Las reformas del mercado agrícola aprobadas recientemente por el gobierno de la Alianza Nacional Democrática reflejan la determinación del Bharatiya Janata Party (BJP) de introducir el agronegocio y de sacar adelante su programa de centralización del poder económico y de la toma de decisiones.
La oposición a las reformas por parte del campesinado, de muchos gobiernos de los Estados federados y de formaciones políticas regionales supone el desafío más grande planteado hasta ahora contra este gobierno. Las medidas impugnadas no tienen en cuenta las lesivas consecuencias ecológicas de estas reformas.
El gobierno de India aprobó el 5 de junio de 2020 tres decretos sobre la reforma del mercado agrícola: el decreto sobre el acuerdo (de empoderamiento y protección) del campesinado sobre garantía de precios y servicios agrarios; el decreto sobre el intercambio y comercio (promoción y facilitación) de productos agrarios; y el decreto de modificación de la ley de productos esenciales, 2020. Estos decretos relativos al comercio y el precio de los productos agrícolas, tras ser aprobados por el parlamento indio y ratificados por el presidente de India, se han convertido en leyes.
La política agraria del gobierno actual, encabezado por el BJP, tal como está definida en estas normas legales, constituye un punto de inflexión al reflejar el programa de este gobierno a favor de impulsar la penetración del agronegocio capitalista y el control centralizado de la agricultura en India. La oposición a estas leyes provino de tres frentes: en primer lugar, de las organizaciones campesinas, que temen por la supervivencia de las comunidades agrícolas a resultas de la toma del sector agrario por las empresas agroindustriales; en segundo lugar, de gobiernos de los Estados federados, que temen la creciente intromisión del centro en los derechos federales de los Estados en materia agraria; y en tercer lugar, de los partidos regionales, que temen que estas leyes refuercen todavía más las agresiones centralistas de este gobierno contra las identidades y aspiraciones regionales.
Las prisas con que se tramitaron los decretos, y ahora las leyes, revelan de manera fehaciente cuáles son los objetivos económicos y políticos del gobierno en esta materia. No hay ninguna emergencia alimentaria en el país que pudiera requerir que el gobierno actuara con tanta precipitación. Podemos inferir, por tanto, que han sido intereses agroindustriales, que financian y apoyan al BJP, los que han presionado al gobierno a aprovechar la oportunidad de la emergencia sanitaria generada por la covid-19 para tramitar rápidamente las leyes sin hacer mucho ruido ni suscitar evaluaciones críticas. Parece que el gobierno no previó la magnitud de la protesta que han provocado estas medidas de política agrícola.
Lo que ocurra con esta oposición, ahora en el terreno extraparlamentario, y la respuesta que dé el gobierno, serán decisivos no solo para determinar la economía política de la agricultura en India, sino también para la suerte de la democracia, el federalismo y el pluralismo en India. El enfrentamiento entre el centro y las múltiples formas de oposición al mismo en torno a estas iniciativas agrícolas se agudiza desde el día después de la promulgación de estas leyes. Además, los gobiernos de los Estados de Kerala, Punjab y Bengala Occidental tienen previsto, cada uno por su cuenta, impugnar estas leyes ante el Tribunal Supremo. Si el tribunal anula estas leyes, por considerar que violan la Constitución india, y niega el derecho del gobierno central a legislar sobre un asunto agrario cuando la agricultura es competencia de los Estados, toda la cuestión adquirirá un sesgo diferente [1].
¿Por qué se opone el campesinado?
El propósito fundamental de las tres leyes consiste en favorecer la inversión privada de las empresas agroindustriales nacionales y extranjeras en la producción, procesado, almacenamiento, transporte y comercialización de los productos agrícolas dentro y fuera del país. Las presiones a favor de la inversión directa extranjera (IDE) en la agricultura india por parte de las multinacionales del agronegocio vienen sucediéndose desde hace un tiempo. Ya se ha producido alguna IDE en la agricultura india, especialmente en el cultivo por contrato de algunos productos, pero estas nuevas normas allanan el camino a un mayor impulso de la IDE en el sector agrario. Las reformas de la comercialización, por tanto, son componentes cruciales de esta legislación.
