Las víctimas afganas de Estados Unidos

Cuando un soldado estadounidense muere en Afganistán, su muerte no es una muerte anónima. Se lamenta la tragedia de esa pérdida y se recuerda y homenajea su vida. En muchos de los casos, los medios locales y estatales cubren de forma destacada esa muerte, a menudo durante varios días. El Pentágono recoge debidamente la pérdida, se entregan medallas, se regala una bandera ceremonial a los supervivientes y el Departamento de Defensa paga 100.000 dólares de indemnización a la familia del soldado, más los atrasos, seguros, subvenciones por vivienda, etc.

Pero cuando un afgano muere en la guerra -especialmente un civil afgano-, su muerte raramente es recogida por el mundo exterior. Y, con frecuencia, esa muerte ni siquiera aparece registrada en los hospitales y morgues afganos. Cuando le preguntaron a Said Jawad, ex embajador afgano ante EEUU, que si su país tiene registros de las víctimas civiles, contestó suspirando: «¿Sabe qué? En Afganistán ni siquiera tenemos certificados de nacimiento. ¿Sabe que ni siquiera tenemos una lista de los soldados y policías afganos, de los miembros de las fuerzas de seguridad, que mueren?». La mayor parte de los estadounidenses apoyó decididamente la invasión de Afganistán en 2001, pero hace mucho tiempo que rechaza de lleno un conflicto (en septiembre entró en su treceavo año) que en muchos aspectos es la guerra más larga en la historia estadounidense. Una razón importante del cambio en la opinión pública es la lista de soldados, marineros, aviadores y marines muertos y heridos, que cada vez crece con mayor rapidez. En los últimos tiempos, los políticos repiten de memoria que la guerra le ha costado a EEUU más de 2.200 muertos, miles de heridos y al menos 640.000 millones de dólares. Pero incluso entre los más acérrimos políticos y expertos antibelicistas, pocos se toman la molestia de mencionar el coste para los afganos. «No forma parte del discurso estadounidense», dice John Tirman, autor de The Deaths of Other: The Fate of Civilians in America’s War [Las muertes de los otros: El sino de los civiles en las guerras de EEUU]. «No hay políticos que se alcen en defensa de los civiles».

A fin de corregir tan inaceptable omisión, The Nation ha elaborado el presente informe. En este tema tan especial, nos centramos fundamentalmente en quienes han muerto asesinados a manos de EEUU y sus aliados. Y lo hacemos así porque creemos que a los estadounidenses, a nivel colectivo, deberían pedírseles cuentas por la violencia perpetrada en su nombre. Deberíamos exigir que nuestro ejército actúe con humanidad y con determinación para evitar que se produzcan víctimas civiles.

Gran parte de esos muertos civiles -quizá la mayoría- han muerto a manos de los talibanes y sus aliados. Desde que los insurgentes tomaron impulso en 2006, han mostrado una indiferencia absoluta por los civiles, colocando decenas de miles de artefactos explosivos improvisados a lo largo de las carreteras, haciendo estallar suicidas-bomba en medio de mercados abarrotados y asesinando a innumerables cargos locales, líderes tribales y otros civiles. Según iba evolucionando la guerra, las víctimas civiles atribuibles a los insurgentes aumentaban desde una cifra relativamente pequeña durante los años transcurridos antes de que la insurgencia se pusiera realmente en marcha, a mediados de la década del 2000, hasta representar el 55% de las muertes de civiles, según informe de 2008 de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés), aunque la ONU dice ahora que suponen aproximadamente el 80% de todos los civiles asesinados.

Como veremos, es incluso difícil hacer cálculos aproximados de las víctimas civiles. Pero es un hecho irrefutable que muchos de los asesinados por las fuerzas antigubernamentales estarían vivos casi con certeza si EEUU no hubiera invadido Afganistán. Y las víctimas de las fuerzas estadounidenses y de otros países se cifran en muchos miles. EEUU no ha tenido nunca interés alguno en rastrear y contar los muertos afganos, ya fueran civiles o combatientes. Haciéndose eco de las desacreditadas métricas de la era de la guerra de Vietnam, el General Tommy Franks, que dirigió en 2001 la invasión estadounidense y sirvió como comandante del Mando Central (CENTCOM) desde el año 2000 a 2003, fue incluso más directo aún: «Ya sabe que nosotros no contamos los muertos», dijo.

En 2008, la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, por sus siglas en inglés), la coalición dirigida por EEUU en Afganistán, empezó de mala gana a hacer seguimiento de las víctimas civiles, estableciendo a tal fin la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles y otros mecanismos. Pero como informamos a continuación, lamentablemente, este trabajo se hizo de manera muy incompleta. Al mismo tiempo, los defensores de la aclamada doctrina de la contrainsurgencia promovida por el General Stanley McChrystal y después, de forma menos severa, por el General David Petraeus, junto con académicos como Sarah Sewall de Harvard, instituyeron una nueva política que hacia hincapié en la protección de los civiles. Pero, a pesar de los cambios políticos, los civiles afganos continuaron siendo asesinados en grandes cantidades, una situación que Tom Rieser, importante asesor del Senador Patrick Leahy, reconoce. «¡No importa que el Pentágono diga que va a revisar sus tácticas o sus procedimientos o lo que sea, la gente seguirá muriendo!, dice Rieser, cuyo jefe ha sido durante décadas una voz importante en la defensa de los derechos humanos.

(Véase base de datos The Nation)

1. Contando a los muertos

Iraq, que soportó una guerra de ocho años con Irán, seguida de la Guerra del Golfo, de una docena de años de sanciones letales maquinadas por EEUU, la invasión estadounidense de 2003 y una guerra civil, mantiene aún en funcionamiento un sistema de hospitales, clínicas y morgues, y los investigadores pueden utilizar datos demográficos bastante exactos que se basan en investigaciones realizadas en una muestra de hogares. Uno de esos estudios, publicado en The Lancet en 2006, estimaba, no sin controversia, que había habido un «exceso de más de 600.000 muertes» como consecuencia de de la guerra y ocupación estadounidense. Según Neta Crawford, politóloga de la Universidad de Boston que ha escrito extensamente sobre los muertos civiles en Afganistán y que ha intentado conseguir fondos para dirigir allí una encuesta en los hogares, no hay un estudio paralelo para Afganistán.

Puede que sea la Fundación Asia, que dirige una investigación anual sobre el Pueblo Afgano, la que más se haya acercado a recoger la cifra de víctimas de la guerra. La investigación, basada en más de 6.300 entrevistas con adultos afganos en las 34 provincias de Afganistán, informa que más de la quinta parte de la población (un 22%) -más de seis millones de personas- sufrieron personalmente en 2011 algún tipo de crimen o violencia en sus hogares. De ellos, el 8% (alrededor de 500.000 personas) informan haber sufrido violencia a manos de las «fuerzas extranjeras», i.e., la ISAF. Y esas cifras son sólo la instantánea de un año. Multiplíquenlas por doce años de guerra y se pondrá de manifiesto que millones de afganos han sufrido muerte, heridas y daños en sus hogares o formas de sustento por parte de las fuerzas de EEUU y la ISAF.

