Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que puede aprobar la creación de un grupo que proponga un código vinculante para las empresas transnacionales. Entrevistamos a Juan Hernández Zubizarreta, profesor de Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se desarrolla en la ciudad suiza para presionar […]
Se celebra en Ginebra una reunión de Naciones Unidas que puede aprobar la creación de un grupo que proponga un código vinculante para las empresas transnacionales. Entrevistamos a Juan Hernández Zubizarreta, profesor de Derecho Internacional que forma parte del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, que se desarrolla en la ciudad suiza para presionar a la ONU.
El 26 y 27 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido esta semana en Ginebra, tiene que votar la propuesta de Ecuador y Sudáfrica, que ha sido respaldada por 85 países, de crear un grupo de estudio que valore la posibilidad de introducir obligaciones y normas vinculantes a las empresas transnacionales de cara a que éstas rindan cuentas por sus actividades. Actualmente, la ONU funciona bajo «la lógica de la voluntariedad», indica el profesor de Derecho Internacional Juan Hernández Zubizarreta, que está presente en Ginebra en el paralelo Tribunal Permanente de los Pueblos, que busca influir en la decisión de Naciones Unidas para combatir «la arquitectura de la impunidad» en la que funcionan las empresas transnacionales.
De aprobarse la propuesta de Ecuador y Sudáfrica esta semana, comenzaría una fase de consulta en la que no escasearían los obstáculos, «en el mejor de los casos puede ser un instrumento», explica Hernández. Sin embargo, el valor simbólico de ese paso puede dar un espaldarazo a los movimientos que trabajan para controlar a las transnacionales. Para Hernández Zubizarreta, la clave es terminar con la asimetría entre corporaciones y pueblos, lo que debe favorecer el fin del uso de la violencia por parte de las transnacionales para obtener su tasa de beneficio.
Mientras más de 500 organizaciones de la sociedad civil apoyan la iniciativa de la diplomacia ecuatoriana, el ministro de Exteriores José García Margallo se ha alineado con las tesis de las principales empresas del mercado global. Margallo, según han denunciado las organizaciones presentes en el Tribunal Permanente de los Pueblos, declaró ayer que «las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse». Esto, a juicio de Hernández Zubizarreta, muestra la «connivencia, no solo sumisión, del poder político con los intereses de esas empresas». De este modo, Margallo se sitúa «por encima del derecho internacional» en su afán por proteger los intereses del gran capital.
Pero, recuerda Hernández Zubizarreta, el de Margallo no es un apoyo en abstracto a estas empresas, sino que guardan relación con la actividad comercial de transnacionales españolas, acusadas por víctimas y ONG de pisar los derechos, la dignidad y el respeto a la naturaleza de los territorios en los que operan. Es el caso de la empresa gallega Hidralia, uno de los doce que se juzgan en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Como denunció en noviembre de 2013 Diagonal, la puesta en marcha la Hidroeléctrica Canbalam I ha conllevado la violación de derechos, las detenciones arbitrarias y el despojo de tierras de las comunidades indígenas, y, en 2012, el asesinato del dirigente indígena Andrés Francisco Miguel.
Lo que se discute en Ginebra
La propuesta de Ecuador, que cuenta, según los mentideros de Naciones Unidos, con el apoyo de la mitad de países miembros, pretende incluir un código vinculante que ya fue propuesto por el presidente chileno Salvador Allende en los 70. «A la hora de hablar de transnacionales la ONU está muy colonizada por las ideas de la responsabilidad social corporativa; se refieren a normas blandas, que se encuadran dentro de la ética empresarial», explica Hernández Zubizarreta. El blindaje funciona en dos direcciones: por un lado las transnacionales buscan mantener la desrregulación en cuanto a sus responsabilidades y sobre los derechos de las poblaciones en las que opera. Al mismo tiempo, denuncia Hernández Zubizarreta, buscan un «aumento de la regulación» a la hora de proteger sus intereses mediante mecanismos de protección. Uno de estos mecanismos son los tirubnales de arbitraje inversores-estados (ISDS por sus siglas en inglés), que incluyen disposiciones como restricciones sobre la expropiación o la libre transferencia de fondos. Precisamente, unos de los puntos sobre los que pivota el acuerdo de libre comercio EE UU-UE es la adopción de este mecanismo ISDS, un código que protege los derechos de las empresas aun a costa de la soberanía de los Estados.
Frente a esa «arquitectura de la impunidad», estos días en Ginebra se exploran las formas de poner en marcha «una arquitectura jurídica de los derechos» para controlar a las empresas transnacionales. En este sentido, Hernández Zubizarreta valora como necesarios tres pasos: un código o tratado de control, una corte internacional con capacidad de juzgar los abusos y un «centro público de empresas transnacionales» cuyo objetivo sea recibir las denuncias de las víctimas e investigar las prácticas de las empresas para terminar con la invisibilización de muchas de estas denuncias. Pero junto a estos mecanismos, los movimientos que forman el Tribunal Permanente consideran que las personas jurídicas deben asumir responsabilidades civiles y penales, también en la cadena de subcontratación como responsables solidarios. Junto a esto, se debe imponer el establecimiento de precios justos y razonables, medidas destinadas a evitar condiciones como las que provocaron el incendio de Rana Plaza, en Dacca (Bangladesh), en el que murieron 120 personas que elaboraban ropa que luego comercializaron marcas como El Corte Inglés o Mango.