Los argumentos que aduce el gobierno en defensa de estas medidas señalan que se trata de ampliar las opciones y la libertad de los agricultores de vender más allá de los mandis (mercados) locales, es decir, de los espacios de mercado APMC (Agricultural Produce Market Committee, comités de mercado de productos agrícolas) notificados y de las fronteras de su Estado [2]. El propósito del gobierno, con su masiva campaña mediática a favor de estos argumentos, estriba en lograr que esta política sea aceptable para la comunidad campesina. Sin embargo, la libertad que se amplía realmente es la de las grandes empresas agroindustriales, tanto de dentro como de fuera de India. Los más perjudicados serán los campesinos marginales, pequeños y medianos, cuyo poder de negociación frente a las gigantescas empresas, dotadas de enormes recursos, será tan escaso para cerrar contratos sobre precios y asegurar su aplicación efectiva, que acabarán siendo esclavos de los tentáculos de los designios de las grandes empresas.
La Ley de intercambio y comercio (promoción y facilitación) de productos agrarios [Farming Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020] menciona el trigo, el arroz, la caña de azúcar y el algodón, junto con otros productos contemplados en esta ley. Estos son los principales productos del sector agrícola de Punjab y Haryana, los dos Estados que lideran la producción de alimentos. El mecanismo de resolución de conflictos entre un agricultor y un comerciante que contempla la norma está muy sesgado en contra del primero debido a la desigual relación de fuerzas que existe de hecho entre un agricultor (especialmente si es marginal, pequeño y mediano) y un comerciante, sobre todo si es una gran entidad agroindustrial. El contencioso puede someterse a varias instancias de la jurisdicción administrativa, empezando por el juez de distrito.
Sin embargo, un agricultor descontento, pero falto de recursos, conocimientos y tiempo, no se atreverá a oponerse en los tribunales a poderosas empresas que pueden contratar a ilustres abogados. La posible penalización contemplada en la ley en caso de desestimarse una demanda judicial y declararse un incumplimiento de contrato hará que cualquier agricultor se lo piense mucho antes de proceder contra una empresa poderosa, que gracias a su capacidad financiera puede asumir el riesgo de tener que pagar una indemnización. Según la naturaleza del incumplimiento de un contrato, la penalización iría de 25.000 a 1 millón de rupias. Si persiste el incumplimiento podrá imponerse una multa de 5.000 a 10.000 rupias diarias. No solo un pequeño agricultor, sino ni siquiera uno grande se atreverían a demandar a una empresa por temor a una penalización tan fuerte en caso de perder el litigio.
Precio de apoyo mínimo
En las leyes no hay ninguna disposición relativa a la continuidad del precio de apoyo mínimo (MSP) [3], que es relevante sobre todo para el trigo y el arroz, los dos principales productos alimenticios cultivados en Punjab y Haryana y, en menor medida, en los demás Estados. La Ley del acuerdo (de empoderamiento y protección) del campesinado sobre garantía de precios y servicios agrarios [Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020], en vez de estipular el MSP, simplemente menciona un “precio remunerativo” que debe acordar un agricultor en un contrato con “empresas agroindustriales, procesadoras, mayoristas, exportadoras o grandes comerciantes”. El contrato debe especificar asimismo “la calidad, el calibre y las normas” del producto vendido por el agricultor.
La formulación de la disposición relativa a la modificación o rescisión del contrato despierta temores sobre la vulnerabilidad añadida del agricultor. El artículo 11 de la ley dice: “En todo momento después de la firma de un contrato de cultivo, las partes del mismo podrán modificar o cancelar de mutuo acuerdo el contrato por cualquier causa justificada”. Con una relación de fuerzas desigual entre un agricultor y una empresa, el consentimiento del primero para modificar o cancelar un contrato puede estar sujeto a fuertes presiones económicas y no económicas. El mecanismo de resolución de conflictos con respecto al precio y la calidad del producto también perjudica al agricultor.
