima puede contribuir a crear empleos, fomentar un mercado de consumo ecológico y permitir que los ciudadanos colaboren con los gobiernos en materia de cambio climático.
Por ello la OIT insiste en que se adopten medidas urgentes a nivel mundial contra el cambio climático, que incluyen la necesidad de apoyar la educación y la sensibilización sobre el clima. La transición hacía una economía sin emisiones de carbono requerirá nuevas competencias, formación y cualificaciones.
“Los efectos del cambio climático alterarán la estructura del empleo. Nuevos empleos y de familias de empleos serán creados, otros desaparecerán o serán insostenibles, y las empresas tendrán que encontrar nuevas y diferentes maneras de organizar el trabajo y la producción”, declaró en Director General de la OIT, Guy Ryder (…) “Es necesario preparar a los jóvenes para este mundo en evolución. La educación sobre el clima puede habilitar a los estudiantes para que resuelvan la crisis del clima y desarrollen las competencias, el optimismo y decidan liderar el movimiento ecologista de mañana”, añadió.
De la función social de la tierra a la propiedad privada
Cada vez que el mundo celebra el Dia de la Tierra, y según la época, el espacio y la organización social de los pueblos, la gestión de la tierra y los territorios ha tomado distintas formas y ha sido siempre un reto importante para toda comunidad humana.
No es fácil hacer un inventario de las formas de gestión, dado que está ligada a la historia de cada pueblo/comunidad y puede ser incluso extremadamente compleja. Pero para simplificar, algunas comunidades han priorizado el uso colectivo de la tierra y continúan preconizándolo (pueblos indígenas originarios, por ejemplo): para ellos la venta de la “madre tierra” es inimaginable.
Mientras, otros (entre otros lugares en Europa occidental) han instaurado progresivamente la propiedad privada como norma principal y la han exportado a sus colonias. Como bien lo señalo Jean J. Rousseau, en el Contrato Social, la invocación del ‘derecho de tenencia’, o ius nullius, otorgando un derecho al primer ocupante sobre un ‘bien personal’” sirvió como “justificación legal (…) para legalizar la apropiación colonial de tierras que habían sido decretadas vírgenes.
Como lugar de vida (de vivienda, de actividades económicas, sociales, culturales, religiosas…), las tierras superficiales son un lugar irreemplazable en la existencia de la humanidad. Esta es la razón por la que son objeto de todas las codicias.
Este fenómeno viene reforzado por la multiplicación por siete de la población mundial en un tiempo apenas superior a un siglo. Desde el neolítico, la conquista de las tierras (sobre todo las fértiles) ha sido el objetivo principal de los soberanos (emperadores, reyes, príncipes…) para amasar riquezas y extender sus dominios.
En este contexto, pueblos enteros, incluso países con sus poblaciones, podían ser propiedad de un soberano y, en este sentido, podían ser vendidos o cambiar de soberano en función de alianzas, conquistas o derrotas.
Por lo general, los derechos de propiedad relativos a la tierra se conciben sin tener en cuenta los derechos humanos. Sin embargo, se trata de una cuestión esencial ya que tienen un impacto real sobre el disfrute del derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al trabajo, a un medio ambiente saludable, al desarrollo…
Y, sin acceso a la tierra, muchos pueblos o comunidades están privados de sus medios de subsistencia, como puede observarse un poco por todo el mundo. Por lo tanto, no es exagerado decir que el disfrute de todos los derechos humanos, incluido el derecho de los pueblos a decidir su futuro, depende de políticas y legislaciones relativas a la tierra.
La ausencia de reformas agrarias y prácticas como desplazamientos forzosos, apropiación de tierras a gran escala, reglas comerciales desiguales, especulaciones bursátiles sobre los productos alimentarios, destrucción ambiental, discriminaciones y exclusiones ejercidas sobre familias campesinas y otros productores de alimentos suponen una fuente de violaciones graves y masivas de derechos humanos.
Se deben aplicar límites de propiedad en la tenencia de la tierra cuando sea necesario con el fin de asegurar un acceso equitativo a las tierras.
El paradigma político medioambiental
La crisis climática, que afecta al planeta ha motivado el interés de gobiernos, medios de comunicación, movimientos ciudadanos y toda clase de organismos medioambientales. Los desafíos globales y locales han sido discutidos en toda clase de foros internacionales y cumbres, pero los enfoques y acuerdos están lejos de una solución efectiva.
¿Están las soluciones a esta crisis dentro de los marcos del sistema capitalista? Creemos que la respuesta es no. El sistema capitalista se centra en la obtención y maximización de ganancias, en su rentabilidad, sin importarle si los recursos que utiliza son o no renovables. Por tanto, el sistema encontrará un muro entre sus fuerzas de desarrollo esenciales y sus patrones de sobreexplotación.
La crítica situación ecológica global, evidenciada en los procesos de cambio climático, agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental, acompañados de crecientes conflictos socioambientales, está arrastrando a la humanidad a una irremisible catástrofe.
Y esta amenaza no es algo remoto sino un proceso claramente ostensible, cuyos efectos ya se hacen sentir y que, de continuar el irracional derroche consumista generado por la lógica del capital, se incrementarán a ritmo creciente en las próximas décadas, hasta provocar un daño irreparable a las condiciones necesarias para la vida en el planeta.