La ONU, que empezó a hacer un seguimiento sistemático de víctimas civiles en 2008, más o menos al mismo tiempo que el ejército estadounidense y la ISAF, posiblemente hizo un trabajo algo mejor que estos últimos, pero ex funcionarios de la Organización entrevistados por The Nation, dicen que la ONU, con entrenados investigadores y muchas oficinas repartidas por todo el país, sólo recogió una porción de los que murieron asesinados. Un puñado de mal financiadas ONG locales, entre ellas la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Afganistán y la Oficina de Seguridad de las ONG afganas, han estado siguiendo el conflicto, pero no han conseguido realizar recuentos fiables. Y el gobierno afgano no ha podido hacer un seguimiento de los costes humanos de la guerra.

ONG de fuera de Afganistán, incluyendo Human Rights Watch, el Center for Civilians in Conflict y las Open Society Foundations, han hecho valiosos esfuerzos para rastrear y documentar los abusos, las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los incidentes más graves que ocasionaron un número masivo de víctimas, pero ninguna ha mantenido una base de datos de muertos civiles o combatientes (el Bureau of Investigative Journalism, con sede en el Reino Unido, ha recopilado amplios datos sobre las víctimas civiles en el mundo provocadas por los ataques con aviones no tripulados, pero no la cifra total de víctimas civiles de la Guerra Afgana). Durante algún tiempo, el Profesor Marc Herold, de la Universidad de New Hampshire, rastreó tenazmente los incidentes en los que se produjeron víctimas civiles afganas, pero incluyó en sus datos lo que la mayoría de los analistas dicen que son informes exagerados o ficticios de los medios pakistaníes, a menudo protalibanes. Hasta ahora, quizá el mejor recuento de víctimas forme parte del informe sobre los «Costs of War» [los costes de la guerra] elaborado por el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown, bajo la dirección de Catherine Lutz y Neta Crawford. El documento de Crawford «Civilian Death and Injury in Afghanistan, 2001-2011», actualizado en febrero de 2013, estima que ha habido 19.000 civiles asesinados por todos los bandos, y aporta también un valioso compendio de estimaciones de combatientes muertos. Sin embargo, las estimaciones de Crawford de víctimas civiles dependen fuertemente de los informes de UNAMA, que rebajan notablemente la cifra total de muertos.

Una parte fundamental del proyecto de The Nation sobre las víctimas civiles en Afganistán ha consistido en recopilar una exhaustiva base de datos interactiva exclusivamente de incidentes con víctimas civiles desde el principio de la guerra en 2001 hasta finales de 2012. Incluye información recogida de relatos de medios fiables -en medios como The New York Times, The Guardian y la CNN– de 458 incidentes separados, en los que se vieron implicados entre 2.848 y 6.481 afganos que murieron como consecuencia de acciones relacionadas con la guerra perpetradas por EEUU, sus aliados y las fuerzas gubernamentales locales. Incluye atrocidades graves, incluidas las matanzas deliberadas de civiles por parte de las fuerzas de la coalición, tales como el asesinato gratuito de al menos dieciséis personas a manos del sargento del ejército de EEUU Robert Bales en marzo de 2012; ataques aéreos que masacraron a docenas de civiles afganos que celebraban una boda, viajaban en un convoy o sencillamente dormían; y la cifra de asesinados en pequeños grupos o individualmente en los controles militares, en tiroteos y durante los asaltos nocturnos.

Para el recuento de los muertos civiles afganos, es útil dividir la guerra en tres fases: la campaña inicial, que implicó un número pequeño de tropas estadounidenses, de Fuerzas de Operaciones Especiales y de la CIA sobre el terreno, apoyadas por una implacable campaña de ataques aéreos a lo largo de 2001 y 2002; el período de 2003 a 2007, cuando la insurgencia dirigida por los talibanes empezó lentamente a ganar terreno; y el período de 2008 a 2013, considerado como el de los combates más intensos entre la coalición EEUU/ISAF y una insurgencia madura y con gran capacidad de resiliencia.

2001-2002: Durante los primeros meses de la guerra no se llevó a cabo cómputo alguno de los muertos. Los talibanes habían huido y prácticamente no había gobierno en Kabul. EEUU casi no tenía fuerzas sobre el terreno y, en cualquier caso, no prestaba atención a las víctimas civiles. La ONU y las ONG estaban confinadas a la capital. Sin embargo, hubo muchos muertos, sobre todo como consecuencia de los ataques aéreos estadounidenses. La base de datos de The Nation, basada en los informes de los medios recopilados en situaciones extremadamente arriesgadas, recoge 136 incidentes durante los primeros cinco meses de conflicto, que causaron entre 1.200 y 3.155 muertos de guerra.

Otros investigadores, adoptando una metodología más cauta, llegaron a cifras algo más bajas. En junio de 2002, The Angeles Times publicó los resultados de una investigación intensiva de las víctimas civiles causadas por los ataques aéreos entre octubre de 2001 y febrero de 2002. Sus periodistas visitaron 25 pueblos afganos, aunque la mayor parte de sus análisis se basaron en informaciones de los medios. Después de revisar más de 2.000 de esas informaciones, el periódico estimó que durante ese período habían perecido entre 1.067 y 1.202 civiles. Otro estudio recopilado por Carl Conetta, del Project on Defense Alternatives, un grupo liberal con sede en Washington, también dependía de las informaciones de los medios. El estudio concluía que al menos 1.000 civiles -y muy posiblemente hasta 1.300- murieron asesinados entre octubre de 2001 y enero de 2002.

Pero quizá fue William Arkin, un veterano analista militar y especialista en los daños causados por las bombas que visitó Afganistán en 2002 con un equipo de Human Rights Watch, quien dirigió la investigación más práctica. Aunque Arkin había trabajado a menudo estrechamente con el ejército de EEUU, en Afganistán contó con muy poca cooperación del CENTCOM o de la Fuerza Aérea, según le contó a The Nation. Peor aún, dijo: «No había ningún socio afgano con quien trabajar, ni organizaciones humanitarias, ni gobierno alguno al que le importara un bledo o llevara a cabo algún tipo de registro. Por tanto, no había registros. ¡No había registros ni siquiera a nivel local! Era realmente increíble».