Una vez se supo públicamente que se descartaba el MSP, el temor a que un abandono total del MSP del trigo y el arroz, además de suscitar la oposición de las comunidades campesinas de los Estados productores de estos alimentos, pudiera hipotecar los objetivos de adquisición pública, lo que podría poner en peligro la disponibilidad de alimentos y provocar disturbios sociales en las zonas deficitarias, hizo que muchos portavoces gubernamentales trataron de sacar balones fuera anunciando que se mantendría el MSP. Aunque se confíe a regañadientes en estas promesas y no se suprima el MSP por motivos estratégicos durante un tiempo, hay que tener en cuenta que el MSP solo serviría para pagar a los agricultores hasta que se aseguren los objetivos de adquisición decididos por el gobierno. Una vez alcanzado el objetivo, el gobierno ya no necesitaría comprar más. Entonces los agricultores, al carecer de esta estructura de apoyo, estarán expuestos a las fluctuaciones del mercado y a las presiones a la baja de los precios de sus productos debido al exceso de oferta por encima de los objetivos de adquisición.
No es descartable que al comienzo, durante un par de años, el gobierno central aconseje e incentive a los grandes comerciantes de productos agrarios que ofrezcan a los agricultores precios más altos que los disponibles en los mercados APMC. Una vez destruidas las estructuras de los APMC gracias a esta competencia amañada, los agricultores estarán completamente a merced de los grandes comerciantes, que aprovecharían sin duda la vulnerabilidad incrementada de aquellos.
Mi interpretación de muchas iniciativas, incluidas las más recientes, de este gobierno en el ámbito de la agricultura es que su propósito es debilitar hasta tal punto la capacidad económica de los agricultores marginales, pequeños o medianos, que se vean forzados a vender desesperadamente sus tierras a grandes empresas agroindustriales nacionales o extranjeras. Estos agricultores, desposeídos de sus minúsculas propiedades, se convertirán entonces en trabajadores asalariados. La sobreoferta de mano de obra en la economía rural y –debido a la migración forzada por motivos económicos– en la economía urbana, empujará a la baja los salarios e incrementará las ganancias de las empresas capitalistas agrarias e industriales. Este es el sentido oculto de la expresión “transformación de la agricultura” que se utiliza para vender esta iniciativa.
La resistencia del campesinado frente a estas leyes, como se vio en el éxito masivo de la Bharat Bandh [huelga general y nacional] el 25 de septiembre, puede convertirse en el mayor desafío político a que tenga que enfrentarse el BJP desde que recuperó el poder en 2019. En caso de una mayor confrontación del movimiento campesino contra estas leyes y el gobierno, es posible que este último utilice la misma táctica para suprimir las organizaciones campesinas que ya empleó contra otros oponentes; a saber: tachar a los disidentes de izquierda de naxalitas [4], a los activistas de procedencia musulmana de terroristas y a los opositores sijs de jalistanis [5]. El hecho de que ya haya algunos individuos que apoyan al gobierno utilizando la etiqueta de naxalitas y terroristas para referirse a activistas campesinos indica que esto puede reflejar un aspecto de la estrategia gubernamental.
Sin embargo, puede que el gobierno no recurra a estos métodos por miedo a que le salga el tiro por la culata, visto el apoyo público masivo, aunque con diferencias, de que gozan las organizaciones campesinas en todos los Estados,. En vez de ello, puede que el gobierno apunte selectivamente tan solo contra activistas campesinos de izquierda, tachándolos de naxalitas y simpatizantes de los naxalitas. La respuesta del movimiento campesino en sentido amplio a esta represión selectiva pondría a prueba la madurez política y la cultura solidaria de las organizaciones campesinas.
¿Qué temen los Estados federados?
Desde que se bosquejó la Constitución en 1949 hasta que se introdujeron varias enmiendas a la misma, ha habido continuas tentativas de injerencia del centro en la agricultura, cuando en la Constitución ésta se definió como competencia de los Estados federados. La Ley de productos esenciales (enmienda) de 2020 lleva este proceso mucho más allá y constituye sin duda el ataque más devastador hasta ahora de los derechos federales de los Estados en materia agrícola. El lema “Una India, un mercado agrícola” que esgrime el gobierno lo dice todo sobre el propósito centralizador apenas velado de esta iniciativa.
