Traducido por Carlos Sanchis y revisado por Caty R.
El día que el presidente Bush conmutó la pena de cárcel a Scooter Libby, Mordechai Vanunu fue condenado a prisión, otra vez, en Israel.
En ambos casos el delito subyacente era el mismo: hablar con los periodistas. En cada caso los cargos procesales iban por un lado. Los de Libby, mentir bajo juramento sobre los hechos obstruyendo la justicia. Para Vanunu haber quebrantado una restricción que le impusieron cuando salió hace tres años de prisión, después de cumplir completa una condena anterior de dieciocho años, también por hablar con los periodistas: le ordenaron no hablar, en absoluto, con periodistas o extranjeros. Como un hombre libre hizo ambas cosas abierta y repetidamente.
Pero mientras que Libby había desvelado información secreta y Vanunu había cumplido su condena anterior por hacer lo mismo, en este caso Vanunu no fue acusado de revelar ningún secreto. Las transcripciones o relatos publicados de sus conversaciones están disponibles, se sabe perfectamente que sobre lo que habló era, principalmente, la verdad de sus convicciones personales sobre las armas nucleares: que éstas deben abolirse universalmente, las de Israel entre ellas.
El perjurio, con la intención y efecto de obstruir la justicia (con éxito como sucedió en el caso de Libby) es un delito antiguo establecido virtualmente en cualquier sistema judicial. El acto de Vanunu de hablar libremente de sus ideas no lo es en la ley internacional de los derechos humanos existente. Ni es un crimen interno en otras sociedades democráticas. Éstas no eran las condiciones de libertad provisional, como frecuentemente se distorsiona. Vanunu no estaba fuera de la prisión en libertad condicional por su anterior sentencia, sino que cumplió íntegramente su condena de dieciocho años de prisión, once y medio de ellos en aislamiento. Por consiguiente según la mayoría de los sistemas judiciales penales no debería haber estado sujeto a ninguna restricción o requisito.
Entonces, ¿cuál era el estado legal de las restricciones violadas por las que le condenan ahora? La respuesta es que la ley israelí, bajo la cual su opinión y movimientos están restringidos, es una reliquia sin modificar del período del Mandato Británico en Palestina, es decir una legislación colonial. No hay nada igual en ninguna otra democracia del mundo. Es como si los jóvenes Estados Unidos hubieran vuelto a promulgar las opresiones y restricciones británicas que condujeron a la revolución, que fueron condenadas en la Declaración de Independencia y se prohibieron en el Estatuto de Derechos. Vanunu reflexionó irónicamente al oír su nueva sentencia que quizás su apelación debería elevarse a la Reina de Inglaterra.
Hay otras diferencias entre los dos casos. El propósito claro de las conversaciones de Lewis Libby con los periodistas era desacreditar a alguien, Joseph Wilson, que había dicho públicamente la verdad que contradecía las mentiras de la administración. Parte de la información clasificada que reveló -bajo la dirección de su jefe, el vicepresidente Richard Cheney- era deliberadamente engañosa respecto a los fundamentos por los que el país había ido a la guerra de Iraq. El pasaje que reveló, relativo a una estimación secreta del Servicio de Inteligencia nacional, se extrajo selectivamente de un contexto que incluía la advertencia de que dicha estimación era incierta y polémica dentro de la comunidad de la inteligencia. De hecho estaba equivocada. Y cuando Libby fue autorizado para publicarla por el vicepresidente (cuya autoridad para hacerlo está muy en cuestión) ambos, Cheney y Libby sabían que la estimación que se mostraba era falsa.
La otra parte de la información secreta que Libby reveló fue el nombre y el trabajo de la esposa de Joseph Wilson, Valerie Plame, una agente secreta de la CIA cuyo trabajo era descubrir modelos de proliferación nuclear en Oriente Próximo. Obligación de informar: Yo no considero que toda la información secreta sea intocable y haya que mantenerla en secreto, y yo mismo fui procesado por copiar deliberadamente y revelar información secreta, los Papeles del Pentágono. Pero yo no habría revelado el nombre de Valerie Plame o su condición clandestina. Ella hacía un trabajo que indiscutiblemente servía a los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos y obviamente requería y tenía derecho al secreto.