Tras identificar cientos de lugares que fueron objeto de los ataques aéreos de EEUU y visitarlos, Arkin dice que era imposible distinguir los daños recientes de los antiguos. «No es una guerra de precisión sobre un paisaje prístino», dice. «Es caos sobre caos». Creía que no habían muerto más de 1.500 civiles durante los primeros cinco meses de la guerra, pero añadía: «Como no había control militar alguno en aquel momento; y como la comunidad de la inteligencia no tenía responsabilidad alguna para informar sobre la cuestión; y como no existían registros ni seguimientos locales por parte del gobierno, a ver quién es el valiente que se atreve a decir cuánta gente murió. No podemos».

2003-2007: No encontramos pruebas de que alguien intentara contar los muertos durante esos años. Según la recopilación de The Nation, entre 617 y 1.012 civiles murieron en ochenta incidentes en que estuvieron implicados el ejército estadounidense y las fuerzas de la coalición a lo largo de ese período de cinco años, aunque la cifra real es probablemente mucho más alta, dada la escasa atención prestada por todas las partes.

Inmediatamente después de la caída del gobierno talibán, EEUU y la ONU se centraron casi exclusivamente en la denominada «construcción de la nación», mientras la insurgencia echaba raíces ante sus propias narices. Esta fue la época de la llamada «huella ligera», cuando la administración de George W. Bush estaba obsesionada con Iraq. En el país sólo había 8.000 soldados de combate estadounidenses y un contingente de fuerzas internacionales de la mitad de ese tamaño; las fuerzas terrestres de EEUU estaban mayoritariamente confinadas en Kabul y unas cuantas bases militares grandes. (No fue hasta octubre de 2003 que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la expansión de la misión de la ISAF más allá de Kabul.)

«Cuando la insurgencia empezó a levantar cabeza, el modo que encontraron para luchar contra ella fue con un sinfín de ataques aéreos», dice Sarah Holewinski, del Centro para Civiles en Conflicto [véase el artículo de Holewinski sobre la cuestión para tener más información sobre dicho Centro]. «Lanzaban bombas con un peso de unos mil kilos en vez de las de 250 kilos. Los civiles sobre el terreno no eran una prioridad para ellos, por tanto muchos civiles murieron asesinados».

En su informe de 2008: «Troops in Contact’: Airstrikes and Civilian Casualties in Afghanistan«, Human Right Watch señalaba: «La combinación de escasas fuerzas sobre el terreno y abrumador potencial aéreo se ha convertido en la doctrina dominante de la guerra de EEUU en Afganistán. La consecuencia: grandes cifras de víctimas civiles, polémicas acerca del continuado uso del poder aéreo en Afganistán e intensas críticas a las fuerzas de EEUU y la OTAN por parte de los dirigentes políticos afganos y de la gente de a pie». Human Rights Watch estimó que las víctimas civiles de los ataques aéreos de la coalición aumentaron de 116 personas asesinadas en trece bombardeos en 2006, a 321 víctimas en los veintidós bombardeos de 2007.

Según Andre-Michel Essoungou, portavoz del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU: «UNAMA empezó a controlar las víctimas civiles de forma regular a finales de 2007. En 2008 empezó a sistematizar la recogida y análisis de datos cuando publicó su primer informe sobre «Protección de Civiles en los Conflictos Armados». «Ninguna organización tiene datos exactos o fiables sobre víctimas civiles de 2001 a 2006, y no hemos visto estimaciones que podamos considerar fiables». Los informes de las Naciones Unidas durante estos años fueron en su mayoría esporádicos y especulativos, y tanto la ONU como los medios de comunicación se centraron en los incidentes de perfil alto con víctimas masivas. En 2006, un informe del alto comisionado de los derechos humanos señalaba que «en 2005 hubo aproximadamente 1.500 civiles asesinados, la cifra mayor de víctimas civiles en los años transcurridos desde la caída de los talibanes en 2001». Pero debería destacarse ese «aproximadamente». En un primer intento de contar sistemáticamente los civiles muertos en 2007, la ONU informó de 1.523 asesinados. En su estudio, Neta Crawford concluye que, como sumo, entre 2002 y 2007, hubo 4.065 víctimas civiles como consecuencia de los combates, pero reconoce que «de 2002 a 2005, hubo muy escasos recuentos por parte de fuentes independientes acerca de la cifra de civiles asesinados en el conflicto».

2008-2013: En junio de 2008, en Afganistán había 48.250 soldados estadounidenses. Año y medio después, tras dos escaladas de la guerra ordenadas por el Presidente Obama, el número de soldados de EEUU superaba los 100.000. La insurgencia, incluidos los talibanes, el grupo Haqqni y Hezb-i Islami de Gulbuddin Hekmatyar, estaba en plena expansión y la guerra estaba en su momento más álgido.

Pero, en 2008, la ONU y el ISAF crearon mecanismos formales de recuento de los civiles muertos, que fueron un fracaso a causa de fallos importantes que conllevaron sin duda recuentos a la baja. La base de datos de The Nation, que depende sobre todo de los informes de los medios occidentales y por tanto rebaja también los muertos, refleja 234 incidentes, que provocaron entre 972 y 2.229 muertos asesinados entre 2008 y finales de 2012.

Según los informes anuales de UNAMA, la cifra de civiles afganos que murieron a causa de la violencia relacionada con la guerra, infligida por todas las partes, se incrementó velozmente: de 2.118 en 2008, a 2.412 en 2009; a 2.777 en 2010; y a 3.012 en 2011, antes de caer a 2.754 en 2012; con otras 1.319 muertes en los primeros meses de 2013. De esas muertes, la proporción de los asesinados por los insurgentes también se incrementó, del 55% en 2008, al 79% en 2012. En total, UNAMA concluía, 2.736 de los asesinados entre enero de 2008 y junio de 2013 murieron a manos de la coalición EEUU/ISAF y fuerzas de seguridad afgana.

¿Tiene el ejército estadounidense cifras más exactas? Probablemente no. Tanto el ISAF como el mando estadounidense mantienen registros de incidentes violentos como parte de un sistema denominado Combined Information Data Network Exchange (CIDNE), que contiene más de cien clases diferentes de informes que hacen seguimiento de los datos del campo de batalla. CIDNE es un archivo reservado y The Nation no obtuvo autorización para poder acceder siquiera a una versión «desinfectada». Pero los investigadores que han visto los datos reservados sugieren que ahí no están las cifras, especialmente antes de 2008. Le preguntamos a Larry Lewis, que en 2010 coescribió un Estudio Conjunto de Víctimas Civiles para el ejército, que sigue siendo reservado, denominado «Reduciendo y mitigando las víctimas civiles», si había cifras fiables para los primeros años de la guerra. «Que yo haya encontrado, no», dice, «y créame que busqué». Una fuente, que fue parte de la Célula para el Seguimiento de Víctimas Civiles establecida por el ejército en 2008, dice que había una sala ultrasecreta que contenía datos muy reservados en la sede del mando del ISAF, añadiendo: «La ISAF mantiene un registro de víctimas civiles. Pero era reservado, desde luego. En realidad, tenían la ‘Sala de los Cinco Ojos’ donde muy poca gente podía entrar. Se llamaba de los Cinco Ojos por los cinco países a cuyos altos mandos se les permitía entrar: EEUU, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda».