En algunos escritos académicos y periodísticos sobre la política económica india en general y estas últimas iniciativas agrarias del centro en particular, circula la idea equivocada de que el debilitamiento del régimen normativo del gobierno, al favorecer la privatización, tal como se plantea en estas reformas desreguladoras, conduciría a la descentralización y la devolución de más competencias a los Estados. Las raíces de este error se hallan en la incapacidad de reconocer que el nacionalismo centralizado y unitarista, opuesto a reconocer el carácter plurinacional del país, ha sido la clave de la configuración de la economía capitalista india, en la que el centro se ha dotado de poderes excesivos para construir un nacionalismo unitarista. A resultas de ello, el aumento de la privatización derivado de las reformas desreguladoras no se opone necesariamente a la centralización [6]. La Ley de productos esenciales (enmienda) de 2020 puede considerarse el ejemplo más claro que confirma la tesis de que la centralización y la privatización en India pueden coexistir, e incluso que pueden reforzarse mutuamente. El refuerzo de la centralización y la privatización son las características más destacadas de esta ley.
La amplitud del ataque a la autonomía ya de por sí limitada de que gozan actualmente los Estados queda reflejada de la forma más descarada en la formulación del artículo 12 de la Ley de intercambio y comercio (promoción y facilitación) de productos agrarios de 2020: «El gobierno central, al poner en práctica las diposiciones de la presente ley, podrá emitir las instrucciones, directrices y órdenes y fijar las guías que considere necesarias a toda autoridad o funcionario subordinado al gobierno central, a todo gobierno estatal o toda autoridad o funcionario subordinado a un gobierno estatal».
El evidente recorte de los poderes federales de los Estados solo pueden pasarlo por alto las direcciones políticas del nivel estatal, que tienen una visión muy limitada de la política. El socavamiento de la autonomía de los Estados no puede expresarse de manera más cruda que lo que implica la formulación del artículo 16 de la Ley del acuerdo (de empoderamiento y protección) del campesinado sobre garantía de precios y servicios agrarios de 2020: «El gobierno central podrá emitir oportunamente las instrucciones que considere necesarias a los gobiernos estatales para la implementación efectiva de las disposiciones de la presente ley y los gobiernos de los Estados deberán dar cumplimiento a tales instrucciones [cursivas del autor]».
Ningún gobierno estatal tendrá margen para desviarse de estas directrices centrales [7].
El ataque de la Ley de intercambio y comercio (promoción y facilitación) de productos agrarios de 2020 contra los recursos fiscales de los Estados también queda claro en la disposición que estipula que ninguna regulación de los APMC por parte de un Estado ni ninguna otra norma estatal podrán imponer “ningún derecho de acceso al mercado, impuesto o tasa”. Después de privar a los Estados de los ingresos que percibían antes en virtud del impuesto sobre las ventas, al sustituirlo por el impuesto de bienes y servicios (GST) controlado por el centro, y de negarse a compensar a los Estados por esta pérdida de ingresos, esto constituye un nuevo ataque encaminado a debilitar financieramente a los Estados y hacer que dependan más del centro.
Estas reformas agrarias, además de las tensiones verticales entre el centro y los Estados federados que suponen, encierran el peligroso potencial de generar nuevas tensiones federales de tipo horizontal (tensiones entre los Estados) y conflictos de clase concomitantes. Los Estados que dependen de la agricultura, como Punjab y Haryana, y los campesinos de estos Estados, serían los que se verían más adversamente afectados por el debilitamiento de las estructuras del precio de apoyo mínimo. En cambio, los Estados más industrializados, como Gujarat y Maharashtra, y los intereses de las grandes empresas (especialmente del sector agrario) con base en estos Estados, se beneficiarían del mayor y más fácil acceso a los alimentos y las materias primas agrícolas de otros Estados. Esto agravará las tensiones regionales y de clase.
