El gobierno filipino y los rebeldes comunistas del país han acordado, tras varias reuniones informales en Países Bajos y Noruega, reiniciar las negociaciones de paz tras seis años de bloqueo, cuando el anterior presidente Rodrigo Duterte puso fin a sus encuentros con los miembros del Frente Democrático Nacional (NDF), representantes del Nuevo Ejército del Pueblo – Partido Comunista de Filipinas (CPP/NPA).
La declaración conjunta del gobierno filipino y el NDF compromete a ambas partes a resolver de forma pacífica el conflicto armado. Si bien no supone un inicio formal de las negociaciones, este movimiento es el resultado de etapas exploratorias previas y de las conversaciones secundarias facilitadas por Noruega en los últimos meses.
En el texto firmado, las partes reconocen los agravios socioeconómicos y políticos profundamente arraigados, y acuerdan elaborar un marco que establezca las prioridades para las negociaciones de paz. Según diversas fuentes, “las conversaciones comenzarían el próximo año, aunque todavía no se han definido ni el lugar ni la fecha”, probablemente por la necesidad de ambos actores de contrastar y buscar la aceptación de lo firmado y el cronograma posterior dentro de sus propios campos.
La firma se ha producido en un contexto donde la crisis económica y política del país se ha intensificado. Por un lado, las condiciones de las clases populares han empeorado (desempleo, salarios bajos, subida de los precios, aumento del coste agrícola). Por otro lado, la corrupción, las políticas antipopulares, la deslocalización y la violencia siguen castigando a la población. Sin olvidar tampoco el papel de la histórica alianza entre la oligarquía local, los grandes terratenientes, la burocracia y los intereses de EEUU.
De momento no hay un acuerdo de alto el fuego o de tregua armada (cese de hostilidades), un tema que probablemente estará sobre la mesa al iniciarse las conversaciones en la nueva fase, y que de momento puede dar pie a enfrentamientos armados que dificulten los avances, aunque las partes parecen comprometidas a abordar ese aspecto también. Así, algunos representantes de las FFAA filipinas han señalado que, en caso de tregua armada, podrán dedicar sus esfuerzos a la defensa externa (referencia al conflicto con China), mientras que la insurgencia podría desarrollar su programa político sin la represión que sufre hoy en día.
En los pasos previos de esta nueva fase se presentan varios de los temas claves para abordar la misma con ciertas garantías. Desde las filas insurgentes se han puesto sobre la futura mesa negociadora algunos temas: afrontar los mecanismos para la liberación de los más de 800 presos políticos, poner en libertad inmediata a los consultores del NDF encarcelados y que son parte de los paneles negociadores, sacar al NDF y al CPP/NPA de la lista de “organizaciones terroristas”, derogar las leyes represivas emitidas por Duterte. Como señala un representante del CPP/NPA, “es responsabilidad del gobierno de Marcos el tomar la iniciativa de barrer las espinas y obstáculos del período Duterte que pueden ensuciar el camino negociador”.
Los peligros y obstáculos seguirán presentes en las próximas semanas. El gobierno filipino debería evitar dar pasos que enreden el camino, y ser consciente de que sólo se puede lograr una paz justa y duradera abordando las raíces del conflicto armado. Cualquier medida (como la falsa amnistía propuesta recientemente) que no aborde o responda a los factores socioeconómicos y políticos que impulsaron la rebelión, o que no brinden la oportunidad de implementar las reformas sociales, económicas y políticas que allanen el camino hacia esa paz justa y duradera, perpetuarán el conflicto armado.
Tampoco faltan otros factores que condicionarán el futuro del archipiélago filipino. El proceso de paz de Bangsamoro aún está sin completarse en Mindanao. El período de transición que culminaría con las elecciones del 2025 está sometido a un abanico de enfrentamientos entre diversos grupos locales e incluso entre miembros del Ejército filipino y del Frente Moro de Liberación islámica (MILF), que gobierna la región autónoma.
Si bien parece que los aspectos políticos en el sur del país avanzan, algunos reveses se siguen produciendo. La desmovilización de los guerrilleros, su inmersión en la nueva policía, las diferencias internas, son cuestiones a tomar en cuenta. Sin olvidar la presencia de grupos afines al Estado Islámico (autor de un reciente atentado mortal), de la moribunda Abu Sayyaf, milicias privadas y la proliferación de armas.
La Declaración Conjunta de Oslo puede ser un paso muy positivo para abordar las raíces del conflicto armado. Si bien, el proceso de paz todavía tiene ante sí un largo y arduo camino, los esfuerzos mutuos pueden corregir y solucionar las cuestiones que han afectado negativamente a la mayoría del pueblo filipino. De momento, es un paso con intención de crear las condiciones y establecer el marco para la celebración de negociaciones de paz, parte de un camino más largo para lograr la aspiración del pueblo filipino de una paz justa y duradera.
Como afirman representantes del NDF, “la Declaración Conjunta, producto de dos años de discusiones informales, talleres y diálogos discretos, es significativa, ya que reafirma el imperativo y el valor de las negociaciones de paz para una solución política honorable y basada en principios del conflicto armado con el objetivo de lograr las reformas socioeconómicas y políticas pertinentes hacia una paz justa y duradera”.
Txente Rekondo.- Analista internacional
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