Ninguna de las fuentes entrevistadas por The Nation confirmó que la ISAF o el ejército de EEUU tuvieran cifras exactas de los civiles asesinados, ni siquiera después de 2008. Lewis dice que una gran parte de los datos que el ejército tiene son dudosos, porque han sido recogidos de forma errática. «Hay algunos comandantes que, cada vez que se sospecha que hay una víctima civil, harán una investigación para tratar de llegar hasta el fondo», dice. «Otros lo harán sólo si piensan que pudo haber una negligencia o un acto realmente criminal. Por tanto, hay muchos criterios diferentes».

Sarah Sewall, que escribió la introducción al Manual de Campo de la Contrainsurgencia del Cuerpo de Marines/Ejército de EEUU que se elaboró en 2006 bajo la dirección del General Petraeus, fue quien escribió con Lewis el Estudio Conjunto de Víctimas Civiles. A pesar de la carencia de datos exactos y completos, dice, el informe «se basaba en una serie de anécdotas que estudiamos en detalle, para ver cómo podíamos corregirlas» ante la ausencia de datos subyacentes de los que extraer conclusiones sobre tendencias y hacer recomendaciones políticas al ejército de EEUU. The Nation consiguió una versión casi completa de ese estudio.

2. Los imperfectos recuentos de las Naciones Unidas

El equipo de la ONU para los derechos humanos y protección de civiles en Afganistán ha hecho un trabajo muy importante. Casi contra todos los pronósticos, estableció por toda la nación una red de oficinas y de personal entrenado para que rastrearan las víctimas civiles, investigaran incidentes, prepararan informes y presionaran a la coalición de EEUU/ISAF, al gobierno de Afganistán y a los talibanes para que redujeran las muertes de civiles. Desde 2011, ha publicado informes voluminosos sobre las víctimas de la guerra y, desde 2008, UNAMA ha publicado datos anuales o semestrales sobre las víctimas civiles.

Sin embargo, en una serie de entrevistas de amplio alcance, los funcionarios actuales y anteriores de UNAMA le dijeron a The Nation que el trabajo por los derechos humanos de la ONU se ha visto frustrado por las presiones políticas de altos funcionarios para que minimizaran los temas que pudieran socavar la misión de EEUU/ISAF; por los abiertos enfrentamientos con los comandantes militares sobre si los muertos civiles debían ser contados como civiles o combatientes; y por las graves condiciones en que esas investigaciones se han visto dificultadas por cuestiones de seguridad. Un ex funcionario de UNAMA que habló con The Nation dice que a pesar de los enormes problemas para recoger datos y pruebas, los totales de la ONU son bastante completos. «Estimo que hemos perdido el 10% de lo que estaba sucediendo fuera», dice. Pero otro ex funcionario, que pasó años trabajando con el grupo de derechos humanos de UNAMA, dijo claramente: «Sólo hemos informado de la punta del iceberg».

Sobre todo en los primeros años de la guerra, el esfuerzo de la ONU fue muy limitado. Nazia Hussein, de las Open Society Foundations [Fundaciones por una Sociedad Abierta], pasó gran parte del período entre 2002-2007 en Afganistán, incluyendo el período de 2005-2007 con la UNAMA en Kandahar, Jalalabad y Kabul. Durante esa época, nos relata, las condiciones de la seguridad se agravaron mucho, haciendo que fuera muy difícil llegar hasta el terreno. «En aquella época, reinaba todo el tiempo una gran confusión y caos y las víctimas civiles eran cada vez más frecuentes». Añade: «Muchas de las muertes se han atribuido a ataques de la OTAN y de los señores de la guerra, pero si doblas o triplicas la cifra, probablemente obtendrás una número realista, y aún así, es muy probable que la cifra real sea más elevada».

El equipo de los derechos humanos de UNAMA se amplió junto con la guerra. «Tenemos setenta personas situadas por todo el país en nueve oficinas regionales y en dieciséis subregionales», dijo un ex funcionario de la ONU en 2012. Sin embargo, la UNAMA se veía a menudo desbordada. El funcionario estimaba que en algunas provincias se estaban produciendo más de 200 incidentes violentos por mes.

Y los funcionarios de la ONU son los primeros en reconocer que no llegaron a conocerlos todos. A menudo resulta difícil o imposible visitar el lugar del incidente. Con frecuencia, UNAMA tuvo que entrevistar a víctimas y supervivientes por teléfono, o a gente que tenía que viajar a la capital desde un pueblo remoto para visitar su oficina. En ocasiones, las víctimas de la violencia no querían ni podían compartir lo que les había sucedido. Y algunas veces exageraban las cifras por razones pecuniarias, especialmente si pensaban que les podían ofrecer indemnizaciones [para conocer más detalles sobre esos pagos, véase Turse: «Blood Money: Afghanistan’s Reparations Files«, en TheNation.com].

Una ex funcionaria de la ONU que pasó muchos años en Afganistán a partir de la década de los últimos noventa, explica cómo la organización cambió sus planteamientos. «Después del 11/S y del Acuerdo de Bonn [diciembre 2001], EEUU y la ONU empezaron a replantearse, adoptando una línea totalmente diferente sobre los derechos humanos y el impacto de la guerra en los civiles», dijo a The Nation. «Básicamente, la ONU permaneció silenciosa. Durante el régimen de los talibanes, la ONU estuvo todo el tiempo hablando de cosas que tenían que ver con la naturaleza de los derechos humanos. Y muy rápidamente, en 2001-2002, la ONU emitió un mensaje muy fuerte de que ya no iba a seguir por esa línea más».

Al preguntarle de dónde procedían las presiones, dice: «Creo que, para la agenda de Washington, la ONU se estaba convirtiendo en una cuestión muy sensible». Para estropear aún más las cosas, muchos aliados tradicionales de los grupos por los derechos humanos y de la unidad de protección de los civiles de la ONU, como los canadienses, los noruegos y los holandeses, pasaron a formar parte de la coalición militar dirigida por EEUU. Para los miembros de la coalición, la tarea de la ONU consistía en forjar un nuevo gobierno afgano, no en andar metiéndose en cuestiones de derechos humanos. «Se nos dijo que la paz estaba al alcance de la mano y que por eso teníamos que dedicarnos a consolidar la paz», dice la ex funcionaria de la ONU.