No es difícil comprender que es imposible el crecimiento infinito en un espacio finito como lo es el de nuestro planeta. Durante miles de años la humanidad tomó de la naturaleza cuanto necesitaba para su reproducción y arrojó a ella los desperdicios de su actividad, sin preocuparse de las consecuencias futuras.
Es terrible amenaza que representa para la existencia de la humanidad la sistemática destrucción del entorno natural, provocada por la tendencia a la producción por la producción y al derroche consumista inmanente a la lógica del capital, cuyas manifestaciones son ya evidentes.
Esta evidencia, empírica, demuestra claramente las reticencias de la cúpula gobernante en los principales países capitalistas a adoptar acciones enérgicas que conduzcan a una verdadera transformación cuantitativa y cualitativa de la producción, así como de los correspondientes patrones de consumo.
Por lo tanto, se puede insistir sobre los conceptos que pretenden ilusionar con una lógica de cambio, pero los hechos han ido demostrando, una y otra vez, que conceptos como capitalismo sostenible, capitalismo sustentable son pura demagogia. El capitalismo es en su esencia, irreformable y, en consecuencia, no es posible una solución completa y definitiva de la crisis ecológica en los marcos del sistema.
Es un sistema intrínsecamente expansionista en los mecanismos de producción, comercio, consumo, y la explotación de los recursos naturales y del trabajo, en el uso de nuevas tecnologías.
La necesidad permanente de crecimiento y expansión es una de las características centrales del sistema, pues es la única manera de ampliar el ciclo de acumulación para valorizar el capital y realizar niveles cada vez mayores de ganancia que, al reinvertirse, asegurarán un crecimiento sostenido de la rentabilidad, lo que supone ciertas garantías para sobrevivir frente a la feroz competitividad entre los capitales.
No obstante, lo que no puede resolver es la desocupación, la pobreza y desigualdad, la exclusión, la explotación, el desprecio, la subordinación sin cuestionar esa base, pues no se trata sólo de “consecuencias indeseables”.
Son condiciones indispensables para el propio establecimiento y reproducción de las relaciones capitalistas, profundizando cada vez más los problemas de contaminación, erosión, desertización, calentamiento, sobreexplotación, despojo, depredación y extinción de recursos naturales y humanos.
Las empresas trasnacionales portadores de la deuda ecológica
Las empresas trasnacionales dominan cada vez mas todos los sectores económicos en los que es posible tener ganancias. La mayoría de ellas han incorporado consideraciones sociales y ambientales en su discurso, una retórica sin sentido cuya praxis se encarga de desmentir.
Más allá de sus buenas intenciones la escala misma de sus actividades hace que la sustentabilidad ambiental sea prácticamente imposible de lograr, mientras que la competencia por dominar los mercados mundiales ha convertido a las consideraciones sociales en algo antagónico con la rentabilidad.
La revolución verde y biotecnológica que se nos pretende vender, son causantes de otra deuda social y ecológica del Norte con el Sur. Los graves impactos sociales, ambientales, culturales y económicos de la aplicación de tecnologías agrícolas como la de la llamada Revolución Verde y ahora la agro-biotecnología, con sus semillas genéticamente modificadas, así como programas que promueven la concentración de tierras en pocas manos, constituyen una inmensa deuda social y ecológica.
¿Qué es la deuda ecológica?
La deuda ecológica es en esencia la responsabilidad que tienen los países industrializados del Norte, sus instituciones, la élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus padrones de consumo y producción, afectando la sustentabilidad local y el futuro de la humanidad.
Basados en esta definición, los pueblos en el Sur se consideran acreedores de esta deuda y los deudores son los países del Norte. Esta deuda tiene como base al actual modelo de producción industrial, la producción exhaustiva de residuos como la emisión de gases de efecto invernadero, el capitalismo y el libre mercado.
Hay una necesidad ambiental, social, económica y moral de que se detenga el incremento de esta deuda y de que se repare las consecuencias nefastas sociales y ambientales que dicho modelo ha tenido sobre las poblaciones del Sur.
El reconocer la existencia de estas otras deudas, histórica, social y ecológica, y demandar un resarcimiento, cambiará indefectiblemente y para siempre las relaciones económicas internacionales, pero sobre todo permitirá detener el modelo depredador y genocida que rige en el mundo.
La deuda ecológica también se manifiesta por la apropiación abusiva de espacios comunes como son la atmósfera o los océanos para absorber las emisiones de gases con efecto invernadero. El cambio climático está provocando desastres que afectan principalmente a los pueblos más vulnerables al Sur. Miles de muertos, millones de desplazados, tierras agrícolas y ecosistemas naturales desaparecidos.
Las trasnacionales de los países del Norte, han sido los principales beneficiarios de los proyectos de agroexportación, y que tienen sumidos en la pobreza y expoliación a los países y pueblos de América Latina, principalmente los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
Finalmente, el desafío del cambio climático, que implicaría una cooperación internacional y la creación de empleo, están en contradicción con la lógica profunda del capitalismo, un sistema que está basado en la competencia entre capitales y en el afán de beneficio.
Eduardo Camín. Periodista uruguayo acrditado en ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)