Al no imponer realmente sanciones y mantener sus vínculos militares, económicos y diplomáticos con Israel, Europa se ha convertido en cómplice de su brutal campaña.
El presidente francés Emmanuel Macron quería esperar “un momento útil” para reconocer el Estado de Palestina. Cuando España, Irlanda y Noruega optaron por el reconocimiento, en mayo de 2024, aún era demasiado pronto: Suecia solo hacía diez años que había hecho lo propio, el bombardeo de Gaza llevaba apenas ocho meses por entonces, Palestina solo hacía 36 años que había declarado su independencia y únicamente tres cuartas partes de los países del planeta habían dado el paso. Macron bien podía esperar unos meses más.
Le hicieron falta dieciséis. El 22 de septiembre de 2025, subido a la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció por fin el reconocimiento francés, justo después de Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal, que le ganaron por la mano la víspera, pero a la vez que Bélgica, Luxemburgo, Malta o Mónaco… “Ha llegado el momento de parar la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y las poblaciones en fuga”, explicó con voz grave, aunque teniendo buen cuidado de ahorrarle a Israel cualquier amenaza de sanciones y evitando precisar qué fronteras serían reconocidas.
65.000 muertos y 170.000 heridos, el 90% de las viviendas dañadas o destruidas… El momento podía haber llegado antes. Ya el 26 de enero de 2024, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) hablaba de un “riesgo plausible de genocidio” en Gaza tras constatar que el Ejército israelí mataba deliberadamente a civiles, se esforzaba en destruir infraestructuras vitales y mantenía el territorio en estado de sitio sin que se viera relación con el objetivo oficial de eliminar a Hamás y liberar a los rehenes. En noviembre de 2024, fue el Tribunal Penal Internacional (TPI) el que dio la voz de alarma por “crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” y emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su antiguo ministro de Defensa Yoav Gallant. Los informes se acumulan desde el comienzo de la guerra: ya hablen de destrucción metódica, exterminio o genocidio, todos coinciden en que el propósito de Israel es eliminar al pueblo de Gaza (1).
Muy recientemente, la comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU llegó a la conclusión de que las masacres cometidas por Israel cumplían cuatro de los cinco criterios que caracterizan un genocidio, de acuerdo con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (2). Al margen de consideraciones jurídicas, las observaciones de los expertos de la ONU son elocuentes. Decenas de miles de civiles han muerto mientras dormían en sus casas, en hospitales, escuelas, mezquitas, refugios humanitarios o al acudir a un reparto de alimentos. Centenares de periodistas, sanitarios y trabajadores humanitarios han sido objeto deliberado de ataques.
Los investigadores también informaron de numerosas víctimas mortales durante las operaciones de evacuación: “Las fuerzas de seguridad israelíes tenían conocimiento claro de la presencia de civiles palestinos a lo largo de las rutas de evacuación y dentro de las zonas seguras designadas —escriben—. Sin embargo, dispararon contra civiles y mataron a algunos (niños entre ellos) que sostenían banderas blancas improvisadas. Algunos niños, incluidos muy pequeños, recibieron en la cabeza disparos de francotiradores”. Además, el Ejército israelí usa “bombas no guiadas”, muy destructivas y poco precisas, en barrios densamente poblados. Ha destruido casi por completo las infraestructuras sanitarias de Gaza, sus plantas desalinizadoras, sus maternidades y la mayor parte de sus panaderías.
“Israel está lanzando [sobre Gaza] en menos de una semana lo que Estados Unidos lanzaba en Afganistán en un año, en un área mucho más pequeña y mucho más densamente poblada”, afirma un experto militar consultado por los investigadores. En dos años, el territorio ha sido reducido a cenizas y su población (dos millones de personas) se ha visto desplazada en su integridad, a menudo en varias ocasiones.
Tel Aviv añade a los bombardeos incesantes un asedio casi completo. Mientras los gazatíes siguen atrapados en el enclave, las autoridades israelíes han cortado el acceso al agua potable, la electricidad y el gas. También bloquean la entrada de alimentos, carburante, medicamentos y material médico, además de impedir que las organizaciones humanitarias ofrezcan auxilio a la población. Un cuarto de los habitantes de Gaza vive en condiciones cercanas a la hambruna, y el 39% han pasado ya varios días seguidos sin comer.
