La protesta rechazó la posible privatización de la educación en el país. Los docentes pidieron un aumento en el presupuesto y en los salarios.En una de las manifestaciones más grandes del sector educativo guatemalteco, más de 15 mil maestros respaldados por padres y estudiantes, se concentraron frente al Congreso y la Casa de Gobierno para […]
La protesta rechazó la posible privatización de la educación en el país. Los docentes pidieron un aumento en el presupuesto y en los salarios.
En una de las manifestaciones más grandes del sector educativo guatemalteco, más de 15 mil maestros respaldados por padres y estudiantes, se concentraron frente al Congreso y la Casa de Gobierno para repudiar el intento de privatización de la educación, y pedir además, un aumento salarial del 15 por ciento.
Una de las principales críticas de los docentes es la Ley Marco de Educación presentada ante el Congreso por el Grupo Facilitador (GF), un grupo empresarial y oligárquico, que asegura tener como meta unir los diversos criterios para pensar en una Guatemala mejor y más incluyente.
De allí surgió el denominado «Plan Visión de País», con propuestas de ley en seguridad y justicia democrática; desarrollo rural; salud y nutrición; y educación.
Sin embargo, la reforma en educación atenta contra la educación igualitaria, gratuita y libre.
Por esa razón, en la multitudinaria protesta, los maestros aseguraron que los contenidos son profundamente lesivos en perjuicio de los derechos del pueblo, y esperan que la educación en Guatemala sea protagonista de una reforma de carácter pluralista.
En ese contexto, el presidente de la Asamblea Nacional Magisterial, Jorge Acevedo, explicó que uno de los planteamientos docentes es una reforma educativa participativa, de grandes consensos e intercultural, en sintonía con los Acuerdos de Paz que el país consolidó hace ya una década.
Asimismo, el reclamo docente tiene sus fundamentos en lo negativo de la reforma presentada. El texto de GF busca derogar el decreto 1485, de dignificación y catalogación del magisterio nacional, que forma parte de la lucha que los docentes vienen realizando desde 1944.
«Se quiere reformar la inamovilidad del magisterio nacional, que se establece en el decreto 1485, para despedir a los maestros sin pasar por el debido proceso. La inamovilidad no significa que un maestro no pueda ser despedido, todo lleva un proceso legal o administrativo. Si se le demuestra a alguien que cometió faltas, hay medidas disciplinarias y la más drástica es la destitución», explicó Acevedo.
Otra demanda de los maestros estuvo centrada en que los 700 millones de quetzales, unos 92 millones de dólares, asignados a la compra de útiles escolares y la merienda de los alumnos, lleguen a los 17 mil 400 centros docentes del país, ya que en las zonas más marginales, los alumnos no reciben los beneficios que si reciben otros chicos.
En ese sentido, una maestra rural del municipio de Santa Apolonia, a unos 90 kilómetros al occidente de la capital, aseguró que en esa zona los alumnos no vieron un solo vaso de leche durante el año.
De todos modos, la propuesta de «Plan Visión de País» fue rechazada por el Congreso, debido a que el proyecto no cumple con los acuerdos discutidos con los partidos políticos.
La movilización, convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Asamblea Nacional del Magisterio, también exigió mejoras contractuales y un aumento salarial de 15 por ciento, que no pudo ser cumplido en su totalidad.
La ministra de Educación, María del Carmen Aceña, aseguró que sólo puede darse un incremento de 8 por ciento debido a los recortes presupuestarios realizados por el Congreso de la República. El aumento se hará efectivo el 1 de abril.
En medio de este escenario, el presidente de Guatemala, Oscar Berger, sostuvo que la educación es una de las prioridades de su administración -que concluye en enero próximo- y anunció su disposición de otorgar un incremento salarial a los profesores y respetar sus derechos.
«La educación continuará siendo gratis», dijo y se comprometió a contratar otros 6.700 maestros para las escuelas públicas durante 2007. En Guatemala, con casi 13 millones de habitantes, el 30 por ciento de la población es analfabeta.