Crecen las críticas contra la nueva ley catalana que regula las cooperativas
Mientras que, en tiempos de emergencia social y arcas municipales vacías, van en aumento los ayuntamientos que incorporan prácticas de la economía solidaria a la política, el Parlament de Catalunya ha aprobado una ley del sector cooperativo en nombre, paradójicamente, de la competitividad. El jarro de agua fría sobre el cooperativismo que ha lanzado la decisión −con sólo los tres votos de la CUP en contra− no sorprende a Jordi Garcia, activista de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Garcia advierte en la ley un nuevo intento de limar la identidad democrática y social que diferencia al modelo cooperativo, una voluntad de asimilación mercantilista que, denuncia, está enraizada en el escalafón político autonómico de todo el Estado.
La nueva ley de cooperativas de Catalunya se ha aprobado con una parte significativa del movimiento cooperativo en contra. ¿Por qué ha generado tanta oposición?
El cooperativismo con sensibilidad transformadora ha criticado la ley por ser un paso más en los intentos de los gobiernos de asimilar la cooperativa a la empresa mercantil privada. Desde los 90, no sólo en Catalunya, en todas las comunidades autónomas, una ley tras otra ha ido reduciendo los rasgos diferenciales de la cooperativa, los que le dan identidad: el carácter democrático, el carácter colectivo del capital, no tener como finalidad generar lucro y el compromiso social. Todo lo que no encaja con la empresa mercantil privada. Además, la ley que necesitamos es una ley de promoción del cooperativismo, que fomente otra manera de hacer empresas y otra economía, que resuelva cómo se enseña en las escuelas, cómo se introduce en los medios de comunicación, cómo cuenta con condiciones favorables… De 157 artículos de la nueva ley catalana, sólo dos hablan de medidas de fomento y promoción.
¿En qué cambios se concreta la voluntad de acercar el modelo cooperativo a la empresa mercantil?
Esta lógica se concreta en reducir poderes a la asamblea. La nueva ley le recorta competencias obligatorias. El pensamiento subyacente es que la democracia es poco eficaz. También la encontramos en la reducción del capital colectivo. La nueva ley permite que una cooperativa decida que, al menos la mitad del capital hasta el momento irrepartible, se lo embolsen los socios y socias. Se pierde el carácter de bien común. Otro elemento es que, hasta ahora, un 30% de los beneficios tenían que destinarse a un fondo de reserva obligatorio −que te sirve para reinvertir y para tener bien capitalizada tu cooperativa− y un 10% al fondo de educación y promoción cooperativa −para fomentar el cooperativismo, dar apoyo a causas sociales, formar a los socios y socias e informar a la sociedad de los beneficios de la cooperación−. Se han rebajado del 30% al 15% el primero y del 10% al 5% el segundo. ¿Bajo qué argumento? Que esto mejora la competitividad de las cooperativas. Recortar el fondo de reserva obligatorio es otra manera de asimilar la cooperativa a la empresa mercantil, de quitarle la idea de perdurabilidad y de lucro limitado.
Pero no todo el sector cooperativo rechaza los cambios…
J.G.: Tanto el Gobierno de Convergència como una parte del movimiento cooperativo, en el fondo, no se acaban de creer que una empresa democrática y con compromiso social sea tan o más eficaz, tan o más perdurable, que una empresa mercantil privada. Esto de la democracia, que tantas decisiones tengan que someterse a asamblea, no te apetece si eres el director general de una gran cooperativa con muchos socios y socias. Y por esto presionan para que cambie el funcionamiento. Además, la Generalitat dedica muy pocos recursos a promover el cooperativismo y, como hay una Dirección General que se encarga de esto, algo tiene que hacer. Si no tiene dinero, cambia leyes, que es de las cosas que salen gratis, y el año que viene dirá que se han creado más cooperativas gracias a la nueva ley. Quedará muy bien en la estadística de la obra de gobierno.
Más allá de este reciente cambio legal, los últimos años pueden considerarse dulces para el cooperativismo y para la economía social y solidaria en conjunto. ¿La relación entre el movimiento cooperativo y las administraciones ha evolucionado?
Ha mejorado. La coyuntura de los últimos años ha hecho que mucha gente se dé cuenta de que la economía capitalista y la empresa que sólo busca el beneficio es lo que nos ha puesto en el agujero en el que estamos. En Catalunya empieza a haber proyectos lanzados desde ayuntamientos que son muy interesantes, que están promoviendo el cooperativismo, no sólo de una manera tradicional, en el marco de políticas activas de ocupación. Empieza a introducirse otra concepción del desarrollo económico local de nuestros territorios, un desarrollo local más integral, más comunitario, más endógeno, más sostenible. Y para esto es imprescindible entrar en alianza con las empresas, entidades e iniciativas de la economía solidaria, que servirán para crear ocupación y para socializar el consumo y para empoderar a la ciudadanía, aumentar la cohesión social y profundizar la democracia. La relación con las administraciones plantea nuevos retos al movimiento de economía solidaria, pero es señal de que el sector está evolucionando y creciendo.
Así, ¿se va superando la mirada habitual de las administraciones hacia el cooperativismo como una mera vía para crear ocupación en contextos con tasas de paro disparadas?
Hay un replanteamiento de lo que un ayuntamiento tiene que hacer en política de promoción económica. Se va abriendo el foco, de una política que sólo piensa en generar puestos de trabajo, a otra que aborda los problemas fomentando que la gente se organice colectivamente para resolver necesidades, de consumo, de vivienda, de educación… Se abre a prácticas que, quizás, no generan puestos de trabajo, pero que mejoran la vida de la ciudadanía. Incluir bancos de tiempo, huertos comunitarios, grupos de consumo o monedas locales en la política pública era impensable tan sólo cinco años atrás y hoy hay ayuntamientos que lo promueven.
Los gobiernos locales rupturistas generan mucha expectativa…
Seguro que notaremos cambios. El nivel local es un laboratorio magnífico para la economía social y solidaria, pero es necesario cambiar el marco de juego a niveles más amplios. No puedes imaginarte que cambiarás la economía desde lo local ni que reducirás el paro creando cooperativas en una legislatura. Además, partimos de la mala repartición del dinero público entre administraciones. Los grandes olvidados son los ayuntamientos y sería necesario darles más poder y autonomía local. Tenemos que ser conscientes de que no podemos pedir a la economía solidaria que nos resuelva todos los problemas. La economía solidaria es autoorganización popular para resolver necesidades de manera colectiva. Y esto no es sencillo. Las personas no estamos preparadas ni muchas tienen ganas de montar proyectos cooperativos. Ni es fácil. Es una alternativa y cuanto antes nos pongamos a difundirla y a hacer política pública a favor de la economía solidaria, antes tendremos resultados, pero serán a medio plazo.