En cuanto al carácter deliberado de estas acciones —una condición para ser calificadas de genocidio—, a los investigadores no les cabe la menor duda. Los dirigentes israelíes nunca han ocultado su deseo de arrasar la Franja de Gaza y a su población. Es más, lo repiten sin descanso desde el 7 de octubre de 2023: “Desde ahora tenemos un objetivo común: borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra” (Nissim Vaturi, vicepresidente de la Knéset, 7 de octubre de 2023); “Hemos ordenado un asedio total de Gaza. Ni electricidad, ni alimentos, ni agua, ni gasolina. Todo está cortado. Nos enfrentamos a bestias humanas, así que actuamos en consecuencia” (Yoav Gallant, ministro de Defensa, 9 de octubre de 2023). Toda la cadena de mando está implicada: el presidente, el jefe del Gobierno, los ministros, los responsables militares, los coroneles sobre el terreno… Amnistía Internacional recopiló más de un centenar de declaraciones de esta clase entre octubre de 2023 y junio de 2024. Y no han remitido desde entonces. El pasado 19 de marzo, el nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, seguía con las amenazas: “Devolved a los rehenes y echad a Hamás. […] La alternativa es la destrucción y la devastación totales”. Algo más tarde, el 6 de mayo, el ministro de Finanzas y dirigente de ultraderecha Bezalel Smotrich anunció que “Gaza será totalmente destruida”. Israel hace lo que dice y dice lo que hace: “Gaza arde”, anunciaba orgullosamente Katz el 16 de septiembre.
Los dirigentes europeos no podrán fingir que no lo sabían. Según el derecho internacional, estaban en la obligación de evitar lo que el TIJ tal vez califique un día de genocidio: “Una obligación de conducta y no de resultado”, aclara la institución. ¿Y qué han hecho? Nada. La Unión Europea, que prevé emitir su decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia (solo dos meses después del decimoctavo) para castigarla por su invasión de Ucrania, no ha adoptado la menor medida de represalia contra Israel. Cierto es que solo Estados Unidos está en condiciones de obligar de inmediato a Tel Aviv a que detenga la carnicería: le bastaría con poner fin a sus entregas de armas, que constituyen el grueso del arsenal israelí. Pero los países europeos podían haber actuado a la altura de sus medios, habida cuenta de que no carecían de ellos.
Bruselas es el principal socio comercial de Israel, su segundo proveedor de armas y unos de los lugares favoritos de los israelíes para irse de vacaciones. Los dirigentes del Viejo Continente habrían podido suspender la exención de visado de la que se benefician los israelíes, imponer sanciones individuales a la mayoría de sus autoridades, decretar un embargo sobre el material militar. También podrían haber suspendido el acuerdo de asociación y libre comercio vigente entre Bruselas y Tel Aviv (una medida, por lo demás, prevista en su artículo 2 en caso de vulneración por una de las partes de los derechos humanos y los principios democráticos). Pero no han hecho nada de eso. En su lugar, los Gobiernos francés, italiano, griego y belga han autorizado que buques cargados de armas con destino a Israel hicieran escala en sus puertos. Y Macron permitió en dos ocasiones (febrero y abril de 2025) que Netanyahu atravesara el espacio aéreo francés pese a la orden de arresto del TPI.
Los dirigentes europeos no solo son cómplices por pasividad e inacción. También han proporcionado apoyo material constante a Tel Aviv. En el marco del programa Horizon Europe, Bruselas sigue concediendo subvenciones a universidades y empresas israelíes que colaboran con su Ejército. Desde el 7 de octubre de 2023, el club comunitario ha dado su aprobación a más de 130 proyectos de este género con la participación de Israel Aerospace Industries (uno de los mayores fabricantes de armamento del país), el Weizmann Institute of Science (responsable de la mayoría de trabajos sobre armas nucleares en Israel) o la Universidad Ben-Gurión (que trabaja en tándem con la escuela de pilotos de la Fuerza Aérea israelí) (3). Bruselas también financia empresas europeas que venden material al Ejército israelí (BAE Systems, Leonardo, ThyssenKrupp Rheinmetall o Rolls-Royce, entre otras).