Según los combates iban haciéndose más intensos y la ONU reforzaba su sistema para contar los muertos civiles, la politización del cómputo por parte de la ISAF se intensificó también. Kai Eide, que sirvió como representante especial de la ONU en Afganistán desde marzo de 2008 a marzo de 2010, recordaba que los funcionarios estadounidenses acusaban a la ONU de estar ayudando a la insurgencia al atraer la atención sobre los errores de la coalición. «La ONU tenía un firme mandato respecto a los derechos humanos», dijo a The Nation, «y las víctimas civiles se habían ido convirtiendo cada vez más en un problema». Un ex funcionario de la ONU que pasó años en Afganistán se hizo eco de esa situación señalando: «Están mucho más politizados, por eso cada vez hay más y más presiones sobre UNAMA para que controle y vuelva a controlar los incidentes en los que se alegó que habían muerto personas a causa de las acciones de las fuerzas progubernamentales, lo que incluye tanto a las fuerzas internacionales como a las fuerzas afganas. Y una vez más, eso tendría un impacto en los cómputos».

Eide relató una reunión de principios de 2008 con Victoria Nuland, después embajadora de EEUU ante la OTAN, en la cual se le advirtió para que no revelara cifras de víctimas civiles. Frente al equipo de Eide, así como de otros funcionarios civiles y militares de EEUU, Nuland sentó las reglas: «‘Espero que no haya sorpresas’, dijo con dureza», es como Eide la recuerda. «Estuve oyendo cosas acerca de muchas de esas reuniones entre nuestra gente que se ocupaba de los derechos humanos y los funcionarios militares de bajo nivel en nuestras oficinas locales de la ISAF. Creo que fue un esfuerzo bastante constante durante un tiempo», dijo a The Nation. En su memoria de 2011, Power Struggle Over Afghanistan, Eide señala que «la ONU no podía quedarse callada cuando se estaban perpetrando graves errores que causaban víctimas civiles. Nuestro mandato de derechos humanos era claro y no teníamos intención de barrer nuestras preocupaciones bajo la alfombra».

Sin embargo, las presiones eran intensas en los estratos inferiores de la cadena de mando y en las entrevistas con The Nation, el equipo de la ONU relataba todo lo que se había visto obligado a hacer para ajustarse a los intereses de EEUU y sus aliados militares. A menudo, la ISAF afirmaba que las bajas que se producían en un particular incidente eran combatientes y no civiles. O recusaban las cifras. O insistían en que los trabajadores de la ONU habían documentado que no había sucedido nada en absoluto. «Así pues, llegas a una situación en la que tienes una acusación verosímil de que algo ha sucedido en la provincia X. Vas a la OTAN, y ellos te dicen algo así como: ‘Bien, en realidad eso no ha sucedido'», dice un ex funcionario de la ONU, añadiendo que, en esos casos, la ONU decidía de mala gana dejar el incidente fuera de su base de datos.

En efecto, el seguimiento de las víctimas se convirtió en una negociación política que debía resolverse en un chalaneo de trastienda. «‘Tienes que hacer revisión de conciencia: OK, quizá tengamos que quitar eso'». El ex funcionario, que recuerda «inacabables reuniones con los militares» para decidir si se incluían o no datos, añade: «Y con cada nuevo informe, había una versión distinta que emanaba de la OTAN y decían: ‘No estamos realmente de acuerdo en esto, en aquello, tenemos otras cifras'».

Uno de los mayores problemas entre UNAMA y la ISAF al intentar reconciliar los datos era la implicación de las ultrasecretas Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de EEUU en muchas de las muertes de civiles. En efecto, según el Estudio Conjunto de Víctimas Civiles de Lewis y Sewall: «Entre 2007 y mediados de 2009, las operaciones de las Fuerzas Especiales (incluyendo ataques aéreos dirigidos por ellas) causaron alrededor de la mitad de las víctimas civiles provocadas por EEUU». Sin embargo, para la ONU, conseguir la cooperación de los comandantes de las Fuerzas de Operaciones Especiales era algo casi imposible. «Con la ISAF, había alguna posibilidad. Pero con las Fuerzas Especiales, no había manera de conseguir información alguna», dice un ex funcionario de UNAMA. «Insistían en que habían matado insurgentes. No era así en absoluto. Eran campesinos, porque la población local nos lo había contado, pero no había forma de que lo aceptaran».

La situación era la misma dentro del ISAF. El teniente coronel Ewan Cameron, del ejército británico, que sirvió veinte meses en Afganistán entre 2007 y 2009, trabajó en el seguimiento y reducción de víctimas civiles. Pero aunque disponía de una habilitación muy reservada, estaba totalmente en ayunas en cuanto a las actividades de las FOE en su área de operaciones. «Si se nos informaba de víctimas civiles como consecuencia de la sospechada acción de las FOE, no podíamos corroborarlo porque no sabíamos qué actividades de esas Fuerzas se habían producido», dijo a The Nation. «Así era, cuando se nos preguntaba algo sobre el tema, teníamos que salirnos por la tangente de forma educada».

William Arkin se muestra de acuerdo: «Una vez que averiguabas que la CIA estaba implicada, que las FOE también, entonces, olvídate. Jugaban con reglas diferentes». Arkin dice que visitó centros de operaciones aéreas muy secretas donde incluso el mando militar no sabía nada de lo que estaban haciendo las FOE. «No lo sabían, literalmente», dice. «Como se lo estoy diciendo, literalmente, no sabían nada».

3. El cómputo de víctimas de los militares

Cuando la ISAF estableció finalmente en 2008 una serie de mecanismos para hacer el seguimiento de las víctimas civiles, se pudo superar un comienzo poco propicio. «Tuve una bienvenida impactante», dice uno de los oficiales de la ISAF implicado en los primeros días de la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles que se creó en 2008 con el objetivo de examinar los informes de incidentes con víctimas civiles, guardándolos en una base de datos, analizándolos y elaborando informes para el alto mando. «Cuatro días después de haber llegado, la persona a la que se suponía debía informar fue sacada esposada de la oficina, acusada de violar el Acta de Secretos Oficiales del Reino Unido por filtrar información sobre víctimas civiles a Rachel Reid, de Human Rights Watch. Por desgracia, ese incidente fijó el tono de lo que sería mi año en el puesto. ¡Se lo llevaban esposado por hacer exactamente lo que debía hacer!

El oficial arrestado, un coronal del ejército británico llamado Owen McNally, no había filtrado realmente ningún secreto vital. En realidad estaba intentando cooperar con las ONG civiles, y al parecer le habló a Reid de algunas de las directivas y directrices que el ejército de EEUU y la ISAF habían emitido para minimizar las muertes de civiles. McNally sería finalmente exonerado en Gran Bretaña pero no antes de que el episodio se volviera bastante sórdido. Según Reid y otra mujer que hacía el recuento de víctimas para una ONG diferente, el Ministerio de Defensa británico intentó manchar su reputación difundiendo infundados rumores de que habían tenido una relación sexual con McNally.