Aspiraciones e identidades regionales
La mayor intrusión central que suponen estas leyes en los derechos federales en materia agrícola ha alarmado a todos los Estados, si bien los que están gobernados por el BJP no han dicho nada o han endosado las iniciativas del gobierno central. Las formaciones regionales consideran que la creciente centralización constituye una amenaza a la solidez de los intereses, las aspiraciones y las identidades regionales. Las turbulentas relaciones con el Shiv Sena y el Shiromani Akali Dal (SAD), dos de los más antiguos aliados del BJP, expresan de manera diferente la tensión entre las perspectivas ideológicas de la hindutva centralista y las aspiraciones regionales [8].
La tensión provocada por las leyes agrarias ha dado pie a la dimisión del representante del SAD, Harsimrat Kaur Badal, del Consejo de Ministros de la Unión, la primera dimisión que experimenta un gobierno central del BJP por motivos políticos. El gobierno de coalición encabezado por el BJP en el Estado de Haryana, con su aliado regional del partido Jannayak Janta de Dushyant Chautala, puede verse abocado a una crisis si el viceprimer ministro Chautala acaba rompiendo la coalición a raíz de las presiones de las organizaciones campesinas, a las que Chautala apoya actualmente en sus campañas contra las leyes agrarias.
Aunque difieren en muchos otros aspectos, el BJP y el Partido del Congreso son centralistas en su perspectiva política de crear una identidad nacional india unificada. Por eso, ambos partidos se oponen a la articulación de identidades regionales. Sin embargo, actualmente el BJP hace gala de un planteamiento mucho más agresivo que el Partido del Congreso en materia de centralización. Su lema de “Un país, un mercado agrícola”, que esgrime en defensa de sus políticas agrarias plasmadas en las leyes agrarias, la promoción agresiva del hindi en detrimento de las lenguas regionales (mucho más que lo que hizo jamás el Partido del Congreso durante su reinado), su decisión de suprimir el estatuto constitucional y la categoría estatal de Jammu y Cachemira [9] y su Nueva política educativa, son algunos de los principales indicadores del agresivo programa centralizador del BJP.
Puesto que el BJP ve con suspicacia las identidades regionales, como una subversión de su programa general de fomento de la identidad hindú, las regiones sospechan que la visión del BJP apunta a la supresión de las identidades regionales. La tensión entre los Estados –los espacios de diferentes identidades regionales– y el centro en torno a las leyes agrarias ha contribuido a reforzar los temores de las identidades regionales ante el programa unitarista de la hindutva del BJP.
Preocupaciones ecológicas
Hemos comentado los tres principales aspectos de la resistencia a las leyes agrarias, pero es importante mencionar, aunque sea brevemente, las nefastas consecuencias ecológicas que se derivarán de la aplicación de estas leyes, porque esta dimensión ha quedado completamente relegada en los debates en curso sobre esta cuestión. La destrucción de la agricultura de base local y regional y su incorporación al sistemas comercial panindio y global harán que se multipliquen los transportes. El aumento de estos generará mayores emisiones de carbono, contaminación, destrucción de ecosistemas y menoscabo de la salud de todos los seres vivos, humanos y no humanos. Es lo contrario a la autosuficiencia (atmanirbharta) que ha venido proclamando el gobierno, evidentemente de forma hipócrita, como su objetivo.
Asimismo es necesario empezar a repensar la importancia más amplia de la agricultura en el discurso sobre el desarrollo. Tanto el pensamiento tradicional de la derecha (sirvan de ejemplo de este modo de pensar las etapas de crecimiento de Rostow y el modelo de economía dual de Lewis) como el pensamiento dominante en la izquierda (la colectivización de Stalin como forma extrema del mismo) entienden el desarrollo y el crecimiento como una trayectoria que va de la agricultura a la industria y a los servicios.
En la era del cambio climático global, en que el planeta Tierra se enfrenta a una amenaza existencial debida al calentamiento global y a la pérdida de biodiversidad que se derivan de las vías tradicionales del crecimiento económico, tanto de la derecha como de la izquierda tradicional, es preciso volver a imaginar la importancia fundamental de la agricultura y del modo de vida campesino, que son compatibles con la sostenibilidad ecológica. La visión ecosocialista como crítica del pensamiento tradicional de la derecha y de la izquierda constituye un intento de abordar el desafío ecológico al que se enfrenta actualmente la humanidad.
