La Convención sobre Municiones de Racimo comenzará a regir el domingo tras la ratificaicón de 38 años países. Un proceso rápido desde que se abriera a la firma en 2008. «Es un gran avance en materia de desarme, para la promoción de los derechos humanos y para ayudar a contener la inseguridad y el sufrimiento […]
La Convención sobre Municiones de Racimo comenzará a regir el domingo tras la ratificaicón de 38 años países. Un proceso rápido desde que se abriera a la firma en 2008.
«Es un gran avance en materia de desarme, para la promoción de los derechos humanos y para ayudar a contener la inseguridad y el sufrimiento causado por las terribles armas, en especial entre civiles, niños y niñas», señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon.
Las bombas de racimo explotan en el aire y liberan decenas, a veces cientas, de pequeñas submuniciones en áreas extensas, lo que dificulta su eliminación.
Los pequeños artefactos, que no explotan de inmediato, quedan en la tierra como minas antipersonal y matan o mutilan civiles mucho después de terminado el conflicto. Los niños y niñas son las principales víctimas porque se ven atraídos por su brillo y desconocen los peligros.
La organización Cluster Munition Coalición (CMC) lanzó una campaña para difundir el problema y alentar a los países a adherir al «tratado sobre desarme más significativo en más de una década».
«Nuestra actividad se concentró en lograr que entrara en vigor lo antes posible con las 30 ratificaciones necesarias», dijo a IPS uno de los fundadores y uno de los presidentes de CMC, Stephen Goose.
«Es poco habitual que tantos países hayan terminado el proceso de ratificación», apuntó, Goose, también director de la división de armas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Después del domingo se prevé que más países se unan a los 38 que ya lo ratificaron.
«A muchos de los signatarios les falta poco para ratificar el tratado», dijo a IPS un funcionario de la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU.
Ciento siete países firmaron el acuerdo.
Tailandia, uno de los grandes impulsores del Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal, en 1997, y que promovió la Convención sobre Municiones de Racimo todavía no la firmó.
CMC hace lobby frente al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para que Bangkok firme el tratado. También lo invitó a participar en la primera reunión de estados parte, que se realizará del 9 al 12 de noviembre en Laos.
Tailandia tiene arsenales de bombas de racismo, pero eso no debería impedir que se uniera al tratado, reza una carta enviada por CMC.
«Bangkok ya anunció que no pretende usarlas y que son vetustas. La Convención prevé un periodo de ocho años para que los estados partes destruyan sus armas», añade.
IPS no obtuvo respuesta de la representación tailandesa ante la ONU.
En el marco de la campaña «Cuenta regresiva para su entrada en vigor», CMC envío ese tipo de cartas a numerosos países, como Eslovaquia, Marruecos y Sudán, entre otros.
«La Convención servirá para estigmatizar a los países que no se adhieran», señaló Conor Fortune, de CMC. «El uso de bombas de racimo en los últimos conflictos generó una condena internacional», apuntó.
«Rusia y Georgia usaron cuando se enfrentaron por Osetia del Sur, en 2008, y también Israel y Líbano, en 2006», añadió.
«El gobierno de Barack Obama realiza una profunda revisión de su política con respecto a las minas antipersonal y evalúa unirse a la Convención», indicó Goose. «Estados Unidos ha declarado que las bombas de racimo deberán prohibirse en algún momento», añadió.
Por su parte, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, anunció que Estados Unidos no utilizará bombas de racimo cuyo porcentaje de error sea mayor a uno por ciento, una pequeña proporción, para fines de 2018.
«Estados Unidos no debe esperar ocho años para dejar de usarlas. Debe prohibirlas ahora», insistió Goose.
La Convención sobre Municiones de Racimo también prevé la destrucción de los arsenales dentro de ocho años y la limpieza de zonas contaminadas dentro de 10. También reconoce el derecho de las personas afectadas por las submuniciones a recibir asistencia e insta a todos los países a ayudarse para cumplir con esta obligación.
«Si los gobiernos están preocupados por el derecho humanitario y por proteger la población civil de las nefastas consecuencias de los conflictos armados, se unirá a la Convención de inmediato», añadió. Goose.