«El Ministerio de Defensa británico se inventó la historia de que me había dado información sobre las víctimas civiles y hubo un montón de prensa amarillista alrededor tratando de explotar el morbo», dice Reys. «Lo que me dio fue algo de información respecto a un cambio en las directivas tácticas de la ISAF sobre la utilización de una fuente de inteligencia para las acciones y asaltos del ejército. El ejército se enfadó mucho porque se reconocía implícitamente que habían estado lanzando ataques aéreos en función de la información aportada por una sola fuente». Las injuriosas historias aparecieron en varios periódicos británicos, incluido The Sun, The Times y el Daily Mail. La Célula para el Seguimiento de Víctimas Civiles no pudo superar nunca ese problemático comienzo, aunque con el tiempo la ISAF y el mando estadounidense se ganarían cierto respeto rencoroso de la ONU y las ONG -incluyendo Human Rights Watch y el Center for Civilians in Conflict- respecto a los temas relacionados con las bajas civiles. Sin embargo, la Célula para el Seguimiento de las Víctimas Civiles y las unidades que la sucedieron nunca jugaron limpio con la ONU y se resistieron a cooperar con los medios, incluida The Nation.

Como señalaba, en los primeros días, aparentemente, el ejército estadounidense y sus socios de coalición ignoraron todos los aspectos relativos a las víctimas civiles de la guerra. Una investigación llevada a cabo en sus archivos por el personal de la ISAF no reveló ni un solo estudio o investigación de víctimas civiles entre 2001 y 2008. Como John Bohannon, que investigaba la cuestión para la revista Sciense, señalaba en 2011: «La organización en mejor posición para recoger directamente las víctimas civiles es el mismo ejército con casi 150.000 observadores sobre el terreno presenciando la violencia diaria. Pero parecía que el ejército no llevaba registro alguno de esas observaciones».

No fue sino hasta 2005, según el manual para la Prevención de Víctimas Civiles en Afganistán del ejército, cuando las víctimas civiles «se convirtieron en un tema operativo clave en Afganistán», y resulta que esos esfuerzos fueron un fracaso. «A pesar de los esfuerzos para reducir los daños a los civiles causados por las fuerzas de la coalición», en el manual de 2012 se lee: «Las primeras iniciativas en Afganistán no lograron mitigar el problema». Sólo después de una serie de ataques que provocaron víctimas masivas fue cuando el ejército estadounidense empezó finalmente a restringir el uso de la fuerza.

En 2007, el General Dan McNeill emitió la directiva táctica inaugural de la ISAF. Centrándose en una protección más eficaz a los civiles durante los «asaltos, preasaltos o disparos preparatorios y en los disparos tierra-aire o indirectos», el documento llamaba a utilizar armas pequeñas cuando fuera posible en vez de lanzar ataques aéreos, y a limitar los ataques a recintos a las situaciones en las que las fuerzas de la coalición «estuvieran siendo atacadas con fuego desde dichos recintos o hubiera una amenaza inminente que procediera de allí, y cuando no hubiera otras opciones posibles para que el comandante de la fuerza terrestre protegiera esa fuerza y cumpliera la misión».

Sin embargo, según el Coronel John Agoglia, que dirigió el Centro de Entrenamiento de Contrainsurgencia en Kabul desde 2008 a 2010, el mensaje no tuvo eco. Antes de 2008, dijo a The Nation: «Había preocupación, pero esa preocupación no se estaba transmitiendo ni en la base, ni sobre el terreno, ni en el centro de entrenamiento». De forma parecida, Larry Lewis, que llevó a cabo un estudio sobre directivas tácticas para el Pentágono, dijo a The Nation que mientras la ISAF no reconociera los problemas de sus métodos, la respuesta ad hoc tenía un efecto limitado. «Por tanto, que el mando estuviera reconociendo esto ya esto en 2007 era perjudicial para la misión», dice. «Pero intentaban hacer algo así como ‘Hey, sabemos que está mal, por tanto es mejor que fijemos algunas orientaciones y esperemos que eso ayude’. Pero no ayudó realmente en nada».

En septiembre de 2008, tras el bombardeo que mató a 82 civiles en el pueblo de Azizabad, en la provincia de Herat (véase Dreyfuss, «Mass-Casualty Attacks in the Afghan War«), el General David McKiernan emitió una nueva directiva táctica de la ISAF que sustituía el documento de McNeill de 2007. La nueva regulación ponía en marcha directrices más estrictas para los ataques aéreos, subrayando la necesidad de reducir las víctimas civiles durante los procedimientos de «escalada de la fuerza». Además, «pedía que se reconocieran las víctimas civiles o los daños a las propiedades a todos los niveles, desde el nivel comunitario al nivel nacional» y creaba un mecanismo para documentar los incidentes con víctimas civiles y calcular los daños causados por las bombas.

Tres meses después, McKiernan emitió una visión levemente revisada que incluía un lenguaje más restrictivo respecto a los ataques aéreos. El ataque de Azizabad también provocó que el CENTCOM emitiera una directiva táctica para acelerar la investigación e información de los incidentes con víctimas civiles.

En mayo de 2009, otro devastador ataque aéreo, esta vez en la provincia de Farah, mató hasta a 140 civiles, según una investigación del gobierno afano. A continuación, el CENTCOM encargó un estudio para «analizar los incidentes que hacían que la coalición causara víctimas civiles», según un informe anteriormente secreto obtenido por The Nation a través del Acta de Libertad de la Información. Se averiguó que la directiva de la ISAF de 2008 «podría haber mitigado el impacto del incidente de Farah», pero estaba claro que no se había seguido. Los hallazgos cuestionaban también «hasta qué punto esa directiva táctica se había institucionalizado» y se averiguó que las normas de combate no se habían actualizado ni sincronizado.

El estudio centró gran parte de su atención en «combatir la guerra de la información». El material informativo indica que aunque el Comité Internacional de la Cruz Roja y Al Jazeera tardaron menos de 24 horas en llegar al escenario del ataque de Farah, los primeros representantes de la coalición tardaron tres días en llegar y fueron necesarios dieciséis días para que el ISAF emitiera un comunicado. «Como resultado», se lee en el informe secreto, «fue el gobierno de Afganistán, los intereses de las comunidades locales y posiblemente los talibanes quienes reflejaron las primeras impresiones en los medios. La ISAF, concluía el estudio, había cedido «la narrativa a aquellos cuyos intereses no se alineaban» con los suyos. Según un sumario final, el informe secreto pedía a la ISAF que «se implicara en la batalla por la narrativa» para minimizar las consecuencias en las relaciones públicas.

