Modos de resistencia y auto organización cuando vuelve la alerta por las detenciones masivas contra campesinos en Santiago del Estero.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) coloca una frase al pie de cada uno de sus documentos: «No hay hombres sin tierra, ni tierra sin hombres». No se trata de un juego de palabras; resisten los desalojos con carpas negras, y el año pasado retomaron en Pinto tierras que les despojaron las fuerzas paramilitares, reabrieron el camino de Escudero y desalambraron el de Alhuampa, ambos cerrados por los terratenientes. El 22 de diciembre de 2004, una orden dictada por la justicia local para allanar las oficinas del Instituto de Cultura Popular (INCUPO) desató una ofensiva contra los campesinos de esta provincia y 31 campesinos miembros de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte fueron detenidos.
A pesar de ello, este movimiento no se rinde; integrado por 9.000 familias de una de las provincias argentinas más pobres, el MOCASE surgió el 4 de agosto de 1990. Es representante de Vía Campesina en Argentina y tiene un profundo planteamiento sobre la reforma agraria y la soberanía alimentaria; posicionado contra el ALCA, mantiene un proyecto de educación popular y dos radios FM que transmiten en quechua y en castellano.
A partir del cambio en el régimen de lluvias de la región, que convirtió el monte en terreno fértil para la soja transgénica, las tierras calientes de Santiago se convirtieron en un botín atractivo para grandes empresas. «Mucho antes de estar organizados había desalojos; la gente se iba al pueblo o a Buenos Aires y se instalaba en villas miseria. Así, empezamos a pensar la forma para que los campesinos no se fueran», explica doña Mirta, responsable de la cooperativa de dulces de Quimilí y una de las fundadoras de la organización.
Las primeras usurpaciones de terratenientes fueron en 1963, en el sudoeste de la provincia; continuaron durante los ’70 y parte de los ’80, cuando surgieron los primeros movimientos campesinos antecesores del MOCASE. A diferencia del Movimiento sin Tierra (MST), los campesinos santiagueños nacieron en las tierras de donde intentan desalojarlos.
Allí están enterrados sus ancestros, muchos hablan quechua y mantienen el uso comunitario de la tierra. Legalmente, las tierras les corresponden por ‘derecho veinteañal’; sin embargo, desde el estado provincial fueron loteadas y vendidas a grandes firmas. La transferencia de las tierras campesinas a grupos económicos se incrementó con el retorno de Carlos Tata, peronista que gobernó la provincia hasta 1976 y que, durante la dictadura, estuvo preso bajo la custodia de Antonio Musa, quien en democracia se transformó en jefe del Servicio de Inteligencia. Desde abril de 2004, el Gobierno de la provincia estuvo intervenido por el Estado y el clan Juárez tuvo que dejar los puestos públicos tras demostrarse, entre otras cosas, que se llevaba 2.000 expedientes de investigación secreta a maestros, campesinos, periodistas y sacerdotes opositores.
El modo de desalojo es el siguiente: como muchos campesinos no saben leer ni escribir, jueces de paz les hacen firmar documentación en la que renuncian a sus derechos posesorios. Luego, con topadoras arrasan los ranchos y grupos paramilitares, ‘Guardias Blancas’, los echan por la fuerza. «No nos toman las denuncias en las comisarías, cuando vamos a denunciar nos llevan presos, se dictan órdenes de captura sin fundamentar una causa, no dan lugar a los habeas corpus y sabiendo que las distancias son extensas, nos ponen plazos muy cortos para presentarnos a declarar», explica Roque Acuña, de la comunidad de La Simona, preso tres veces por resistir desalojos. El año pasado, Ángel Strapazzón, otro de los referentes del movimiento, fue asesinado delante de su casa.
Terratenientes y grandes empresas tienen un poder de presión enorme: sólo la industria de cereales constituye el 30% de las exportaciones de Argentina, principal fuente de divisas del Gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, Mirta cuenta que en el MOCASE perdió el miedo: «Acá teníamos un patroncito que se llevaba el algodón a un precio malísimo, hasta que un día armamos una cooperativa y empezamos a vender en forma directa, a mucho mejor precio».
El terrateniente se puso furioso y desde ese día hay nuevos problemas. Los mismos que enfrentaron a otra comunidad cuando ya no quisieron vender sus cabritos a ocho pesos cada uno, el equivalente a un costal de harina. Se unieron y ahora los cabritos se venden a cincuenta pesos, o nada. En La Simona, mientras baldean (así se llama la rutina de recoger agua del pozo con baldes, a nueve metros de profundidad y a varios kilómetros del rancho), Roberto Contreras y su hermana Zulma recuerdan que «antes venía la policía en el camión de la empresa (Los Juríes SA) y nos quitaba todo. Vivíamos con miedo; ahora ya no; saben que no nos dejamos joder».
En el MOCASE hay producción organizada de miel, de dulces caseros, carnicerías comunitarias, carpintería y, en algunos parajes, los proyectos productivos cuentan con luz y agua caliente a energía solar (a los ranchos no llega la luz eléctrica). La mayoría son ganaderos, tienen cabritos, gallinas, patos, ovejas y vacas; además, cultivan zapallo y sandía, casi todo para el autoconsumo y una pequeña venta de conjunto. Uno de sus bastiones de lucha es la soberanía alimentaria frente a las presiones de las multinacionales.
«Por eso nos oponemos al ALCA y a la reforma agraria del Banco Mundial, que promueve créditos para el acceso a la tierra. Esos son proyectos de mercantilización de las tierras», dice Roque Acuña. El laboratorio Monsanto maneja el 20% de la producción de soja transgénica en Argentina: «Para cultivar la soja arrasan el monte; pasan unas avionetas con veneno y lo dejan todo muertito». Negro Pianetti elabora su conclusión: «así la tierra no sirve más; como no hay monte, los pumas se vienen a las casas, se comen los animalitos. Por eso, la lucha nuestra es frenar el desmonte. Sin monte, no hay campesinos».
La organización de MOCASE: secretarías y asambleas
Autodefinido como un movimiento social amplio donde conviven personas de diferentes religiones e ideologías, su lucha por el derecho a la tierra se estructura en los derechos humanos y la ecología. Hasta 1998 existía un presidente; ese año se replanteó la concentración de poder y el modo de toma de decisiones. «Si bien es cierto que vivimos en un mundo democrático, un presidente puede destruir un país, como lo ha hecho», explica Ricardo de la comunidad Las Lomitas. Trabajan por secretarías (de tierras, educación, salud, juventud y comercialización) y la reunión bimensual del Secretariado es la máxima instancia de decisión. Además, en cada central campesina -existen 10- hay reuniones de ‘las bases’, asambleas quincenales de cada comunidad. «Hoy la mayor riqueza de los campesinos es la auto organización», afirma Cristina Loaiza, de la comunidad de Pinto. «Queremos que nuestros hijos aprendan a organizarse de bien chiquitos para que el día de mañana sepan defender lo que es de ellos, que no se pierda la cultura, la lengua quechua y lo que nuestros abuelos nos enseñaban