Conclusiones
Únicamente por medio de la acción concertada y colectiva de las organizaciones que representan al campesinado marginal, pequeño y mediano, será posible revertir el giro destructivo multidimensional de la política económica que simbolizan estas leyes agrarias. Responde asimismo al interés económico y constituye un deber moral de todas aquellas formaciones políticas y gobiernos estatales que apoyan el federalismo, el pluralismo y la sostenibilidad ecológica, coordinar sus esfuerzos para oponerse a esta iniciativa. La lucha por el federalismo y la diversidad es también una lucha por la democracia. El debilitamiento del federalismo contribuye a la concentración del poder económico y político en el centro y al ascenso de tendencias políticas autoritarias, cuya orientación también es antiecológica.
Una señal de la sinceridad y del compromiso de quienes realizan un esfuerzo coordinado para revertir la política contenida en estas leyes agrarias sería que declararan que en cualquier gobierno central del que puedan llegar a formar parte en el futuro anularán estos cambios y recuperarán las cláusulas constitucionales para ampliar las competencias de los Estados en la gestión de la agricultura. Hay además otras áreas, como la industria, el sector financiero y la educación, en las que hay que luchar por la devolución de competencias a las entidades federadas, pero dado que la agricultura está vinculada a la tierra y a la fuente de alimentos, sigue siendo el área más crucial para el derecho de los Estados a conservar su autonomía. EE UU, China, Europa, el Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda están plenamente integrados en la economía capitalista mundial, pero ninguno de estos países escatima esfuerzos por proteger su agricultura incluso si esta protección no se ajusta a los criterios de sostenibilidad ecológica.
Proteger la agricultura como competencia estatal en la federación india y resistir a la entrada del capitalismo agroindustrial será seguramente la batalla económica, política, social y cultural en India en los próximos años. Comprender la gravedad de esta cuestión sería determinante para el avance de la perspectiva de refuerzo de la descentralización, la diversidad, la democracia, la agricultura local y la sostenibilidad ecológica.
Notas:
[1] N.d.t.: El Tribunal Supremo resolvió el 12 de enero suspender cautelarmente la aplicación de las tres leyes impugnadas, decisión que los campesinos y campesinas y sus organizaciones han denunciado como una maniobra para detener su movilización.
[2] N.d.t.: Los APMC son comités que existen en cada Estado de la Unión India, donde desempeñan un papel importante en la regulación de los precios. Se hallan bajo la autoridad de los respectivos legislativos estatales.
[3] N.d.t.: Actualmente, los precios de 23 productos agrícolas están controlados, con un precio máximo garantizado.
[4] N.d.t.: El naxalismo es un movimiento revolucionario insurreccional de inspiración maoísta, nacido a finales de la década de 1960 y reprimido por el Estado indio.
[5] N.d.t.: De Jalistán, nombre del Estado reivindicado por los independentistas sijs.
[6] Singh, Pritam (2008): Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab Economy, Londres/Nueva York: Routledge.
[7] Singh, Pritam (2020a): “Centre’s Agricultural Marketing Reforms Are an Assault on Federalism”, Wire, 20/06/2020, https://thewire.in/agriculture/agricul-ture-marketing-reforms-federalism.
[8] Singh, Pritam (2020b): “As Cracks in NDA Widen, Is BJP’s Ideology Incompatible with Regional Identities?”, Wire, 22/09/2020, https://thewire.in/politics/bjp-punjab-akali-dal-shiv-sena-regional-alliances.
[9] N.d.t.: Sobre esta cuestión, véase https://vientosur.info/silencio-ensordecedor/.
Pritam Singh es profesor visitante en el Wolfson College, Universidad de Oxford, Reino Unido.
El original se publicó en Economical and Political Weekly (EPW), de Mumbai, India.El original se publicó en Economical and Political Weekly (EPW), de Mumbai, India.
Traducción: viento sur. https://vientosur.info/las-raices-de-la-revuelta-campesina-contra-el-agronegocio-capitalista-y-la-centralizacion/