El General McChrystal emitió otra directiva táctica en julio de 2009, y en 2019, la ISAF emitió directivas que interrumpían la práctica de lanzar disparos de advertencia, limitando los asaltos nocturnos y advirtiendo para que el comportamiento fuera más respetuoso. Mientras que con anterioridad las normas se centraban en el problema que teníamos, que era arrojar bombas sobre recintos residenciales, ahora se centraban en «cualquier zona donde pudiera haber un civil», dijo el entonces Coronel Rich Gross, el principal asesor jurídico de McChrystal (ahora convertido en general). Al mismo tiempo, EEUU estaba a punto de perder otra batalla en el control de las narrativas: El soldado raso Bradley (ahora Chelsea) Manning estaba a punto de poner en solfa el estribillo tanto tiempo mantenido por el ejército de «nosotros no contamos los muertos».

En julio de 2010, documentos militares publicados por WikiLeaks demostraron que el ejército estadounidense mantenía en secreto una serie de archivos relativos a 4.024 muertos civiles afganos a causa de la guerra entre enero de 2004 y diciembre de 2009 (también conocido como los registros de la Guerra Afgana). Por primera vez, la gente estaba al tanto de informes militares internos secretos -inteligencia no procesada de las tropas sobre el terreno- que detallaban la carnicería que había tenido lugar por todo Afganistán.

Aunque sugerentes, los documentos sólo incluían casos de informes sin procesar de operaciones militares. Larry Lewis dijo que su investigación sobre incidentes con víctimas civiles de 2001 a 2008 se encontró con que los datos eran muy incompletos. «Realmente, allí no hay nada de interés», dijo a The Nation. «He tratado de sumar algunas cifras que llegan a 2007, pero tengo que decir… que están equivocadas. Son definitivamente incompletas, porque lo único que pude hacer fue acudir a las investigaciones del ejército estadounidense que se iniciaron a causa de incidentes con víctimas civiles y utilizar eso como fuente. Pero estoy seguro que ha habido otros incidentes que nunca se investigaron».

De forma separada, la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles estaba ahora anotando datos sobre no combatientes asesinados y heridos por las fuerzas de la coalición a partir de los informes enviados por las unidades sobre el terreno al Mando Conjunto de la ISAF. Pero también esos datos eran «inconsistentes en el tipo y calidad», según el Estudio Conjunto sobre Víctimas Civiles de Lewis y Sewall. De hecho, en febrero de 2010, el comandante de la ISAF «estaba aún preguntando abiertamente, sin recibir respuesta alguna, si los incidentes con víctimas civiles (CIVCAS, por sus siglas en inglés) causados por EEUU estaban correlacionados con unidades particulares y/o durante cuánto tiempo».

En 2009, la ISAF creó otro órgano de investigación, el Equipo Conjunto de Valoración de Incidentes (JIAT, por sus siglas en inglés), que se despliega en los lugares donde se ha informado que se han producido incidentes con víctimas civiles para llevar a cabo una investigación separada en paralelo a las investigaciones estándar de la ISAF. «Se pone en marcha un JIAT para determinar rápidamente los hechos cuando tenemos una acusación de que se ha producido un suceso grave, como es el caso de que ha habido víctimas civiles», según explicó a The Nation el Comodoro Michale Wigston, de la Real Fuerza Aérea británica, ex director de operaciones aéreas para el Mando Conjunto de la ISAF. El JIAT, compuesto sobre todo de personal de la ISAF junto a dos «socios afganos», recopila después «una narrativa de los hechos… basada en las entrevistas con la gente que se ha visto implicada en el supuesto incidente». Sin embargo, es sólo un grupo de determinación de hechos y tiene como objetivo específico «cualquier cuestión que pueda integrarse en el ámbito de una investigación formal». Al igual que otros equipos de investigación de la ISAF, los informes del JIAT no incorporan a expertos independientes, no están supervisados desde fuera y no tienen carácter público.

En 2011, la ISAF creó el Equipo para Reducir las Víctimas Civiles, con un mandato que proporcionaba a los líderes de la ISAF «valoraciones estratégicas y recomendaciones para impedir y reducir todos y cada uno de los sucesos con víctimas civiles». Con un comunicado de misión que afirmaba que el mando «hará todo lo posible para evitar, y si es necesario valorar y mitigar todos y cada uno de los sucesos en los que haya víctimas civiles», la ISAF construyó lo que se llama «comunidad CIVCAS», que incluía la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles, el Equipo de Mitigación de Víctimas Civiles, el Grupo de Trabajo de Mitigación CIVCAS (que mantiene reuniones mensuales con los dirigentes afganos para discutir cuestiones importantes) y el Grupo de Trabajo de las ONG CIVCAS (que hace lo mismo con las ONG). También se refinaron y sistematizaron los métodos de investigación. Mientras se desarrollaba y ampliaba, la comunidad CIVCAS actuó en gran medida a puerta cerrada hasta que -tras las revelaciones de WikiLeaks-, la ISAF abrió excepcionalmente sus operaciones de rastreo de víctimas civiles a John Bohannon, de Science. «Se mostraron comunicativos», dijo Bohannon a The Nation. «Siempre decían: ‘Mire esto, mire aquello’, pero siempre intentando reducir el número de víctimas».

Tras un período de negociación, a Bohannon le permitieron que accediera a los datos, por lo que en 2011 publicó un artículo en Science y también online con parte de las cifras de la ISAF. «Nuestra base de datos es cien por cien transparente», decía el contralmirante de Marina Gregory Smith, director de comunicaciones de la OTAN en Kabul en esa época. Pero la ISAF publicaba datos sobre víctimas civiles sólo por regiones y meses, no sobre sucesos específicos. «Les estuve presionando hasta donde pude», dice Bohannon. «Lo que me ofrecían al principio era incluso menos detallado y amplio».

Justo antes de su publicación, nerviosos militares de alto rango le pidieron a Bohannon que aplazara la historia, dijo a The Nation, pero su artículo se publicó sin demora y, según escuchó más tarde, fue bien recibido en los círculos militares. Sin embargo, un año después, la ISAF cortaría su acceso a la comunidad CIVCAS y a sus datos, a la vez que proporcionaba respuestas menos que satisfactorias acerca de ese cambio de política. «De nuevo estamos en el castillo de Kafka», dice Bohannon. «No conseguíamos ni respuestas razonables ni coherentes».

Cuando The Nation solicitó poder ir empotrado con las fuerzas de la ISAF para poder ser testigos del sistema de seguimiento del ejército en acción, se nos rechazó repetidamente. A pesar del hecho de que a Bohannon se le había dado acceso unos meses antes, a The Nation se le dijo que como el Equipo de Mitigación de Víctimas Civiles y la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles trabajaban dentro de una «instalación de seguridad», estaba prohibido que entrara gente de a pie. El comandante del Equipo Conjunto de Valoración de Incidentes dio una respuesta similar a otra petición de empotramiento. Un portavoz de la ISAF le dijo a The Nation que «rechazaba llevar a alguien empotrado en las investigaciones porque parte de la información era reservada».

