Hosiy Sahibzada, una joven empleada afgana de la firma norteamericana Development Alternatives Incorporated (DAI), ha sido asesinada en Kandahar, Afganistán, frente a las oficinas de esta firma, este 12 de abril último. Se trata de la última víctima de ataques contra firmas contratistas de la USAID cuyo papel de apoyo a las fuerzas de ocupación […]
Hosiy Sahibzada, una joven empleada afgana de la firma norteamericana Development Alternatives Incorporated (DAI), ha sido asesinada en Kandahar, Afganistán, frente a las oficinas de esta firma, este 12 de abril último. Se trata de la última víctima de ataques contra firmas contratistas de la USAID cuyo papel de apoyo a las fuerzas de ocupación extranjeras en este país es asimilado a la inteligencia norteamericana.
Menos de 48 horas del atentado que costó la vida a Sahibzada, un empleado de International Relief & Development, otra firma contratista de la USAID, fue asesinado en plena calle en la provincia de Helmand.
Ambas noticias recibieron poca atención -si no ninguna- en la prensa norteamericana. Sin embargo, unos días después, el Washington Post mencionó el hecho al señalar cómo acciones de los Talibanes «pudieran socavar los proyectos de desarrollo concebidos para contrarrestar la insurgencia».
En un texto titulado «Talibanes apuntan a contratistas US con proyectos en Afganistán», el diario reportaba como en el mes anterior, cinco ataques habían ocurrido en las provincias de Helmand y Kandahar contra empleados de firmas contratistas de la USAID.
Además de la DAI, tres otras firmas subsidiadas por la USAID, Chemonics International, Louis Berger Group y Central Asia Development Group han sufridos atentados coches bombas en el mismo periodo.
«Proyectos que complementan las operaciones militares»
En su recuento de varios incidentes, el Washington Post recordaba como el 15 de diciembre anterior, cinco empleados de la DAI fueron ultimados en un ataque suicida contra una instalación de la USAID en Gardez, en la provincia oriental de Khost. Este mismo día, otra bomba explotó frente a las oficinas de la DAI en Kabul, la capital.
«Esto no puede ser una coincidencia. Esto es lo que están haciendo ahora», comentó al Post un oficial norteamericano no identificado.
Al definir la tarea de los contratistas en el terreno, el Post reportaba como «un aspecto clave de la estrategia en Helmand y Kandahar es de inundar a los insurgentes con oportunidades de trabajo diarias, asistencia a la agricultura y otros proyectos que complementan las operaciones militares«.
En otro reportaje anterior, titulado «EE.UU. extiende el «cash» oara combatira la Taliban» el diario – siempre bien conectado con fuentes de inteligencia – explicaba como se combatía a la insurgencia «bombeando dolares» en comunidades locales.
La USAID, decía el reportaje, se propone gastar este año unos 300 millones de dólares al mes en proyectos que pretenden alejar los hombres de las filas del Taliban al comprar su presencia en esta forma particular de agricultura.
Los incidentes violentos ocurridos en Afganistán se añaden a la larga lista de adversidades que acompañaron a la desprestigiada USAID en los últimos años cuya imagen en el mundo se encuentra más que nunca, ligada a la CIA.
En Bolivia, para citar un ejemplo, la mal llamada Agencia para el Desarrollo Internacional, ha sido expulsada del país por promover de manera implícita el separatismo a través de sus planes de «promoción de la democracia y los derechos humanos».
En el caso de Cuba, la USAID se jacta en sus publicaciones, de haber distribuido en una muy similar operación de marketing, entre otras cosas, 385.000 libras de medicinas, ropas y comida; unos 26.000 radios de onda corta; millones de libros subversivos; además de proveer «cursos de formación en periodismo» y publicar 23.000 «reportes» de estos agentes sin hablar de visitas pagadas a 200 reclutas para ayudar al desarrollo de «ONGs independientes».
Un subcontratista norteamericano de la DAI, Alan P. Gross, se encuentra detenido en Cuba, bajo un proceso de instrucción de la Fiscalía, desde que intentó introducir en la Isla, en una operación obviamente secreta, una tecnología de última generación.
Los escándalos denunciados por la propia auditoria norteamericana en relación con las extravagancias de administradores de fondos «humanitarios» de la USAID para Cuba se han acumulado en los últimos años sin hablar del caso del ex jefe del Plan Bush de anexión Caleb McCarry, quién subsidió con 6,5 millones de dólares del dinero de la USAID otra firma contratista, Creative Associates International, que dos meses después de abandonar su puesto de funcionario, a su turno lo «contrató».
Por cierto, con un pasado cargado de sombríos episodios – desde Vietnam hasta la cobertura que dio al instructor en tortura Dan Mitrione y al terrorista cubano americano Antonio Veciana – el lobo de la USAID no llega a esconderse bajo la piel de oveja que le entrego la CIA.
En distintas partes del mundo donde su presencia se orienta de acuerdo con los planes injerencistas del Departamento de Estado, el apetito de las 16 agencias norteamericanas de inteligencia, y «complementa» agresiones, la USAID y sus contratistas, como parte integral de la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos, siempre enfrentarán más dificultad en repartir «zanahorias» humanitarias que no engañan a nadie.
Y sus contratos multimillonarios siempre expondrán a riesgos a los que ejecutan, por amor al dinero y no a la humanidad, tareas mercenarias que ninguna cobertura «humanitaria» llegará a dignificar.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.