Por último, desde el principio de la guerra, Tel Aviv ha podido contar con un apoyo político casi indefectible. Los dirigentes europeos empezaron por reproducir el discurso israelí presentando de entrada el sangriento ataque del 7 de octubre como un acto de terrorismo islamista y antisemita. A continuación, no dejaron de afirmar el “derecho de Israel a la legítima defensa”, incluso cuando Tel Aviv agredió unilateralmente y por sorpresa a Irán en junio de 2025. También han seguido manteniendo relaciones cordiales con sus homólogos israelíes. El presidente israelí Isaac Herzog, encargado de transmitir la buena nueva israelí por todo el mundo, fue recibido con honores en el Elíseo en julio de 2024, y sigue siendo recibido con los brazos abiertos en los países que tiene a bien visitar: Hungría e Italia en febrero de 2025, Alemania en mayo, Letonia, Lituania y Estonia en agosto, Reino Unido en septiembre.
Persecución de la sociedad civil
Muy diferente es el trato que reciben los defensores de los palestinos, quienes denuncian un genocidio y piden que se respete el derecho internacional. En Francia, Alemania o Italia se han prohibido manifestaciones pacíficas, así como conferencias o mítines de apoyo a Gaza. Activistas y diputados acusados de justificar los ataques del 7 de octubre han recibido citaciones y han sufrido detención preventiva y persecución por apología del terrorismo. El pasado 30 de abril, el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, incoaba el procedimiento de disolución del colectivo Urgence Palestine con la fantasiosa excusa de que promovía la violencia. El 11 de septiembre, la policía registraba el domicilio del director de publicación de la página web de la Unión Judía Francesa por la Paz, de nuevo en el marco de una investigación por apología del terrorismo. Días después, justo en el momento en que Macron anunciaba el reconocimiento francés del Estado de Palestina, Retailleau instaba a los prefectos a recurrir sistemáticamente al derecho administrativo para castigar a los concejales que colgaran la bandera palestina en la fachada de sus ayuntamientos.
Cuando no son acosados por la policía o los jueces, los defensores de Palestina son calumniados por los medios de comunicación. Desde el 7 de octubre de 2023, los diputados y militantes de Francia Insumisa han sido tachados casi diariamente de antisemitismo, con total impunidad, en las cadenas del grupo Bolloré, en Le Point y Le Figaro, a veces en France Inter y en las columnas de Le Monde o de Mediapart. Una acusación injuriosa que también han sufrido los humoristas Guillaume Meurice y Blanche Gardin, el investigador Pascal Boniface, la filósofa Judith Butler… Nadie está a salvo: una palabra, por insignificante que sea, puede desatar la conjura.
Por el contrario, quienes orquestan estas campañas de difamación y reproducen la propaganda israelí se hacen acreedores a todos los honores. La humorista de France Inter Sophia Aram lleva dos años riéndose de los que denuncian un genocidio en Gaza (el “guirigay de la indignación fácil”, la “buena conciencia de la izquierda”, los “tontainas”…). Aram defiende la política israelí en toda circunstancia (“Admito que estoy a favor de la desnuclearización de Irán por parte de Israel”) y se dedica a propagar la equiparación entre antisemitismo y antisionismo (“Quienes hablan de ‘antisionismo’, que no es sino antisemitismo, a menudo son los mismos que tienden a llamar al jabón ‘gel de ducha sólido’”). El 14 de julio, el ministro francés de Exteriores la condecoró con la Legión de Honor. Se trata de la recompensa oficial de un nuevo negacionismo que toda una galaxia de influencers extiende por doquier a bombo y platillo: “No hay intención genocida, pero es que tampoco hay efecto genocida”, “No hay una hambruna en Gaza”, repite Bernard-Henri Lévy (Radio J, 29 de junio de 2025).
Una visión optimista de la marcha del mundo condena a los revisionistas al basurero de la historia y promete, más tarde o más temprano, la liberación a los pueblos oprimidos. Pero es a la aniquilación a donde Israel, su aliado estadounidense y sus cómplices europeos y árabes están llevando a Palestina y a los palestinos. En ausencia de acciones —no digamos ya de sanciones—, el reconocimiento de París y las capitales occidentales suena como un viático para su viaje a los infiernos. Como un adiós.
Notas:
(1) Véase Akram Belkaïd, “Israel, acusado de genocidio en Gaza”, Le Monde diplomatique en español, enero de 2025.
(2) “Legal analysis of the conduct of Israel in Gaza pursuant to the Convention on the Prevention and Punish of the Crime of Genocide”, Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 16 de septiembre de 2025.
(3) Mark Akkerman y Niamh Ní Bhriain, “Partners in crime. EU complicity in Israel’s genocide in Gaza”, Transnational Institute, Ámsterdam, junio de 2024.
Benoît Bréville es el director de Le Monde diplomatique