Las instituciones electorales mexicanas atraviesan por la mayor crisis en su historia de escasos años de existencia al sellar el fraude de Estado, a todas luces evidente, de las pasadas elecciones presidenciales. El Instituto Federal Electoral (IFE), de facto, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después, resolvieron rechazar la impugnación […]
Las instituciones electorales mexicanas atraviesan por la mayor crisis en su historia de escasos años de existencia al sellar el fraude de Estado, a todas luces evidente, de las pasadas elecciones presidenciales.
El Instituto Federal Electoral (IFE), de facto, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), después, resolvieron rechazar la impugnación de la coalición Por el Bien de Todos que encabeza Andrés Manuel López Obrador luego de que ésta presentó pruebas científicas sobre el fraude en miles de casillas, datos corroborados sobre la desaparición de votos, manipulación cibernética durante el conteo, utilización ilegal de espots mediáticos, ingerencia del presidente de la República y argumentos jurídicos sólidos para contar de nuevo la elección.
Sin embargo, el pasado sábado, los magistrados, quienes todavía tienen en sus manos la decisión histórica sobre el resultado final de las competencias electorales, decidió no dar curso a la exigencia ciudadana de hacer el recuento de las 130 mil 477 casillas instaladas, voto por voto, como ha sucedido en otras partes del continente, por ejemplo en El Salvador. Al contrario, sólo resolvió recontar el 9.07 de las casillas, una cantidad mínima que mantendrá la diferencia estrecha entre los contendientes, dejando por arriba al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en puntos mínimos de alcance, pese a que cuenta con todos los avances tecnológicos para hacer el conteo otra vez de manera transparente, limpia y públicamente, lo que sería un remedio al deleznable papel que jugó el IFE, y daría esperanzas de credibilidad al país entero.
Con este fallo se canceló toda certeza necesaria que debemos tener los ciudadanos sobre los comicios y se profundiza la crisis que campea en el territorio nacional, sobre todo en estados donde ya llegó al límite como en el caso de Oaxaca, donde el pueblo organizado en la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) ha tomado 300 municipios de los más de 500 que tiene y los ha declarado autónomos y en rebeldía exigiendo la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, entre otras demandas sociales. O en el estado de Guerrero, en donde la población, harta de engaños y cacicazgos, quiere salir a las calles, cerrar carreteras y tomar pacíficamente el Aeropuerto de Acapulco con el fin de hacerse respetar. O en el propio Distrito Federal donde la gente quiere tomar edificios públicos y del gobierno.
Quienes insisten en consolidar el engaño, están prendiendo fuego a la hoguera que será imposible de apagar pues otro fraude será insoportable para la sociedad que ha alcanzado nivel de conciencia social y cívica. Esto no lo entienden los poderosos porque son racistas y desprecian «a la plebe», aunque el pueblo pobre, indígena, obrero y campesino ha dado grandes lecciones en nuestra historia, ha derribado gobiernos y ganado derechos, ha ejercido su poder.
Al desoír los reclamos sociales y reducir el ejercicio jurídico a un trámite meramente técnico, no sensible a la situación de incredulidad imperante sobre la jornada del 2 de julio, las instancias encargadas de garantizar el sufragio efectivo han puesto en riesgo la estabilidad nacional y han abierto la puerta a la confrontación política, señal del endurecimiento de quienes se benefician de la destrucción de los gérmenes de la democracia que se han ido cultivando con muchos esfuerzos durante los últimos años, fundamentalmente sobre vidas humanas.
Detrás de la regresión están los dirigentes de los verdaderos «clanes del dinero» que apuntalan al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el llamado grupo Monterrey, vinculado a los negocios de baby Bush en el estado de Texas, y el grupo Atlacomulco, empresarios del Estado de México conectados a las mafias de traficantes en la frontera con California, todos ellos coordinados por el «hombre fuerte del país», ni más ni menos que el ex presidente ilegítimo Carlos Salinas de Gortari, actual operador político de la derecha mexicana, el mandamás de «Real ajedrez».
Este fraude para imponer a Felipe Calderón Hinojosa, entonces, representa el acto de mayor violencia Estatal que se haya vivido en los últimos tiempos. De hecho, asoma la manera en que será gobernado el país, con mano dura y con la profundización de las privatizaciones del sector público en aras de la llamada estabilidad macroeconómica, pero con sesgo descarado para alimentar nuevas oportunidades empresariales a los dueños del poder financiero. Una verdadera guerra contra el pueblo para inyectar dosis de privatizaciones, pobreza, rapiña, pues un gobierno ilegítimo de los empresarios, nuestra historia nos enseña, es un gobierno verticalista y autoritario, que usará la fuerza de las armas (ejército, policías, medios de comunicación masiva), y coaccionará la fuerza de la razón (disidencia, oposición y sectores democráticos).
Lo que estamos viviendo hoy es el cierre de la legalidad y de la legitimidad que necesitan nuestras instituciones para continuar en el doloroso parto de la historia democrática y continuar construyendo la confianza necesaria para vivir en armonía y con garantías de mejorar la situación de empobrecimiento de la mitad de los mexicanos que viven dentro y fuera del país.
Parece ya tarde. Vivimos el inicio del quiebre del Estado, una derecha que se aposta envalentonada para enfrentar a un movimiento que se opone a ser ninguneado, una lucha entre ricos y pobres, entre ilegalidad y legitimidad, entre clases sociales. La mecha está prendida y saldrán abantes quienes usan la razón histórica de hacer uso del legítimo derecho de remover inalienablemente a su gobierno, en tiempos de paz o en tiempos de guerra, como consigna el artículo 39 de la constitución mexicana. Es la hora del pueblo pese a que una tormenta se avecina sobre él y amenaza con instalarse.
La etapa negra está por venir, como digo, porque la derecha mexicana ha perdido el rumbo de su propia doctrina conservadora nacionalista y a puesto sobre su lid la corrupción y la deshonestidad, la avaricia y el ansia de poder que caracterizó al gobierno de Vicente Fox, la manipulación mediática y el ataque sucio a sus adversarios. Prefieren acabar con el decoro, con el fin de mantenerse como relevo del otrora partido único, el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Así se abre el ciclo de la violencia del Estado terrorista en crisis que no vacilará en buscar aplastar las inconformidades pues hay ejemplos de ello, cuando asesinaron en el sexenio de Salinas a más de 600 militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), luego hicieron la guerra a los zapatistas en 1994, y luego con Ernesto Zedillo encarcelaron, aniquilaron y desaparecieron a cientos de disidentes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Distrito Federal.
No obstante, la movilización política pacífica concentra el repudio de millones de mexicanos y hasta ahora se ha mantenido coordinado y cohesionado, sabe que un paso en falso podría significar la derrota y por eso con imaginación mantiene un plantón en la ciudad más grande del mundo, con música y fiesta, análisis e información, politización y debate, pues se celebra el miedo roto, la voluntad colectiva, la conciencia de cambio.
El movimiento social ciudadano se plantó a partir de este lunes frente a las instalaciones del Tribunal Electoral para pedirles cuentas a los jueces, revertir la inconsecuencia en avalar el fraude y remendar la situación. Mañana vendrán nuevos derroteros donde la fuerza de la razón terminará por triunfar.
Todas las formas de lucha pacífica son válidas y más si se juega el destino de un pueblo. El nuestro está a la altura de la historia y no quedará en el olvido como muchos creen y apostaron al cansancio y a «la ignorancia». No, ya no. Los vientos de abajo soplan fuerte y hoy derriban montañas.