A medida que los sistemas de salud de Asia del Este, Europa y América están desbordados intentando contener la crisis del coronavirus, se espera que la covid-19 va a golpear mucho más fuerte a los países en desarrollo.
Décadas de recortes de austeridad promovidos por las instituciones financieras internacionales (IFIs) como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, han debilitado a los sistemas de salud pública, impidiendo la capacidad de los gobiernos para responder a la pandemia.
El FMI prometió un billón de dólares y el Banco Mundial otros 12.000 millones de dólares en fondos inmediatos para ayudar a los países a amortiguar el impacto de covid-19. Sin embargo, estas organizaciones están implicadas en décadas de brutal austeridad y privatizaciones que dañaron los sistemas de salud pública en primer lugar. Y es en los países con sistemas públicos de salud frágiles donde las epidemias se propagan más rápido, como sucedió durante el brote de ébola en 2014 en África occidental.
Desde la década de 1980, la mayoría de los gobiernos han implementado recortes presupuestarios y comercializado sus servicios de salud, asesorados por las IFIs durante misiones regulares de vigilancia o como parte de sus programas.
Las políticas de austeridad son criticadas por priorizar objetivos fiscales a corto plazo por encima de inversiones sociales de largo plazo como la salud. Por ejemplo, bajo la orientación del FMI, muchos gobiernos redujeron los presupuestos de salud, recortaron o limitaron los salarios del sector público y limitaron el número de médicos, enfermeras y otro personal trabajando en la salud pública.
En nombre de la eficiencia, los gobiernos –frecuentemente asesorados por los bancos de «desarrollo»– redujeron el número de camas de hospitales, cerraron los servicios públicos y cortaron la inversión en investigación y equipos médicos. Todo ello ha socavado la capacidad de los sistemas de salud, dejando a miles de millones de personas altamente vulnerables durante las pandemias.
Lo que es peor, se dijo a los gobiernos que no se alarmaran por el impacto negativo de la escasez de fondos debilitando la salud pública. Con la publicación de «De miles de millones a billones: Transformar el financiamiento para el desarrollo después de 2015» y documentos posteriores, las IFIs aseguraron que los gobiernos disponían de una solución simple para lidiar con la disminución de los presupuestos públicos: el sector privado.
Se dio este consejo a pesar de los múltiples fracasos documentados sobre asociaciones público-privadas y privatizaciones durante las últimas décadas; por ejemplo, el modelo de salud privado de Estados Unidos, el sistema de salud más caro del mundo y muy poco efectivo, que deja a millones de estadounidenses sin cobertura médica.
Desde Lesoto hasta Suecia, las asociaciones público-privadas en salud han sido muy costosas para los ciudadanos y han resultado en una prestación de servicios más deficiente que los sistemas de salud pública.
¿Quién se beneficia de estas políticas? Las IFIs no han priorizado la salud pública, sino objetivos fiscales o del sector privado. Los intereses macroeconómicos o comerciales a menudo se han superpuesto al bien público, dejando el bienestar de las personas como una segunda prioridad. Esto ya ha resultado en una mayor morbilidad y en millones de muertes evitables, y muchas más están por venir con el coronavirus.
Un informe reciente muestra cómo los recortes de austeridad inducidos por el FMI están afectando negativamente a aproximadamente 75 por ciento de la población mundial, un total de 113 países en 2020, a pesar de las muy urgentes necesidades de salud y de desarrollo. Estos recortes del gasto público se aplican a 72 países en desarrollo y 41 países de altos ingresos, muchos de los cuales ya han sufrido décadas de ajustes.
Otro estudio muestra cómo 46 países priorizaron el servicio de la deuda sobre los servicios de salud pública a principios de 2020, cuando se estaba extendiendo el coronavirus.
A pesar de contribuir a la crisis sanitaria, las IFIs ahora aspiran a formar parte de la solución poniendo a disposición nuevos fondos.
Si bien es loable, el paquete financiero de 12 000 millones de dólares del Banco Mundial representa una cortina de humo para el desastre de relaciones públicas relacionado con sus bonos de Financiamiento de Emergencia Pandémica (PEF).
Los bonos PEF se diseñaron con criterios de pago muy estrictos para reducir el riesgo de pérdidas para los inversores privados, que hasta ahora han obtenido rendimientos anuales de hasta el 14 por ciento, financiados por los presupuestos de ayuda al desarrollo de Alemania, Japón y Australia. En ultima instancia, estos bonos han desviado la ayuda de inversiones cruciales en los sistemas de salud pública de los países en desarrollo.
Las acciones imprudentes de las IFIs existen por la ausencia de una gobernabilidad global efectiva para la salud. Décadas de influencia de las IFIs socavando los sistemas de salud pública resaltan cuán desesperadamente el mundo necesita de liderazgo y de una respuesta global coordinada.
Con ese fin, el Grupo de los 20 (G20) ha programado una Cumbre virtual sobre covid-19. Pero ¿tendrán los líderes del G20 la visión de abandonar permanentemente las políticas obsoletas de austeridad, e invertir urgentemente en sistemas universales de salud pública?
Dada la emergencia del coronavirus, incluso el FMI está recomendando a los gobiernos incrementar los gastos de salud pública.
Sin embargo, esto no puede ser una medida a corto plazo, para luego retornar a la situación actual en la que millones de personas están excluidas de la sanidad. Los componentes básicos de la seguridad sanitaria mundial deberían basarse en la prevención y en sistemas universales de salud pública, especialmente en países con una asistencia sanitaria poco desarrollada.
Las Naciones Unidas, en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS), son más capaces que las IFIs de coordinar los sistemas universales de salud pública; sin embargo, actualmente la OMS carece de recursos para ir más allá del monitoreo y la vigilancia.
La Administración de Donald Trump de Estados Unidos recientemente recortó las contribuciones a la organización, y sin embargo canalizó billones de dólares para restaurar la confianza en los mercados.
Los países europeos podrían haber brindado una ayuda significativa solidaria a Asia y los países en desarrollo, donde miles están infectados con covid-19. Pero, desde el comienzo de la crisis, se enfocaron en respuestas nacionales, que a menudo han afianzado o intensificado los nacionalismos autoritarios y populistas.
¿Cuántas personas más han de morir? Si bien ahora estamos viviendo las consecuencias de las políticas de austeridad impuestas por todo el mundo, la pandemia de coronavirus también ofrece la oportunidad de corregir las brechas en la salud pública y hacer las cosas de manera diferente.
La intervención estatal es necesaria para abordar la magnitud de la pandemia de covid-19, desarrollar la salud pública a largo plazo y hacer realidad el derecho a la salud de las poblaciones en el mundo. Es hora de que los líderes mundiales abandonen las políticas miopes de austeridad y, en cambio, se centren en construir sistemas de salud pública para todos.
Isabel Ortiz es directora del Programa de Justicia Social Global en la Iniciativa para el Diálogo, en la Universidad de Columbia en Nueva York, y exdirectora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Unicef.
Thomas Stubbs es profesor titular de Relaciones Internacionales en Royal Holloway, de la Universidad de Londres, e investigador asociado en economía política en el Centro de Investigación Empresarial de la Universidad de Cambridge.