Es más, ese secreto particular (al contrario que en los Papeles del Pentágono) estaba protegido por una ley aprobada por el Congreso, la Ley de Protección de Identidades de la Inteligencia, que criminaliza la revelación consciente de las identidades de los agentes secretos. (Aunque Libby lo conocía, el estado secreto de ella permanece sin saberse y sin probar, gracias a sus lapsos de memoria, o quizás, mentiras). No hago objeciones a tal ley, estrictamente definida, mientras que me opondría a una ley general de secretos oficiales como la de Gran Bretaña que criminaliza cualquiera y todas las revelaciones de información secreta, lo cual, hasta el momento, se ha impedido que pasara por nuestra Primera Enmienda.
No hay ninguna duda de que la información que Vanunu reveló a la prensa en 1986 -sobre todo que Israel, que jamás ha firmado el Tratado de No Proliferación ni ha abierto sus operaciones nucleares a inspección internacional alguna, era un estado con armas nucleares, con un arsenal mayor que el de Gran Bretaña y quizás mayor que el de Francia- estaba considerada como secreto en Israel y su revelación como ilegal. Por otro lado, ningún otro estado poseedor de armas nucleares había mantenido este estatus secreto a su propio pueblo y al mundo: de nuevo con la excepción de Sudáfrica, que reveló su anterior arsenal secreto al mismo tiempo que lo desmantelaba junto con el apartheid. Es más, en 1986 este programa (aparte del grado revelado por Vanunu, que incluso fue una sorpresa para la CIA) era casi un secreto exclusivamente para aquellos israelíes y otros (incluyendo, oficialmente, el gobierno estadounidense) que optaron por creer las negaciones y la ambigüedad engañosa de Israel.
En todo caso era una información que los ciudadanos compañeros de Vanunu merecían haber tenido con urgencia mucho antes, a tiempo de llegar a un informado y democrático juicio e influir en la política de su país. En mi opinión, Mordechai Vanunu hizo lo que debía con la información que consiguió. Yo, espero, hubiera hecho lo mismo en su situación. Su determinación para aceptar el riesgo personal que su veraz narración llevaba consigo: que sufriría una larga condena de prisión (y el tiempo más largo en aislamiento conocido por Amnistía Internacional, que lo definió como una violación de los derechos humanos) merece la admiración mundial y espero que se imite.
Su restricción y persecución continuada después de cumplir condena, su regreso a prisión durante seis meses en una pretensión de conservar secretos de veinte años de antigüedad que todavía tuviera que revelar (y qué las restricciones no protegen), es ilegal y ultrajante.
En cuanto a Libby no tengo una opinión firme de si su condena a treinta meses en prisión era, cuando el presidente Bush juzgó conmutarla, excesiva. Como Bush indudablemente sabe con más detalle que nosotros, Libby sólo estaba llevando a cabo, rutinariamente, los deseos y las órdenes -manifiestamente ilegales- de sus jefes. Si esto se confirmara por la investigación del Congreso que debe ser abierta sobre las imposturas y violaciones de la ley y la Constitución que nos llevaron a la guerra (y puede pasar también en Irán), debe conducir a la acusación y consiguiente procesamiento delictivo de Richard Cheney y/o George Bush. Pero ahora se apaga ese intento por la certeza de que el enjuiciamiento de Cheney o su superior sería anulado por el perdón presidencial. Puede que no sea verdad, como declaró Richard Nixon, que «si lo hace el presidente no es ilegal». Pero el hecho es que si fue pedido por el presidente o el vicepresidente parece que no es castigable. Como en Israel, siguen en vigor las leyes que le convienen a un viejo sistema imperial, no a una república.
Original en inglés: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=6232
Daniel Ellsberg trabajó en el estudio de alto secreto McNamara, sobre la toma de decisiones de Estados Unidos en Vietnam, 1945-68, qué después se conoció como los Papeles del Pentágono. En 1969, fotocopió 7.000 páginas y las entregó al Comité de relaciones Exteriores del Senado; en 1971 las entregó al New York Times, al Washington Post y a otros 17 periódicos. Su procesamiento, sobre la base de doce delitos mayores, que planteaba una posible condena a 115 años se descartó en 1973 con motivo de la de mala conducta gubernamental contra él que condujo al enjuiciamiento de varios ayudantes de la Casa Blanca y figuró en el proceso de inculpación contra el presidente Nixon.
Desde el final de la Guerra de Vietnam ha seguido siendo una importante voz de la conciencia moral y ha ejercido como conferenciante, escritor y activista sobre los peligros de la era nuclear, la mala actuación del gobierno y la necesidad urgente de una denuncia patriótica de las actividades ilegales y la corrupción de la administración.
Carlos Sanchis y Caty R. pertenecen a los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.