Los datos oficiales indican que los tan aclamados esfuerzos de la ISAF para evitar víctimas civiles han tenido, en el mejor de los casos, resultados limitados. Los informes internos que la ISAF accidentalmente le entregó a The Nation indican que durante las tres primeras cuartas partes de 2011, las fuerzas de la ISAF fueron responsables de la muerte o heridas de 434 civiles, de hasta 414 durante los primeras tres cuartas partes de 2010; mientras que las muertes atribuidas a las fuerzas de la coalición reflejaban una cifra algo menor, de 175 a 166. No se sabe bien si se trataba de un artefacto con mejores procedimientos de vigilancia y seguimiento o de un fracaso de las políticas de la ISAF, y sigue sin poder saberse debido al velo de secretismo de la ISAF.

Diversas investigaciones, incluyendo el informe de Bohannon en Science y del proyecto «Costs of War» de Neta Crawford, han indicado que en la base de datos del ejército estadounidense se echan de menos incluso los incidentes con víctimas masivas, como la masacre de septiembre de 2009 en el distrito de Ali Abad de la provincia de Kunduz, que dejó casi 100 muertos, en su mayoría civiles, que se habían congregado alrededor de un camión cisterna averiado para recoger fuel. En su informe, Crawford dice: «Las fuerzas de la OTAN finalmente reconocieron que la mayoría de los muertos eran civiles, y Alemania pagó indemnizaciones a las familias de los 91 civiles asesinados y a las de los once heridos. Sin embargo, la base de datos CIVCAS del ISAF no recoge muerte alguna debido al apoyo aéreo cercano de septiembre de 2009 en el norte de Afganistán. ¿Cómo pudo el ejército hacer desaparecer decenas de muertos y no incluirlas en su propia base de datos, incluso en un caso tan publicitado como el de Kunduz? No cabe duda de que alguien de la burocracia militar no está dispuesto a admitir que la gente masacrada eran civiles. Lo que plantea la pregunta siguiente: ¿Qué utilidad tiene la base de datos de la Célula de Seguimiento de Víctimas Civiles?

4. ¿Se ha aprendido alguna lección?

Por supuesto que la mejor forma de evitar las víctimas civiles en la guerra es evitar la guerra. Aparte de eso, quizá todo lo que puede esperarse es que el Departamento de Defensa y el mando militar aprendan las lecciones adecuadas de la guerra en Afganistán. Sin embargo, hay pocos indicios de que esas lecciones se estén institucionalizando. Y puede que algunos hayan aprendido las lecciones equivocadas, como la ilusión de que el uso extendido de ataques de «precisión» con misiles lanzados desde aviones no tripulados puede reducir las víctimas civiles. Esto ignora el incalculable número de inocentes asesinados en esos ataques (el Buró de Periodismo de Investigación estima que han muerto hasta unos mil sólo en Pakistán, Yemen y Somalia), lo que ha creado una nueva generación de combatientes antiestadounidenses en búsqueda de venganza por los seres queridos y camaradas masacrados.

Sarah Holewinski, directora ejecutiva del Centro para Civiles en Conflicto, ha pasado años entrenando a los oficiales del ejército de EEUU sobre cómo evitar las muertes de civiles y ha trabajado con los comandantes de EEUU y de la ISAF elaborando directivas para las tropas. Aunque dice que muchos de los que tienen experiencia en Afganistán han aprendido las lecciones adecuadas, no está nada claro que el Pentágono vaya a aplicarlas a nivel amplio. «Lo que se necesita es una Oficina de Protección Civil», dice Holewinski.»Debería haber realmente al menos una persona, cuando no un equipo, diciéndose, ‘¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Dónde podemos poner todas esas lecciones para impedir daños civiles en nuestras políticas y protocolos y nuevos procedimientos y nueva estrategia de contraterrorismo?’ Y llevamos presionando cinco años para conseguirlo, y realmente no hemos llegado a parte alguna. Mucha gente con la que he hablado dice que es un objetivo demasiado ambicioso; que no tienen los recursos necesarios. Todo el mundo sabe que las víctimas civiles es un problema grave e importante, pero no es suficiente sólo con saberlo. Eso no significa que las cosas vayan realmente a cambiar».

El Estudio Conjunto de Víctimas Civiles reconoce que, a partir de 2010, no había ninguna oficina en el Pentágono dedicada directamente a las víctimas civiles. Además, «no hay cuadros de ‘expertos’ sobre operaciones del ejército estadounidense y víctimas civiles, ni siquiera existe una entidad de conocimientos sobre el problema». Esto se debe en parte a pura negligencia y en parte al personal -incluidos altos oficiales-, que se jubila o cambia de puesto y se llevan con ellos lo que han aprendido.

Cuando The Nation preguntó a los autores del estudio si había ahora, finalmente, una oficina en el Departamento de Defensa que se ocupara de las víctimas civiles, la respuesta fue la sugerencia de que existía en la Oficina del Secretario de Defensa. Pero no hay nada. Un oficial dijo: «Llamé a todas las oficinas que pensé pertenecían a la Oficina del Secretario de Defensa y todas respondieron: ‘¡Yo, no! ¡Yo, no! Aquí no es'». Otras investigaciones por otras dependencias dieron parecidos resultados.

Mientras la guerra en Afganistán va perdiendo potencia, el pueblo estadounidense, los medios de comunicación, las academias y los think tanks tienen todos que jugar un papel exigiendo que en cualquier guerra futura, EEUU ponga la prioridad más importante en evitar víctimas civiles y, si se produjeran, en rendir cuentas y hacer correcciones. Si el Pentágono se mueve con demasiada lentitud, la vía más rápida es que el Congreso celebre vistas y después elabore la legislación que cree y financie generosamente esa oficina, insistiendo en que sus procedimientos deben estar codificados. Eso, al menos empezaría a dar sentido a las muertes de decenas de miles de afganos que han perecido en una guerra innecesaria, equivocada y espantosamente dirigida.

Robert Dreyfuss es editor-colaborador de The Nation y periodista de investigación especializado en temas de política y seguridad nacional. Es autor de Devil’s Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam y es colaborador frecuente de Rolling Stone, The American Prospect y Mother Jones.

 

Nick Turse es editor-jefe de Tomdispatch.com e investigador de The Nation Institute. Es autor de The Complex: How the Military Invades Our Everyday Lives y de una historia de pronta aparición sobre los crímenes de guerra de EEUU en Vietnam: «Kill Anything That Moves» (ambos libros en Metropolitan).

Fuente:

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