En un período de once meses han fallecido más de 80 mujeres embarazadas, desde que por ley está prohibido en este país el aborto terapéutico, según un informe de Human Rights Watch divulgado hoy en Managua. Angela Heimburger, investigadora de Human Rights, presentó hoy el resultado de un estudio realizado desde que la Asamblea Nacional […]
En un período de once meses han fallecido más de 80 mujeres embarazadas, desde que por ley está prohibido en este país el aborto terapéutico, según un informe de Human Rights Watch divulgado hoy en Managua.
Angela Heimburger, investigadora de Human Rights, presentó hoy el resultado de un estudio realizado desde que la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó en octubre de 2006 una norma anti-aborto que fue promulgada en noviembre de ese mismo año.
El Parlamento reafirmó en septiembre pasado la prohibición del aborto terapéutico, que hasta entonces era permitido en el Código Penal desde 1893.
Heimburger precisó que once de estas mujeres murieron por razones vinculadas al abortó terapéutico, lo que representa una cifra «muy alta» en Nicaragua, donde las estadísticas sobre muertes maternas son altas, según cifras oficiales.
«En realidad las mujeres murieron por el efecto intimidador de la (prohibición) del aborto», insistió Heimburger.
«Con la penalización del aborto (las cifras sobre muertes maternas) se están incrementando mas», dijo Heimburger, en presencia del representante de Human Rihts, Lance Lattig, y de Marta María Blaandón, dirigente de organismos que están a favor de la despenalización del aborto.
Lattig dijo que el organismo no gubernamental que representa ha realizado investigaciones sobre derechos humanos en mas de 70 países, incluido los Estados Unidos.
«Estamos muy preocupados porque muchas mujeres mas van a morir o enfermarse como consecuencia de la penalización (en Nicaragua) del aborto terapéutico», enfatizó Heimburger.
También dijo que el organismo está preocupado «por los efectos intimidatorios» en los servicios públicos de salud en este país, como resultado de la ley anti-aborto reafirmada por los diputados de esta nación en septiembre pasado.
Indicó que las mujeres embarazadas tienen miedo de buscar los servicios públicos de salud y los médicos no tienen confianza para atender emergencias obstétricas para salvar las vidas de las mujeres.
Agregó que todos los casos de las mujeres fallecidas han sido debidamente documentadas, pero que sus nombres no han sido publicados para proteger su privacidad.
Enfatizó que las muertes maternas son prevenibles y el hecho de que las mujeres están muriendo en hospitales públicos o que están buscando servicios clandestinos, porque no tienen otras opciones, «no deben de ser historias del siglo XXI».
Señaló que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) tiene todavía oportunidades para escuchar la voz de las mujeres, de muchas organizaciones nacionales e internacionales y opiniones profesionales de expertos en salud.
Heimburger aludió al máximo tribunal de justicia porque ante la CSJ activistas anti-aborto han presentado recursos por inconstitucionalidad desde enero pasado contra la penalización del aborto, que no han sido fallados.
La fuente dijo que Human Rights Watch urge al presidente Daniel Ortega apoyar una reforma legislativa necesaria para garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro cuando la cirugía sea necesaria para salvar la vida de la mujer.
Según el estudio, el ministerio de Salud debe vigilar, recaudar datos y evaluar los servicios prestados en las instancias públicas con los recursos adecuados.
También demandó que el ministerio de Salud debería investigar a profundidad los casos de muertes maternas, documentarlos y adoptar medidas para que no se repitan.